El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles los decretos leyes con medidas aprobadas por el Gobierno español para afrontar la crisis del campo y la supresión del despido por acumulación de bajas médicas, pero podrá introducir cambios en ellos al haber aprobado su tramitación como proyectos de ley.

En el decreto que deroga los despidos objetivos por acumulación de bajas, el Gobierno central solo ha encontrado la oposición de Vox, y el apoyo de todas las fuerzas políticas restantes, a excepción de PP, UPN y Foro Asturias, que se han abstenido. Tanto PSOE como Unidas Podemos han aceptado tramitarlo como proyecto de ley.

No así en el decreto ley de medidas de urgencia del campo, pese a lo cual la oposición ha forzado su tramitación como proyecto ley para introducir cambios. El decreto ley ha sido convalidado con la única oposición de un diputado que ha votado telemáticamente, y la abstención de PP, Vox y BNG.

ELIMINAR LA VENTA A PÉRDIDAS EN EL CAMPO

La modificación de la Ley de la cadena alimentaria contempla como principal novedad la obligación de los operadores del mercado de abonar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Este coste de producción debe incluirse como elemento mínimo en los contratos.

También se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ningún operador anterior su riesgo empresarial derivado de su política comercial y se prevé la publicidad de infracciones graves y muy graves, con fines disuasorios pero también punitivos.

ADIÓS AL DESPIDO OBJETIVO POR ACUMULAR BAJAS

Respecto a la derogación del artículo del Estatuto de los Trabajadores que permitía al empresario el despido objetivo de un trabajador por acumular bajas médicas justificadas, este amparaba la extinción del contrato por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, cuando alcanzaran el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcanzaran el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos en un período de 12 meses.

El Gobierno español ha defendido esta derogación, pactada por PSOE y Unidas Podemos y reclamada por los sindicatos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba esta fórmula, como el inicio de la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Si bien el Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba antes de esta reforma el despido objetivo por bajas médicas justificadas, sí que modificó sus condiciones al no ligarla a los índices de absentismo de la empresa, sino exclusivamente en función de las faltas de asistencia al trabajo personales e individuales, facilitando por tanto el despido.