- El PSOE, el PP y Vox tumbaron ayer, por tercera vez en este mes de marzo, una petición para crear una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey Juan Carlos I y sus supuestas cuentas en Suiza. En esta ocasión, la iniciativa cuya tramitación se ha vetado había sido promovida por Esquerra Republicana (ERC), PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG, Compromís y Más País.

El órgano de gobierno que preside Meritxell Batet se reunió ayer de forma telemática para analizar y calificar, en cada caso, las numerosas iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios en los últimos días..

Ocurre que, al igual que en iniciativas similares anteriores, los tres partidos se apoyaron en los informes de los letrados del Congreso, que alegan que no procede la admisión a trámite de la comisión porque la Cámara Baja no puede controlar al rey, cuya inviolabilidad en el ejercicio de su cargo está recogida en la Constitución y en la doctrina del Tribunal Constitucional. “No procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara”, subrayan los servicios jurídicos de la Cámara.

El pasado 10 de marzo, la Mesa del Congreso ya rechazó dos iniciativas similares, una promovida por ERC y el Grupo Plural (Junts, Más País, Compromís y el BNG) y otra por Unidas Podemos y también con ERC. Entonces, como ahora, los representantes del PSOE, el PP y Vox en el órgano de gobierno de la Cámara unieron sus fuerzas para vetar esas peticiones con el mismo argumento: controlar a la Corona no está entre las competencias del poder legislativo.

Por su parte, EH Bildu y ERC suscribieron ayer en el Senado una proposición de ley en la que reclaman que la Casa Real sea objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. En su iniciativa, ambas formaciones instan a reformar la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, para que este organismo realice “la fiscalización externa, permanente y consultiva de la actividad económica-financiera de la Casa Real”.

Entre los aspectos a fiscalizar, incluye las partidas de los Presupuestos Generales del Estado asignadas a la Familia Real, a la Jefatura del Estado o de apoyo a esta, así como “la situación y las variaciones de patrimonio de la familia real”.