Tercer grado para tres de los condenados por el ‘caso Altsasu’

Ramírez de Alda, Unamuno y Arnanz acumulan 1.326 días en prisión

03.07.2020 | 00:59
Los jóvenes de Altsasu, durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional en mayo de 2018. Foto: Efe

donostia – Tres de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu, en octubre de 2016, que cumplen condena en la prisión alavesa de Zaballa, han obtenido el tercer grado, por lo que hoy podrían acceder a los permisos correspondientes. Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Oihan Arnanz suman ya 1.326 días en prisión, en los que han pasado por diferentes cárceles, algunas a más de 500 kilómetros de sus casas y sin haber accedido a ningún permiso.

La Junta de Tratamiento de la prisión alavesa presentó una propuesta en ese sentido que ha sido resuelta de forma favorable por la Secretaría General, informaron fuentes de Instituciones Penitenciaras. "Esta mañana, los funcionarios de la cárcel de Zaballa han comunicado a nuestros hijos Adur, Jokin y Oihan la obtención del tercer grado", comunicó en las redes sociales Altsasu Gurasoak, colectivo de padres de los encausados.

Ramírez de Alda, Unamuno y Arnanz recibieron las condenas más altas del Tribunal Supremo, entre 8,5 y 9 años de cárcel. Con la concesión del tercer grado, pasan de esta forma a una situación similar a la que accedieron en diciembre Iñaki Abad y Aratz Urrizola tras haber cumplido la cuarta parte de su pena. Sin embargo, hay otros dos condenados, Jon Ander Cob y Julen Goikoetxea, que aún no tienen el tercer grado, siguen en segundo grado y por ahora no se prevé cambios inmediatos en su situación. La octava condenada, Ainara Urkijo (año y medio tras la revisión del Tribunal Supremo), fue la única que no entró en prisión.

El pasado 5 de junio cumplieron tres años y medio privados de libertad en los que han pasado por diferentes cárceles. Los familiares señalaron entonces que la pandemia también ha tenido una incidencia directa en la cárcel. "Ha generado incertidumbre, temor y sufrimiento a todas las personas presas, sus amigos y familiares; aumentando el aislamiento, eliminando comunicaciones, congelando permisos, presos enfermos y de edad avanzada en situaciones penosas". Los jóvenes fueron condenados por una pelea de bar en 2016 con guardias civiles fuera de servicio. La Fiscalía los acusó de terrorismo, aunque finalmente este delito quedó excluido de la condena. El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo rebajó las penas a los ocho condenados, dejándolas en una horquilla de entre un año y medio y 9 años y medio de prisión por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. No se apreciaron delitos de terrorismo.