- El VIII congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) comenzó el viernes y se alargará hasta el lunes en una nueva oportunidad para analizar la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, con la inminente “jubilación” de Raúl Castro como telón de fondo.
Esta previsto así que el hasta ahora primer secretario del PCC pase el testigo al presidente, Miguel Díaz-Canel, en un evento simbólico que se traducirá en un efectivo traspaso de poderes, según confirmó en anteriores ocasiones el propio Castro, que cumplirá 91 años en unos meses.
La cita, que busca analizar la situación que atraviesa la isla, fuertemente sometida a sanciones a nivel internacional y golpeada también por la pandemia de coronavirus, supone además un punto y final a la era de los Castro en Cuba.
Díaz-Canel se hará así con el control de la “fuerza política superior de la sociedad y el Estado”, tal y como indica su propia Constitución. Desde el Palacio de Convenciones, el congreso intentará trazar un plan de cara al futuro en pleno debate sobre la continuidad o una visión más reformista del país caribeño.
Esta jornada abre así cuatro días de intensas conversaciones en las que el partido tratará de buscar soluciones para seguir adelante en tiempos convulsos para la sociedad cubana, que tuvo que enfrentarse a nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos desde que el ahora expresidente Donald Trump llegó al poder y revirtió parte de las políticas de la Administración Obama, más aperturista.
La agenda para estos días incluye la actualización de la conceptualización del modelo económico y social cubano, así como la implementación de los lineamientos de la política económica y social.
El partido, no obstante, sigue apostando a todas luces por la continuidad que, tal y como ha subrayado, “trasciende el proceso natural de tránsito de una generación a otra” 68 años después del inicio de la revolución cubana. No obstante, se encuentra bajo una fuerte presión para lograr la aceleración de las reformas económicas formuladas hace una década.
El congreso que arranca este viernes cumple con la periodicidad establecida en los estatutos fundacionales, aprobados en 1965, que obligan a celebrar un cónclave nacional cada cinco años. El anterior tuvo lugar en 2016 y sirvió para revisar la estrategia política y económica de La Habana en pleno proceso de normalización de las relaciones con EEUU.
Entre los principales puntos a tratar se encuentran la retirada de Castro y su reemplazo, la revisión de las políticas económicas y los objetivos anunciados en el congreso de 2011 y el análisis del trabajo político llevado a cabo por el PCC en los últimos años.
El congreso de 2011 suponía una piedra angular para las reformas económicas, entre las que se encontraban medidas para impulsar iniciativas más privadas y ampliar, precisamente, las posesiones privadas, unas cuestiones que quedaron en su gran mayoría en papel mojado.
La sociedad civil, en su gran mayoría, espera que el traspaso de poder sirva para reforzar el país y reducir el riesgo a un colapso, si bien el nivel de frustración aumentó considerablemente.
El congreso supone así el colofón de una gestión que fue duramente criticada a nivel internacional y que es considerada por muchos como una de las más negativas desde hace casi dos décadas.
La pandemia, que dejó más de 90.000 contagios y cerca de 500 fallecidos en el país, llevó a los cubanos a enfrentarse a la escasez de medicamentos y una infraestructura sanitaria “semidestruida”, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
El congreso se celebra, además, ante la que podría ser la peor crisis alimentaria en la isla, que sufrió un encarecimiento notable de los productos de primera necesidad. En un comunicado, la organización aseveró que la mayor parte de los alimentos solo se ofertan en dólares a pesar de que el Gobierno decretó la unificación de la moneda.
Sin embargo, los expertos estiman que Cuba podría registrar a lo largo de 2021 una inflación de hasta el 500 por ciento, lo que podría acarrear importantes consecuencias sociales.
Para el OCDH, que ha advertido de que el legado de Castro incluye una drástica reducción de los subsidios de la Seguridad Social para los sectores más desfavorecidos de la población, ni el líder del PCC ni el propio partido rindió cuentas al pueblo sobre la gestión.
Un país en emergencia sanitaria. Las personas que tienen el poder no hacen los cambios necesarios para que se respeten los Derechos Humanos y las libertades individuales.
Menos protestas. A pesar de que el cambio es inminente, menos cubanos han salido a las calles por la falta de acceso a Internet.
