Hernani - La Sociedad de Ciencias Aranzadi entregó ayer al Ayuntamiento de Hernani el informe Vulneraciones de derechos humanos por motivación política sucedidas en Hernani entre 1960 y 2018 que, según explicó su director, el historiador Javier Buces, es “una herramienta importante para conocer lo sucedido” en la localidad. “Para superar las cosas hay que reconocerlas, y para reconocerlas, antes hay que conocerlas”, señaló el presidente de Aranzadi, Paco Etxeberria, quien reconoció que “jamás se podrá superar nada de lo que nos ha afectado a todos los aquí presentes si no lo reconocemos ni conocemos previamente”.

Los presentes ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Hernani eran tres exalcaldes (José Ramón Lasarte, del PNV; José Morcillo, del PSE; y Juan José Uria, de HB); los portavoces de los tres grupos municipales de la oposición (el jeltzale Andoni Amonarraiz, el socialista Ricardo Crespo y Jaione Aristregi, de Orain Hernani) y el alcalde, Luis Intxauspe (EH Bildu), que escucharon de viva voz las vulneraciones que se han cometido en Hernani entre 1960 y 2018, o contra hernaniarras fuera de los límites municipales. Es el caso del que fuera jefe de la Policía local de Andoain Joseba Pagazaurtundua, a quien ETA asesinó en 2003. La organización armada segó en la villa la vida de otras seis personas, frente a las cuatro que mató el GAL, las dos del BVE y otra más de la Triple A. Hay un decimoquinto asesinato cuya autoría, explicó Buces, “no está clara, aunque todo apunta a que fue el grupo de extrema derecha GAE”.

Con todo, Hernani y Astigarraga son los dos municipios de Gipuzkoa, añadió el historiador, que cuentan con “más casos de víctimas mortales producidas por grupos de extrema derecha o parapoliciales que por grupos de ETA o similares”, como los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

El informe recoge seis clasificaciones de vulneraciones de derechos y otras dos categorías “relacionadas con la violencia de motivación política que no podríamos categorizarlas como vulneraciones de derechos humanos”.

Se documentan casi 200 “relacionados con denuncias de torturas”, 55 agresiones físicas que han afectado a 51 personas, 75 casos de “amenazas graves” contra otro medio centenar de víctimas de las que 39 pertenecían “a colectivos concretos, principalmente, partidos políticos. Destacan los 19 casos que afectan a miembros del PSE”.

El trabajo incorpora al menos “182 atentados contra bienes materiales de empresas, partidos políticos e instituciones”, las 21 personas que vieron cómo fueron secuestradas -18 de ellas en raptos cortos, como por ejemplo, en el robo de su vehículo-, o los cinco casos de extorsión registrados en Hernani. Buces en este punto reconoció que “evidentemente ha habido más casos, pero es difícil de documentar y puede que las personas afectadas necesiten más tiempo”.

Una enumeración que esconde dramas de toda tipología. “Esto no es un totum revolutum”, advirtió el historiador, que explicó que el criterio fundamental de los investigadores ha sido “no la autoría” de las vulneraciones, sino “la vulneración que la persona ha sufrido, con el objetivo fundamental de no dejar a nadie fuera”.

“De momento”, como señalaron los investigadores, el informe recoge “380 personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos” a los que hay que sumar “otras 36 víctimas derivadas de la violencia política”, dijo Buces, que concretó las víctimas en 305 hombres y 70 mujeres, mientras que en 41 casos se desconoce la identidad (por ejemplo, de las 16 de las 24 personas que tuvieron que ser escoltadas).

Al final de las intervenciones, los miembros de Aranzadi entregaron simbólicamente un ejemplar del informe a cada uno de los tres exalcaldes presentes, que también han participado en la investigación.

El trabajo ha supuesto 15 entrevistas a otros tantos vecinos de la villa, así como “relación con unos 50 agentes del municipio”. Junto a esto, detalló Buces, el equipo de Aranzadi ha trabajado “en archivos, publicaciones y hemerotecas”, además de revisar “todos los listados de víctimas existentes, ya sean de asociaciones, del Gobierno Vasco, del Estado?”.

Esta investigación se ha guiado, según explicó Etxeberria, con el documento que el Instituto Gogora del Gobierno Vasco tiene para analizar las últimas décadas.

“Parece cada vez más fácil introducirnos en lo que se llama la memoria reciente”, dijo Etxeberria, que recordó cómo “Hernani hizo sus deberes” en materia de la memoria hsitórica cuando “en 2006, se celebró un acto muy importante liderado por el Ayuntamiento y por su alcalde, Joxan Rekondo”, para recordar a “las víctimas con resultado de muerte de la Guerra Civil y la dictadura”.

Hernani, como han hecho otros municipios del territorio en los últimos años (Lasarte-Oria, Elgoibar, Azpeitia, Arrasate o Andoain, por ejemplo), presenta su informe de 1960 a 2018 que, según Etxeberria, devuelve el turno a los representantes políticos para, una vez conocido lo sucedido, “reconocerlo”.

A ello invitó Intxauspe. “Entre todas y todos, debemos encontrar la manera de trabajar conjuntamente” por la reparación, declaró, antes de expresar junto a los portavoces de los grupos municipales su “respeto, nuestras condolencias y nuestro apoyo a todas y cada una de las personas cuyos derechos humanos han sido infringidos”.

El primer edil, que no optará a la reelección en mayo, recordó el camino de este mandato, al decidir que “debíamos aflorar la historia de Hernani porque no estaba contada de manera íntegra”.

A su entender, porque algunas veces otros la han acallado; y otras, porque solo hemos querido ver solo una parte de la historia”. Después llegó el encargo a Aranzadi y, como resultado final, un “trabajo importantísimo” clave para conocer la historia más reciente de Hernani, “la que por ser la más próxima más daño nos generará seguramente”.

416

Entre 1960 y 2018, 380 personas fueron en Hernani víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Otras 36, lo fueron víctimas derivadas de la violencia política. Fueron 305 hombres, 70 mujeres y de 41 no se conoce su identidad (entre ellas 16 de las 24 que precisaron ser escoltadas).

15

Siete de ellos, a consecuencia de atentados de ETA (uno de ellos, Joseba Pagazaurtundua, fue asesinado en Andoain); cuatro del BVE, dos del GAL, una de la Triple A y la última, cuya autoría no está clara, aunque todo apunta a que fue el grupo de extrema derecha GAE.

662

Se trata de víctimas de 662 “casos particulares”. Entre los datos del informe, se documentan 182 atentados contra bienes materiales de empresas, partidos políticos e instituciones; 184 casos relacionados con denuncias de torturas; 75 denuncias de “amenazas graves” a 51 personas, entre las que se encuentran los 19 casos del PSE; y 55 agresiones documentadas, además de 21 secuestros.