Una veintena de senadores de Izquierda Confederal, PNV, ERC, Junts, Geroa Bai y EH Bildu han enviado un burofax a la secretaria de Estado directora del CNI, Paz Esteban, en la que reclaman que el servicio secreto entregue en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta "toda la documentación, en cualquier formato (audio, informes escritos) que esté en poder o conocimiento del CNI relacionada con la muerte de Mikel Zabalza".
El escrito, elaborado a propuesta del senador autonómico por Navarra, y miembro de Geroa Bai, Koldo Martínez, recuerda que el Gobierno Vasco acaba de reconocer a Mikel Zabalza como víctima de violencia policial, tras un exhaustivo informe de expertos que consideran "increíble" la versión oficial que asegura que el detenido se escapó esposado y se arrojó al río Bidasoa. La Comisión reconoce que "existen fuertes presunciones de hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte".
En la misma, los senadores recuerda que "es de dominio público que el CESID, Centro Superior de Información de la Defensa, a través del teniente coronel Juan Antonio Perote, jefe operativo del CESID en aquella época, dispone de documentación relacionada con la muerte de Mikel Zabalza, obtenida de mandos del cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo que informaban al Centro sobre lo que ocurría en dicho acuartelamiento".
"Uno de esos documentos -añade la carta- son las grabaciones de una conversación entre el responsable del CESID, Juan Antonio Perote, y el teniente de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, destinado en Intxaurrondo, conversación en la que este último informa de que Mikel Zabalza murió por torturas en el acuartelamiento donostiarra y cuyo contenido ha sido publicado, primero con la transcripción de dicha conversación y más recientemente con el propio y escalofriante audio".
El escrito recuerda que el actual Centro Nacional de Inteligencia es heredero legal de la tarea realizada por el CESID y también de sus archivos, tal y como recoge el punto dos de la Disposición adicional segunda de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
Los senadores recuerdan también que la ley de secretos oficiales aún en vigor recoge que "la declaración de 'materias clasificadas' no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen".
"Teniendo en cuenta el papel de control a la acción del Gobierno y de los organismos públicos que la Constitución otorga a los representantes de la soberanía popular, las y los senadores abajo firmantes solicitamos que nos sea remitida a los abajo firmantes y/o al presidente de la Comisión de Defensa del Senado toda la documentación, en cualquier formato (audio, informes escritos) que esté en poder o conocimiento del CNI, relacionada con la muerte de Mikel Zabalza Garate" señala el burofax que ha sido enviado a través de la oficina de Correos en la Cámara Alta.
El escrito finaliza aludiendo a "la obligación legal de los organismos públicos, sin excepción, de colaborar con la justicia y recordamos a este respecto la sentencia del Supremo que condenaba al miembro del CESID, Juan Alberto Perote, por unas escuchas ilegales en la que señalaba que en un Estado de derecho 'es aceptable el margen razonable de reserva sobre determinadas materias', así como 'el sacrificio de algunos derechos para garantizar la propia supervivencia del sistema democrático'. Pero también es cierto, añadía la sentencia, que la existencia de una finalidad legítima 'no puede suponer la creación de espacios de impunidad".
