DONOSTIA - La exigencia de una nueva Ley de Vivienda que "acabe con la fiscalidad que beneficia a los especuladores y a las rentas más altas" ha centrado las movilizaciones organizadas este sábado en las tres capitales vascas por una veintena de colectivos en demanda de "un cambio radical en la políticas de vivienda".

Diferentes organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos, entre los que se encuentran EH Bildu, Podemos y Ezker Anitza-EB, han expresado su respaldo a estas movilizaciones que en Donostia ha tenido lugar ante la delegación del Gobierno Vasco en Gipuzkoa, mientras que en Bilbao se ha desarrollado en la Plaza Moyúa y en Vitoria en la Plaza de la Virgen Blanca.

La movilización de la capital donostiarra ha contado con la participación de un centenar de personas, entre las que se encontraban la coordinadora general de Podemos-Ahal Dugu, Pilar Garrido, la dirigente de Ezker Anitza-EB Arantza González, y el edil de EH Bildu Markel Ormazabal.

Los participantes se han reunido durante varios minutos en los jardines de Alderdi Eder, ante el edificio del Ejecutivo autonómico, donde han desplegado dos pancartas con los lemas: "Por una ley que garantice la vivienda. Inor kale gorrian" y "Especulación, ni olvido ni perdón", al tiempo que han coreado lemas contra los "fondos buitre" y a favor del control de los alquileres.

Seguidamente, los congregados, muchos de los cuales portaban banderolas de Stop Desahucios, han iniciado una manifestación que ha recorrido las calles céntricas de la ciudad hasta finalizar en el Boulevard.

En este punto, el portavoz de Stop Desahucios Marcelino García ha leído un comunicado en el que ha asegurado que la nueva Ley de Vivienda estatal debe "impedir las maniobras de la banca, grandes inmobiliarias y fondos buitre", además de ser "una herramienta útil para que la vivienda se reconozca como un derecho de las personas" y "acabar con los deshaucios y el 'sinhogarismo'".

García ha insistido en la necesidad de que esta nueva norma haga que "prevalezca la función social" de las viviendas, "responda a las necesidades de las personas y ponga fin a la utilización" de este bien "como objeto de negocio".

Asimismo, ha recalcado que la nueva ley tiene que reconocer la vivienda "como un derecho subjetivo de las personas", además de "respetar el derecho internacional que prohíbe los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional".

García ha defendido también la necesidad de "ampliar el parque público de alquiler social"; "regular los alquileres en función de los ingresos"; "impedir la especulación"; "garantizar los suministros básicos de agua luz, gas y acceso a las telecomunicaciones" y proporcionar "una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios", entre otras reivindicaciones.