"Francia persigue a personas migrantes cientos de kilómetros más allá de Irun"

¿Qué lectura hace de la crisis migratoria que tiene como epicentro el río Bidasoa?

- Lo fundamental es tener en cuenta que estamos ante un fenómeno que se consolida. No es algo tan coyuntural como se esperaba en 2018. Llevamos tres años, con una pandemia de por medio, en los que no ha cesado la llegada de personas. Con el confinamiento se redujo el flujo, pero no porque no saliesen de sus países sino más bien porque les retenían o recomendaban no viajar. Lo que ocurre en Irun tiene una relación directa con lo que sucede en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, sin olvidar Baleares. De ahí llegan con la mirada puesta en el norte.

Siete personas han perdido la vida en los últimos meses, lo que da cuenta de la magnitud de un problema al que no estábamos acostumbrados€

-No estábamos acostumbrados según la perspectiva actual. Los Pirineos han sido una frontera dura durante el siglo XX. Lo fue en el franquismo, también para las personas que escapaban del nazismo de norte a sur, al igual que en los años 70, para quienes no eran miembros de pleno derecho y trataban de llegar a la Comunidad Económica Europea. En concreto, tantos portugueses que murieron ahogados. Ha sido una frontera dura durante muchos años. Apenas llevamos dos décadas de libertad de circulación, una vez que entró en vigor el espacio Schengen y se abolieron los controles fronterizos. Ha habido cierta libertad de circulación sin ningún peligro, pero ha sido ahora, cuando Francia restablece esos controles, cuando las personas que quieren cruzar se ven abocadas a tomar rutas complicadas.

¿De qué magnitud son los controles policiales?

-La frontera de Irun no acaba en los puentes ni en el peaje de la autopista. Siguen siendo frontera para las personas migrantes Burdeos, Baiona, Toulouse o Pau, e incluso más allá. Francia les persigue cientos de kilómetros después de haber atravesado la frontera jurisdiccional de Irun. El país galo es hoy en día una frontera total. Prácticamente en todo territorio aplica la legislación de fronteras, de tal modo que una persona puede ser controlada, detenida y expulsada, bien a su país de origen, o bien al país de procedencia, principalmente España e Italia, desde donde llega la migración.

¿Se están vulnerando los derechos humanos de estas personas?

-No podemos comparar esta frontera con la de Marruecos ni con las africanas, donde la vulneración de derechos es brutal. Aquí lo que sucede es que existen unos derechos específicos que corresponden a las personas cuando entran en relación con la administración, y desde ese punto de vista sí hay vulneración de derechos: asistencia letrada, protección consular, intérprete o solicitud de asilo. No son vulneraciones de derechos tan sangrantes como las que se producen en otras fronteras, pero si algo nos define como sociedad democrática y estado de derecho son también esos derechos. Las personas que son objeto de devolución desde Francia, son ajenas a todos estos derechos porque no dominan la lengua, están asustadas, y nadie les ha informado. La vulneración no es tanto por el fondo, como por la forma.COMPENTENCIAS QUE COHABITAN

Con cada persona fallecida en el Bidasoa ha habido un cruce de declaraciones entre Irungo Harrera Sarea y el Gobierno Vasco. ¿Dónde hallar el punto de encuentro?

-Las instituciones vascas han demostrado una voluntad de aportar una solución, al menos temporal, mientras exista el problema de fondo, como son los controles de Francia. Si no existieran, no estaríamos hablando de todo esto. Hay que tener en cuenta que estas migraciones vienen ocurriendo desde hace dos décadas y hasta ahora no ha habido mayor problema. Ahora bien, las competencias que cohabitan a este lado de la frontera son del Ministerio de Inclusión (centros de acogida), Gobierno Vasco (acogida de personas y asuntos sociales) y ayuntamientos, siempre tan limitados de recursos.

¿Qué pueden hacer las instituciones vascas que no hayan hecho hasta ahora?

-El problema es que no está tan claro quién hace qué. Aparentemente, el albergue de Hilanderas de Irun lo gestiona Cruz Roja con fondos del Ministerio de Inclusión. En una pregunta parlamentaria, el Gobierno español respondió que quien se encarga de la gestión de ese recurso es el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun. La red de acogida reclama constantemente claridad en torno a los criterios para acceder al recurso. ¿Qué pueden hacer las instituciones? En primer lugar, habría que aclarar quién gestiona qué. Sería un ejercicio de transparencia necesario.

¿Hacen falta más plazas?

-No, no es una cuestión de cantidad, más allá de momentos puntuales. La realidad habitual es que hay personas que no pueden acceder al recurso porque no cumplen unos requisitos, como haber superado un número determinado de días. Habría que conocer los requisitos y flexibilizarlos.

¿Por qué?

-Porque el quid de la cuestión es plantearse quién es el migrante en tránsito. Tenemos la necesidad de ampliar el concepto. No se puede considerar persona en tránsito a la persona que lleva menos de tres o cuatro meses, que ha entrado por frontera sur, que tiene una orden de devolución y se dirige a otro país vecino.

Pero las instituciones necesitan fijar un criterio. ¿Qué perfiles quedan fuera?

-La última persona que murió ahogada era un chico que no entró por frontera sur, sino que lo hizo por Italia. Estuvo trabajando en Almería de temporero y se trasladaba a otro lugar. Claro que es un migrante en tránsito. No sé si estuvo o no en el albergue, pero fue víctima de los controles y, en consecuencia, de las aguas del Bidasoa. No son muchas las personas que a diario quedan fuera del recurso, pero cuando quedan fuera les genera una ansiedad que les puede llevar a tomar decisiones arriesgadas. También eres un migrante en tránsito cuando sabes que se te acaban los días, porque has estado esperando la solicitud de asilo que finalmente te han denegado, lo que te obliga a probar suerte en otro país.

Una situación muy compleja, y un terreno abonado para el tráfico de personas.

-Es algo evidente. En cuanto hay una frontera, surgen muchos tipos de negocios. Es consecuencia de una necesidad. Personas que pasan a otras hay de muchos tipos. Hay quien lo hace por altruismo, solidaridad, por ser connacionales o afinidad religiosa. No todo hay que pensarlo en clave de crimen organizado. Hay que ver, además, la respuesta que da el Estado a este tipo de movimientos. Si yo por altruismo o compasión le acerco a una persona a Baiona, no estaría vulnerando ninguna norma, y no hay además ningún ánimo de lucro. No se deberían criminalizar esos movimientos, y menos en una Europa sin fronteras. Se han restablecido los controles fronterizos, pero no las fronteras, y debería haber una libre movilidad.

"SOLO PARAN A PERSONAS DE RASGOS AFRICANOS"

Los corredores humanitarios son una de las vías de concesión de derechos a las personas migrantes, que ya se han puesto en práctica en otros países. ¿Por qué aquí no?

-Vamos a ver. Es necesario abrirlos una vez que ya han cruzado la frontera, para que no tengan que ir andando por la vía del tren para ir a Baiona. Pero lo que no tiene sentido es establecer controles en la frontera que, sobre el papel, se establecen por terrorismo o covid. Es evidente que esos controles no responden al primero de los casos. Solo paran a personas con rasgos africanos. Si fuera por covid, habría controles exhaustivos a todas las personas que cruzan. En los últimos años he pasado muchas veces y nunca me han parado.

El lehendakari, Iñigo Urkullu y el presidente de la Mancomunidad Vasca de Iparralde, Jean-René Etchegaray, se han comprometido a mantener un diálogo permanente ante el desafío migratorio. ¿Es un paso necesario?-

Por supuesto. Un gobierno en contra de una acogida digna nos trasladaría a un panorama mucho más desolador, sin duda. Es algo que agradecen también los colectivos sociales. Como investigador lo que percibo es que estas entidades no demandan que la administración deje de hacer lo que está haciendo, sino que hagan más. Y no desde un punto de vista cuantitativo, sino cualitativo.

¿Por ejemplo?-

-Si una persona no cumple los requisitos para entrar en el recurso de Cruz Roja, se podría habilitar un dispositivo cercano para acoger a esas personas que quedan fuera. Lo que no tiene sentido es ofrecer centros lejos de la frontera, porque la gente está nerviosa por cruzar. Las personas migrantes no quieren hacer periplos por el País Vasco.

¿Han podido ser desmedidas en alguna ocasión las críticas de colectivos sociales dirigidas a las instituciones vascas, teniendo en cuenta el volumen de atenciones que se prestan a miles de migrantes al cabo del año?-

-Esas críticas se hacen en momentos de mayor tensión, bien cuando una acogida es denegada y, sobre todo, cuando han aparecido personas muertas. Estaría bien saber si todas las críticas que se vierten son colectivas y reflexionadas, sin tener en cuenta que el cargo público destinatario sea el ministro del Interior o el director vasco de Inmigración. No es lo mismo desde el punto de vista competencial. Es indudable el trabajo que está del director vasco, pero también es sano y democrático que los movimientos sociales critiquen a los gobiernos. Asumir la crítica, gestionarla y reconducirla es también labor de la institución.

¿Qué medida urge ahora mismo?-

-Hay que habilitar protocolos para que familias migrantes en tránsito que se han visto separadas en la frontera sur puedan reencontrarse con sus hijos. Es necesario que lo puedan hacer sin tener que cruzar la frontera de forma irregular, y con garantías de que el menor sea entregado a quien realmente le quiere. Ese protocolo no existe. También hay que habilitar protocolos para una rápida búsqueda, identificación y localización de personas desparecidas o muertas. En los dos casos, hay que involucrar a las administraciones públicas, las de justicia, entidades sociales, familias y personas voluntarias que se involucran en estos procesos. La Unión Europea tiene una labor importante, de tal manera que unos padres que están en Alemania puedan reclamar a sus hijos que están en Andalucía.