Lo que queda en el tintero

Son numerosos los asuntos políticos e institucionales que quedan en el tintero tras la declaración del estado de alarma, tanto a nivel estatal como vasco. Entre ellos, cuestiones clave como las elecciones aplazadas en Euskadi y Galicia, las transferencias del Estatuto de Gernika, los presupuestos del Gobierno español o la mesa de diálogo con Catalunya, retrasada sine die.

Así, hasta que las autoridades no logren frenar la emergencia sanitaria, no hay fechas fijadas para volver a abordar con normalidad los retos políticos pendientes. Incluso se vislumbra cierto temor a que algunas materias queden en suspenso debido a la anómala situación, como es el caso del calendario de transferencias vasco, que ya debería haberse puesto en marcha.

Otra derivada de la irrupción del coronavirus es la profunda crisis económica que ya está acarreando la emergencia, y que se prevé que se prolongue una vez finalizado el estado de alarma. La recesión podría afectar a la cuestión presupuestaria y a las futuras medidas sociales previstas por el Ejecutivo bicolor de PSOE y Unidas Podemos, que podría ver frenados sus planes y sus cuentas de expansión ante el problema de tesorería y endeudamiento que se le presenta a futuro.

Elecciones vascas

El reto prioritario que debe afrontar la política vasca una vez que finalice el estado de alarma es la nueva convocatoria de elecciones autonómicas, cuya cancelación fue indispensable ante la imposibilidad de celebrarlas con normalidad en la fecha prevista del 5 de abril. La intención del Gobierno Vasco y del conjunto de los grupos parlamentarios es llamar a las urnas el domingo más cercano, una vez se dé por terminada la emergencia del

También plantea incógnitas la celebración de la campaña electoral, que podría verse reducida a una semana -tal y como se hizo cuando se repitieron los comicios generales en noviembre- o incluso no celebrarse y dar directamente la voz a la ciudadanía en las urnas.

Procesos internos

Tres partidos vascos, PNV, Podemos y PP, afrontaban una renovación en sus ejecutivas esta primavera. Los casos más prioritarios eran los de morados y populares, que han vivido dos sacudidas importantes en los últimos tiempos con las abruptas salidas de sus líderes Lander Martínez y Alfonso Alonso, respectivamente. Sin embargo, la situación actual impide realizar cualquier tipo de proceso interno para renovar liderazgos.

En una situación similar, aunque menos urgente, se encuentran los jeltzales, con la renovación pendiente del EBB y de sus ejecutivas de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, que debía culminar con la celebración de su octava Asamblea General en julio en Bilbao. Está por ver si los de Andoni Ortuzar lograrán llegar a la fecha con el proceso completado, o bien se verán obligados a aplazarlo.

Transferencias

Otro tema que iba a ser clave este curso en la política vasca era el de las transferencias pendientes. Por primera vez, el Gobierno español se había comprometido a completar el Estatuto de Gernika, con un calendario sobre el conjunto de competencias a traspasar -incluyendo las materias más relevantes de Prisiones y régimen económico de la Seguridad Social- y que debía desarrollarse entre este año y el próximo.

Sin embargo, la crisis sanitaria amenaza con provocar un retraso importante en las transferencias, de las cuales las tres primeras -productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas a la jubilación de trabajadores afectados por un ERE- ya deberían haberse materializado. Además, la actual emergencia por el

Agenda progresista del Gobierno

Respecto a los hitos pendientes en el Estado, queda aparcada hasta nuevo aviso la llamada agenda progresista que pretendía poner en marcha el Ejecutivo de PSOE y Podemos en sus primeros meses de vida. En este ámbito se encuentran reformas normativas pendientes como la ley de Educación o la de abusos sexuales, así como la batería de medidas sociales relativas a la regulación de alquileres, la ley mordaza o algunos aspectos de la reforma laboral.

Presupuestos Generales del Estado

Otra cuestión clave, y que se preveía que iba a marcar la supervivencia del Gobierno, son los Presupuestos. Pedro Sánchez ya ha dejado caer que podría aplazar esta cuestión hasta finales de año y presentar ya un proyecto presupuestario para 2021. De esta forma, el Estado continuaría un curso más con las cuentas prorrogadas de Cristóbal Montoro, que datan de 2018, justo antes de la moción de censura que acabó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sánchez se aseguraría de esta forma una cierta tranquilidad en los próximos meses y, una vez alejado el fantasma del coronavirus, se centraría en sacar adelante unos Presupuestos para el próximo año que podrían verse lastrados por la incipiente crisis económica.

Unidad en el Gobierno

En el momento en que irrumpió la crisis sanitaria a finales de febrero, el Ejecutivo de coalición se estaba viendo lastrado por sus discrepancias internas y era prioritario para Sánchez poner fin a estas disputas y trasladar una imagen de solidez y de remar todos a una. Sin embargo, los esfuerzos de cohesión deberán esperar ante la emergencia actual, que incluso ha agudizado estos choques entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos. La desunión se hizo más evidente que nunca en el Consejo de Ministros que debía aprobar el estado de alarma, que se prolongó durante ocho horas debido al intenso debate que mantuvieron socialistas y morados.

Cuentas pendientes del rey

Más allá de lo relativo a la actividad del gabinete de Pedro Sánchez, sobresalen los últimos escándalos de la monarquía por las supuestas actividades ilegales del rey Juan Carlos, que han salpicado al actual monarca Felipe VI. Así, el jefe de Estado tiene pendiente rendir cuentas a la ciudadanía por los fondos millonarios de su padre, que procederían de comisiones cobradas en negocios con Arabia Saudí.

La renuncia de Felipe VI a la herencia del emérito queda por el momento en papel mojado, ya que no es efectiva hasta la muerte de Juan Carlos. El propio rey Felipe ha sido también vinculado con algunos de los fondos ilegales, en los que figuraba como beneficiario. Está por ver si en los próximos meses la monarquía hará un propósito de enmienda creíble o si, por el contrario, el jefe de Estado optará por eludir la cuestión como hizo en su discurso televisado del pasado 18 de marzo.