donostia - El paulatino descenso del número de demandantes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) permite el ahorro de un total de 20,5 millones en Euskadi, que hasta ahora iban destinados a la principal prestación económica mensual para complementar los ingresos familiares. Este montante será derivado a partir de ahora a programas dirigidos a la atención de los colectivos sociales más vulnerables.
Así lo indicó la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante su comparecencia en comisión en el Parlamento para desglosar las partidas de su departamento incluidas en el proyecto de presupuestos para 2020, que asciende a 1.021 millones de euros.
El Gobierno Vasco se ha propuesto consolidar el desempleo por debajo del 10% (en la actualidad está en el 9,2%), lo que se ha convertido en uno de los principales retos de la legislatura de este departamento. Para ello, el presupuesto de Lanbide asciende a un total de 886,7 millones de euros. Más de la mitad de esta cuantía se dirige a la inclusión social, y la mayor parte -449,5 millones-, al pago de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), que actualmente reciben un total de 53.000 personas, en una tendencia decreciente con respecto a los años más duros de la crisis.
En la medida que se reduce la partida global destinada a esta ayuda hay otras realidades que siguen llamando a la puerta, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia machista. Artolazabal insistió en el apoyo de su departamento a este colectivo e indicó que se ha aumentado en 200.000 euros la partida a financiar las ayudas, que asciende a 1,3 millones de euros.
Lanbide atiende con “discreción” cada año a aproximadamente 2.000 víctimas de la violencia machista y el próximo año habrá casi un centenar de tutoras laborales, unas dos por oficina, para atender a estas mujeres que se encuentran en una situación “compleja” que es preciso “distinguir y discriminar”, según avanzó la consejera.
Además, está previsto que un total de 275,7 millones de euros del presupuesto de Lanbide vayan a programas de empleo, lo que supone un aumento del 7,4%. El Gobierno Vasco contempla también una partida de 6 millones para ofrecer una atención personalizada en la inserción laboral.
Otra de las novedades que incluye la dotación presupuestaria es la puesta en marcha de un programa de bonos de impacto social para los parados de larga duración. La consejera asegura que se trata de una iniciativa “innovadora que no se ha puesto en marcha” en el Estado, aunque sí ha contado con experiencias positivas en otros países.
Se trata de un contrato “de pago por éxito” firmado entre una Administración pública y los inversores para financiar acciones sociales. Así, los inversores acuerdan poner dinero para esos planes y solo si los resultados buscados se materializan es cuando la Administración reembolsa a esos inversores el dinero invertido con un retorno financiero.
Esto “evita que la Administración invierta en programas fallidos”, puesto que el pago solo se va a realizar si se logran los indicadores fijados, según explicó. Lanbide tiene asignado un total de 114,35 millones a acciones formativas, lo que supone un incremento de 3,5 millones con respecto al ejercicio anterior.
colectivos desfavorecidos Artolazabal indicó que los Planes Locales de Empleo contarán con 22 millones de euros para promocionar a los colectivos más desfavorecidos y que con ellos “se generan casi 4.000 empleos”.
Además, los centros especiales de empleo contarán con 9,1 millones más, hasta los 50,6, y se van a destinar 84 millones a políticas de familia, con un incremento en 20,5 millones para la conciliación.
Artolazabal señaló que el Gobierno Vasco está “haciendo los deberes” ante posibles desaceleraciones y que el proyecto presupuestario atiende las necesidades y retos que Euskadi tiene para poder mantener sus estándares de bienestar. “Se trata de conseguir la máxima cohesión social”, trabajar por más y mejor empleo y hacerlo con un “presupuesto realista”, señaló la consejera.
Emplazó al diálogo para acordar las cuentas, sin olvidar la migración y la creciente diversidad cultural, “otra de las claves que debemos atender”. La inversión prevista es de más de 6 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 6%.
El reto para el año 2020 es continuar y completar la puesta en marcha de las acciones recogidas en el V Plan de Actuación en el Ámbito de la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración 2018-2020, según explicó la consejera. “Insistimos en la integr ación real y efectiva de las personas migrantes, y vamos a potenciar, junto con las entidades que trabajan en la interculturalidad, la atención a las nuevas necesidades”.
Así, a lo largo del 2020 está previsto reforzar recursos destinados a migrantes en tránsito y potenciar el Programa Harrera dirigido a personas de origen extranjero que desean asentarse en Euskadi. - N.G. / Efe
