aradoja evidente. Mientras se avanza en la situación sanitaria frente al virus, el clima político en el Estado se deteriora preocupantemente, con una senda judicial abierta por el 8-M que también contribuye a estresar el debate político. La causa abierta al delegado del Gobierno en Madrid ha colocado en el primer plano a la Guardia Civil, y a la jueza Carmen Rodríguez-Medel en una espiral que no se puede aislar del objetivo de la derecha de poner contra las cuerdas al Gobierno presidido por Pedro Sánchez, hombre que en los últimos cuatro años ha salido más que airoso electoralmente de situaciones muy complicadas que casi le cuestan la carrera política. En ese casi, hay una esperanza latente de la derecha, como cuando un balón ha salido rozando el poste. Sánchez se mueve bien al filo de lo imposible, lo que solivianta a la derecha, aunque la crisis sanitaria coloca al presidente en el más difícil todavía político. Mientras arrecia la ofensiva mediática habitual, la judicialización de las manifestaciones celebradas el pasado 8 de marzo se ha convertido en un nuevo ariete de presión. Aquel 8-M pasaron muchísimas cosas en España, pero el foco se ha puesto en las manifestaciones feministas celebradas ese día en Madrid y en el papel del Delegado del Gobierno, José Manuel Franco. La jueza que ha admitido a trámite la demanda de un particular es Carmen Rodríguez-Medel, de conocido apellido en Navarra, pues fue su abuelo, José Rodríguez-Medel, el primer asesinado en Navarra el golpe del 18 de julio de 1936. La primera víctima de la guerra civil que duraría tres años. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Navarra. Asesinado por la espalda por un subordinado, poco antes de las 8 de la tarde. Tenía 48 años y 7 hijos. Llevaba un mes y medio en el cargo. Su asesinato fue un aviso para navegantes. Los restos de Rodríguez-Medel permanecen anónimos en un panteón familiar del cementerio de Pamplona, en la calle San Pablo. Una circunstancia, más que llamativa o significativa a estas alturas de la historia, que añaden un elemento extra de tristeza por la ingratitud a su compromiso de lealtad a la República. Sobre todo contrastando con los fastos monumentales que hasta 2016 cobijaron los restos del golpista general Mola el que prometía una victoria “casi inmediata” aquel mismo verano del 36. Historias del siglo XX que han llegado al siglo XXI, sin olvidar que la exhumación de Franco no llegó hasta el año pasado, y que José Antonio sigue gozando de un espacio destacado en la misma Basílica o que la exhumación de Queipo de Llano de la Macarena, lo que dice muy poco de la solidez de los valores emanados en teoría después de cuatro décadas de cultura democrática, o de la correlación de fuerzas existentes y la interpretación hiperbólica que se hizo del olvido. Pasado lejano mal cerrado que se va corrigiendo lentamente en el presente, a pesar de la posición renuente del Partido Popular, y en el caso de Navarra por UPN, que tampoco movió a Mola o a Sanjurjo de su mausoleo, la mole que sigue durmiendo en el centro de Pamplona a la espera de determinación.

Árboles genealógicos aparte, y con todos los avances peleados y obtenidos en democracia, cada conflicto, cada crisis, pone de relieve la complejidad del Estado español, la inestabilidad de sus fallas, y los vicios ocultos y manifiestos que recurrentemente se ponen de relieve. La extensión de una mentalidad de derecha extrema viene radicalizando el ambiente, y aquel actor que ganó protagonismo frente al empuje soberanista en Catalunya hoy es un problema de Estado que dificulta una salida serena a un problema de la magnitud y novedad de un virus que está poniendo en jaque a medio mundo. Que se haya abierto una causa judicial a la celebración de las manifestaciones del 8-M abre un debate técnico pero también político sobre la desvertebración histórica que vienen provocando actuaciones de cariz radicalmente conservador.

La jueza Carmen Rodríguez- Medel desarolla una instrucción que como analiza Elisa Beni en el faldón inferior tiene aspectos técnicos que generan el debate entre expertos. Pero el papel de la Guardia Civil, la judicialización precisamente de unas manifestaciones feministas, y hasta los deseos desestimados por la jueza, de imputar a Fernando Simón, abren también un debate político sobre los mimbes con los que el Estado va a encarar la década que viene. La legislatura, si concluye en 2023, coincidirá con el centenario de la dictadura de Primo de Rivera. Una efeméride que pondrá a prueba de nuevo por contraste la calidad de las convicciones democráticas, que pasan por actitudes tan importantes como la compostura, la humildad, la empatía y la capacidad de transacción, de encuentro con el diferente. Conductas que distan mucho de las a menudo exhibidas por una oposición bronca con una derecha que en su intento teórico de no mostrarse acomplejada, exhibe salvo excepciones su complejo y mimentismo ante Vox.