Presidente del Tribunal Superior de Justicia del país vasco (TSJPV)Juan Luis Ibarra

"La libertad para deambular no la vemos atacada al tener que parar en un semáforo en rojo. Lo mismo ocurre con el estado de alarma"

24.05.2020 | 01:18
"La libertad para deambular no la vemos atacada al tener que parar en un semáforo en rojo. Lo mismo ocurre con el estado de alarma"

Juan Luis Ibarra colgará la toga el próximo 21 de junio. Su adiós por jubilación llega en plena pandemia, sobre cuyas ruinas la Justicia va a tener mucha tela que cortar

donostia – Juan Luis Ibarra termina este junio su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) al cumplir 72 años, los últimos diez años como el máximo representante de la Justicia en Euskadi. Su adiós coincidirá con un momento delicado para el sistema judicial debido al atasco en los juzgados por la pandemia del coronavirus y al aumento galopante de causas que llegarán a los tribunales por los ERTE y otras reclamaciones de trabajadores. Por su cargo es también el presidente de la Junta Electoral vasca que supervisa y garantiza el ejercicio democrático de los comicios. Ibarra confiesa que deja algunas cosas pendientes en cuanto a la administración de justicia pero no oculta su ilusión por recuperar el tiempo libre para dedicarlo a su nieto y a la lectura de novelas, su pasión. Aunque se le escapa que no descarta realizar alguna actividad relacionada con la Justicia.

¿Se ha abusado del estado de alarma desde el Gobierno?

—El estado de alarma es una situación prevista en la Constitución. En un Estado de las autonomías, con las competencias en materia de sanidad y protección civil asumidas por las 17 comunidades, pensar que se podía afrontar una pandemia con las leyes sanitarias y las leyes de protección civil no es muy realista.

¿Estamos ante un estado de excepción encubierto?

—Se necesitaba una unidad de dirección y el estado de alarma está previsto expresamente para las pandemias. El estado de alarma está previsto para una situación excepcional. Otra cosa es que asumir el estado de alarma como necesario es un proceso social. Probablemente ya ha llegado el momento del tránsito a un escenario de más autoadministración de esas medidas restrictivas que de imposición externa de las mismas. A diferencia de otras situaciones el estado de alarma no tiene capacidad para suspender ninguno de los derechos de la carta de derechos y libertades, pero sí puede limitarlos supeditándolo a no causar daños a terceros.

¿Se ha restringido el derecho a deambular y a la libre circulación? ¿El Tribunal Constitucional tumbará el estado de alarma?

—Le auguro poco recorrido. El problema es la proporción. La libertad de deambulación no la vemos atacada porque al cruzar la calzada tengamos que esperar a que el semáforo en rojo se ponga en verde, o cuando nos multan por un exceso de velocidad al volante. Lo mismo ocurre con este tipo de restricciones por el estado de alarma. No pensamos que eso suspende una libertad básica.

¿Ha habido excesos a la hora de sancionar los movimientos de la gente durante la cuarentena?

—Creo que efectivamente ha habido un uso claramente excesivo de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley mordaza). El número de denuncias formuladas en materia de seguridad ciudadana por infracciones del confinamiento indica una desproporción. Eso no es un dato positivo, expresa una desproporción, aunque es verdad que se han confundido entre la formulación de una denuncia y la imposición de una multa. No es lo mismo.

¿Los juzgados van a echar atrás esas multas?

—El debate jurídico está servido y creo que haríamos bien evitándolo, haríamos bien seleccionando de entre esas denuncias solo aquellas que realmente supongan una contumacia, una desobediencia reiterada. Haríamos bien reconduciendo el tema una vez pase esta pandemia.

¿Está justificado ahora mantener el estado de alarma?

—El estado de alarma siempre está condicionado, en este caso por la pandemia. Debe ir evolucionando en la medida que la situación de contagio social va progresando. Hemos de pasar del confinamiento al confiamiento. Hay que pasar de las medidas coercitivas a medidas de convencimiento. Eso ya está ocurriendo. Los poderes públicos tenemos que confiar en que la sociedad es adulta y sabe manejarse sin necesidad de recordarle continuamente la posibilidad de ser sancionado.

¿No se podía haber gestionado la situación desde la legislación ordinaria?

—Es un buen momento y de hecho se está haciendo. El estado de alarma tiene que tener un mando único en el ámbito sanitario, pero esto no supone que todas las medidas que vayan a tomarse se hagan de forma unilateral. Se pueden decidir de manera consensuada con las comunidades autónomas y se puede gestionar la ejecución de esas medidas con el ejercicio de las competencias en materia sanitaria y de protección civil de las comunidades autónomas. Esta es una forma de condicionar el estado de alarma que en este momento me parece pertinente.

¿Son legales las manifestaciones en Madrid contra el Gobierno de Sánchez o o son un ataque a la libertad de reunión?

—El ejercicio de ese derecho no puede causar daño ni riesgo a los demás. La autoridad gubernativa puede poner restricciones por la pandemia y en su caso prohibir. Lo que no se puede es ejercer el derecho de manifestación sin comunicarlo ni, aun comunicándolo, ejercitarlo sin guardar un distanciamiento social y otras medidas. Pero el derecho a manifestación no ha quedado afectado por el estado de alarma, está supeditado a no hacer daño a las personas.

¿Y el derecho a reunirse en casa con la familia más de diez personas?

—Todos tenemos derecho a reunirnos pero, si está acreditado sanitariamente que reunirse más de diez personas en un espacio cerrado produce riesgos a la salud de los demás, claro que se pueden poner limitaciones.

¿Se puede obligar a una persona a llevar la mascarilla?

—Estamos en lo mismo que en los casos anteriores. Si con eso se evitan los riesgos a la salud pública, sí. La máxima es mantener la distancia social en espacios públicos y, si no se puede, llevar la mascarilla. Admito que se pueden hacer críticas a la forma en que se ha hecho esa regulación porque tiene inconcreciones.

¿Se pueden convocar elecciones en Euskadi durante el estado de alarma?

—Es jurídicamente posible durante la declaración del estado de alarma aunque creo que para entonces ya se habrá levantado esta situación.

¿Hay condiciones sanitarias suficientes para poder celebrarlas?

—Si se mantienen las condiciones que dejaron sin efecto las elecciones del pasado 5 de abril, la respuesta debe ser la misma que entonces, esto es, dejarlas sin efecto. Si la situación fuera igual que entonces, las elecciones no se deberían celebrar. Pero se puede pensar que esas condiciones van a variar. Cuando llegue el inicio de la campaña electoral me figuro que habrá que hacer una evaluación. Sí, se pueden celebrar unas elecciones legislativas cuando se está en un estado de alarma. El problema son los condicionantes.

¿Y ve condiciones anímicas? Con la que está cayendo, es difícil poner la mente en modo elecciones.

—Tenemos que ser humildes. Tenemos que garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de los electores y los elegibles. Si todos tienen esta situación de igualdad, la validez de la elección no quedaría afectada.

¿Se corre riesgo de deslegitimación de la democracia por un posible aumento de la abstención?

—Eso es algo que nadie puede asegurar, más allá de las conjeturas que cualquiera pueda hacer.

¿Es acertada la decisión de jugársela el 12 de julio para así tener un plan B en septiembre-octubre?

—Es una decisión que le corresponde al lehendakari y está claro que es una persona muy responsable en la toma de decisiones. No dudo de que ha tomado esta decisión con los datos suficientes, al margen de que siempre hay un nivel de incertidumbre. Este es un juego del mal menor

¿Un mal menor?

—Sí, porque también hay que tener en cuenta y valorar qué pasa si se llega a octubre (el 25 de ese mes termina el plazo legal de la legislatura) y no se han celebrado las elecciones. El Parlamento Vasco está disuelto y no tiene capacidad de producir leyes. Este es un escenario muy inquietante.

¿No se podría prolongar esta situación al margen de la legalidad hasta que la pandemia pase?

—No está previsto.

Y si lo hiciera más allá del 25 de octubre sin pasar por las urnas ¿sería un gobierno ilegítimo o ilegal?

—Estamos en un modelo de gobierno parlamentario y la confianza es de una cámara concreta y si ha terminado el tiempo de esa cámara, puede haber muchas dudas.

¿Pueden estar tranquilos los electores y las personas de las mesas electorales de que no se van a contagiar?

—Sí. Hay medios para garantizar que los votantes y las personas de las mesas electorales y las encargadas del recuento de votos no corran riesgos para su salud. Tenemos que adoptar muchas medidas para ello pero todo eso ya lo planteamos en su momento para las elecciones del 5 de abril, antes de su aplazamiento, y llegamos a la conclusión de que puede hacerse con garantías. No hay razones para tener miedo si se cumplen las normas de seguridad.

¿Se puede acortar la campaña electoral a una semana?

—Solo si hay un acuerdo entre los partidos. La ley electoral fija un tiempo y no se puede variar, pero los partidos podrían acordar utilizar solo una parte de ese tiempo para hacer campaña.

¿Es posible un voto por correo masivo con los medios disponibles?

—Eso le corresponde gestionar al Departamento de Seguridad. No es la primera vez que tenemos problemas con esto, normalmente siempre relacionados con el voto exterior. Ahora va a haber un incremento en el voto por correo. No hay ninguna razón para no confiar que se garantizará el voto por correo.


Lo último Lo más leído