El Juzgado de Instrucción numero 1 de Donostia ha rechazado las querellas que los transportistas habían presentado contra la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, y contra Bidegi. El juez decreta en su resolución el sobreseimiento de la causa al no apreciar en el fundamento de las denuncias hechos constitutivos de infracción penal.
Como se recordará el sindicato Hiru y el Comité Nacional de Transporte por Carretera presentaron sendas querellas penales contra Oiarbide y Bidegi por mantener el cobro del peaje en la N-1 después de que el Tribunal Supremo anuló la norma foral que ampara el canon que se cobra a los camiones que circulan por esta vía.
Los colectivos de transportsitas argumentaban en sus denuncias que, tras el fallo del Supremo, desde el pasado 13 de mayo no existe norma alguna que ampare el cobro del peaje a los camiones que circulan por la N-1, tal y como se seguía haciendo.
Frente a este argumento, el instructor de la causa entiende que "no existen indicios de la comisión de ilícitos penales" en la medida en que en la fecha en la que se presentaron las denuncias, la sentencia que anulaba la orden foral que amparaba el cobro del canon "aún no era firme".
Una vez publicado el fallo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, trámite que convierte en firme el fallo del Supremo y, por consiguiente, que supuso la suspensión de la norma foral, el juez constata que "no consta con posterioridad a dicha publicación que se hubiera continuado exigiendo el pago del canon".
Hace poco, las juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron una tercera norma foral que, atendiendo las indicaciones de los tribunales, vuelve a regular el cobro del tráfico de camiones en la N-1 y la A-15. Este canon no se espera que entre en vigor antes de 2023.
