El Ministerio de Trabajo calcula que la empresa de reparto a domicilio Glovo deberá abonar 267 millones de euros por las cotizaciones impagadas de los falsos autónomos a los que debe incorporar a su plantilla. Además, tendrá que pagar las sanciones por mantener a estos falsos autónomos, aunque esta cifra todavía no está cuantificada, según explica el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
En este sentido, añade que si alguna otra empresa está incumpliendo la llamada ley rider, que obliga a regularizar a los falsos autónomos y a incorporarlos a plantilla, “sobre ella caerá también el peso de la ley con toda su intensidad”.
Joaquín Pérez Rey aclara que “cuando alguien con la intermediación de una plataforma o sin ella recibe órdenes, está en el marco de una relación laboral. Tiene que tener los derechos de una relación laboral. Estés en el sector de la limpieza, de la ingeniería, del asesoramiento jurídico o de la hostelería”.
En este sentido, se calcula que más de 350.000 autónomos afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social son falsos autónomos, el equivalente a cerca del 10% del total de cotizantes a este régimen, según cálculos de la organización de autónomos UPTA a partir de los datos de afiliación al RETA de los últimos dos años.
Para UPTA, se trata de una cifra “preocupante” para la economía y el sistema de cotizaciones de la Seguridad Social. Estos trabajadores, que se dan de alta como autónomos, deberían estar sujetos a un contrato laboral de asalariado, de ahí que se les denomine falsos autónomos.
El caso más paradigmático de los llamados falsos autónomos ha sido el de los repartidores de plataformas digitales como Glovo, que justamente acaba de anunciar el cambio de su modelo laboral en el Estado para que estos trabajadores dejen de ser autónomos y pasen a tener un contrato laboral como asalariados.
Extensión a otros campos
Precisamente, UPTA advierte de que aunque este fenómeno se concentró inicialmente en sectores como el reparto de comida a través de plataformas digitales, ya se ha expandido a otras áreas profesionales, afectando a campos como la salud, la educación, la construcción y otros profesionales cualificados. “Sólo en los últimos dos años, los sectores de alta cualificación han incorporado más de 40.000 profesionales autónomos a nivel estatal. Sectores como la salud, en especial enfermeros, médicos, fisioterapeutas y podólogos, están siendo cada vez más afectados”, alerta UPTA. La organización subraya que muchos de estos profesionales sanitarios deberían estar contratados como asalariados por empresas o centros clínicos, pero se les contrata como autónomos, “lo que vulnera sus derechos laborales”.
“En el ámbito educativo, especialmente en centros privados y empresas de formación para adultos, los docentes que en el pasado debían ser contratados como asalariados trabajan como autónomos, lo que también ha incrementado el número de falsos autónomos en este sector”, denuncia UPTA. En cuanto a los servicios jurídicos y actividades profesionales como economistas, arquitectos, aparejadores y tasadores, están contratando profesionales como autónomos en lugar de asalariados.
Tarifa plana
Proliferación. Aunque la tarifa plana fue diseñada para apoyar a los nuevos emprendedores, esta medida “ha sido utilizada por empresarios para contratar a jóvenes con la falsa promesa de una carrera profesional estable”. “Estos trabajadores, al ser considerados autónomos, quedan atrapados en una situación de inseguridad laboral, sin los derechos y beneficios que les corresponderían como empleados. A pesar de que la Seguridad Social está bonificada y no tienen gastos adicionales, no se garantiza una estabilidad ni el desarrollo profesional dentro de la empresa”.
