- Pedro Sánchez está buscando fórmulas para evitarse el vía crucis de presentarse cada quince días ante el Congreso de los Diputados con el objetivo de pedir sucesivamente prórrogas del estado de alarma, unas votaciones que supera de manera cada vez más agónica y con el PP en guerra. El presidente español está sondeando con los partidos la posibilidad de aprobar una última prórroga, de un mes y de una sola tacada, de manera que el estado de alarma se prolongaría hasta el 24 de junio, una vez culminado el proceso de desconfinamiento por el coronavirus. La negociación la está dirigiendo la vicepresidenta Carmen Calvo en conversaciones con todos los partidos, salvo Vox. Está por ver si la prolongación en el tiempo se compensa por otro lado con una suavización en el contenido y alcance de las medidas, algo que al parecer sí está dispuesto a estudiar Sánchez. De ello va a depender el éxito de la negociación con el PNV.
Fuentes del grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados declinaron hacer valoraciones sobre un anuncio que no les ha sido planteado de manera formal, sino que el Gobierno español solo ha deslizado en sus conversaciones que quieren mantener el estado de alarma, sin ser concluyentes sobre si hablaban de quince días o un mes. Se remiten a las palabras de su presidente Andoni Ortuzar, quien a la mañana había puesto el foco más en el contenido que en los plazos o el nombre del estado de alarma en una entrevista concedida a Onda Cero. Ortuzar pidió que se suavice el contenido, que sea un estado de alarma “light” que únicamente se utilice para limitar la movilidad ciudadana y, a ser posible, solo en determinadas zonas que haya que acordonar. De lo contrario, cree que el estado de alarma está agotado en sus actuales términos.
La información sobre la prórroga de un mes la adelantó El Confidencial y corrió como la pólvora. Hasta ahora, el Gobierno español había justificado la necesidad del estado de alarma en que es lo más garantista porque obliga a someterse al aval parlamentario cada quince días, pero esa singularidad es precisamente lo que se va a cambiar ahora. La Constitución española regula en el artículo 116 que el plazo sea de quince días, pero solo lo concreta para la primera vez que se decrete y no queda tan claro qué sucede con las prórrogas. El Gobierno español se apoya en la ley de 1981 para decir que el Congreso puede desarrollar su alcance. Ayer al anochecer, el PNV no conocía formalmente esta intención y no había recibido otra llamada de Calvo para confirmarlo. El Gobierno de coalición de Unidas Podemos y PSOE busca esta vía para evitar al PP, que se lo pone cada vez más difícil y votará en contra. Sus socios catalanes tampoco están contentos (ERC se sumó al voto en contra de JxCat y la CUP), y parece que va a intentarlo también con Ciudadanos, que no apoyó su investidura pero sí dio luz verde, junto al PNV, a la última prórroga hasta el 24 de mayo. Arrimadas se presta a analizarlo pero no garantiza su apoyo.
Esta prórroga más larga sería la última. La prórroga actual fue apoyada por PSOE, Unidas Podemos, PNV, C’s y varios partidos minoritarios, con el rechazo de todos los catalanes y la abstención de Bildu y PP.
El PNV, uno de los socios más estrechos del presidente Sánchez y uno de los pocos partidos que apoyaron con su voto a favor la última prórroga, dio ayer a entender que el socialista está trabajando para limitar el contenido de la situación de excepcionalidad. De ser así, Sánchez estaría atendiendo las peticiones que le llegan desde el propio PNV. El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, dijo en una entrevista concedida a Onda Cero que se está trabajando para que el estado de alarma sea “diferente”, “muy light”, que se circunscriba a limitar la movilidad. Ortuzar confía en que prospere esa modificación, y plantea que se acote a determinadas zonas que haya que acordonar porque el virus sea más agresivo.
Ante la pregunta de si el estado de alarma está agotado, Ortuzar aseguró que se está trabajando para que “sea diferente”, aunque en apariencia siga manteniendo el mismo nombre. Según dijo, en la práctica, con las diferentes medidas de vuelta a la normalidad en cada territorio, el estado de alarma solo sirve como percha para justificar las restricciones de movilidad de los ciudadanos. Por ello, se preguntó si es necesario, y planteó uno “muy light, que esté vinculado a la movilidad en caso de que surjan nuevos casos o rebrotes que aconsejen acordonar una zona, blindarla o tener medidas especiales respecto a ella, pero en el resto poder tener la legislación ordinaria y el respeto a las instituciones naturales vigente”. “No sé si van a querer seguir llamándolo estado de alarma”, aclaró, para añadir a renglón seguido que eso no le preocupa, sino que se centra en el contenido. Dijo que “se está trabajando” en una fórmula más limitada para que tenga vigencia solo en la movilidad.
El estado de alarma ha supuesto que Sánchez ejerza el mando único dictando medidas de confinamiento y desconfinamiento, y también centralizando las compras de material sanitario. Ese mando único no lo acepta nadie a estas alturas y se ha ido atenuando con la cogobernanza en la vuelta a la normalidad.
En este contexto, el PP volvió a dejar claro ayer que votará en contra de una nueva prórroga del estado de alarma, y rompió todos los puentes con Sánchez al presentar su Plan Cajal en contraposición a la desescalada “caótica y partidista” del Gobierno español, donde territorios del PP como la Comunidad de Madrid o provincias andaluzas se han quedado en la fase cero.El plan que presentó Pablo Casado en una larga comparecencia con aroma de mitin bajo el lema Activemos España incluye medidas como el uso obligatorio de la mascarilla para salir, o un pacto de Estado, el Pacto Cajal, en honor al Premio Nobel. También propuso que los ERTE se extiendan hasta el 31 de diciembre. Tras asegurar que “el confinamiento no puede ser eterno”, propuso una “desescalada jurídica” con la aplicación de seis leyes ordinarias que podrían sustituir al estado de alarma. Pidió a Sánchez que haga los deberes en los días que le quedan hasta el 24 de mayo, en alusión a una nueva prórroga: “Vemos que el Gobierno está yendo a un precipicio y no le podemos acompañar”.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, acusó al PP de alejarse del consenso internacional. “En todos los países del mundo donde se ha producido un confinamiento se está produciendo una salida ordenada”, dijo. El veto del PP deja a Sánchez en manos de sus socios de investidura (PNV y ERC, entre otros) o bien del PNV y C’s, como pretende también el PSOE.
“Presentamos nuestro plan ante la caótica y partidista desescalada de Pedro Sánchez”
Presidente del PP
