donostia - Casi podría decirse que dibujó un escenario apocalíptico aunque, reparando en lo que viene ocurriendo en muchas grandes capitales, cobra total verosimilitud. Hasta en cuatro ocasiones pidió ayuda a las instituciones. Su alocución se convirtió casi en súplica, ante la cuenta atrás que “aterra” a las 540 familias que viven en pisos de alquiler social en Benta Berri, en el barrio donostiarra de El Antiguo. Sus viviendas han acabado en manos del fondo buitre Blackstone, cuyas prácticas condena la ONU, con consecuencias imprevisibles para los donostiarras, como incrementos de las rentas del 30%, como ha ocurrido en otros puntos del planeta. “Pido ayuda a la clase política porque van a romper la ciudad. En 2028 Benta Berri se va a ir al carajo. La gente está muy asustada. Va a haber desahucios masivos, sin ir más lejos, uno inminente: el de una vecina jubilada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salir a las barricadas?”.
Las palabras de Imanol Sáenz Asensio, presidente de Alokairu, asociación que vela por los derechos de los inquilinos de esta polémica promoción de viviendas, resonaron ayer con fuerza en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde compareció en la Comisión de Políticas Sociales a petición de Elkarrekin Podemos.
Las pancartas que cuelgan desde las ventanas “de esta promoción de pesadilla” han sido una constante desde hace dos décadas. El barrio, en apariencia idílico, como decía ayer el portavoz vecinal, pronto dejó de serlo para quienes “encontraron condiciones estrambóticas” en la firma de sus contratos. Hay vecinos que se han ido marchando estos años atrás temiendo lo que estaba por venir. “La licitación fue un desbarajuste y no hubo proporcionalidad. Daban 24 horas para dar el visto bueno al contrato de reserva. O lo tomabas o lo dejabas. Fue el primer desplante del Gobierno Vasco”, relató, demandando a las instituciones que no miren hacia otro lado ante el riesgo de caer en manos de la más feroz especulación inmobiliaria.
La operación urbanística de aquella época trajo consigo una expansión residencial del barrio que llegó a provocar un conflicto inicial de intereses entre el Ayuntamiento de Donostia y el Ejecutivo autonómico. Pero en concreto, son tres bloques de viviendas de alquiler las afectadas por el fondo buitre, una promoción especial y singular a todas luces. Se levanta en suelo público pero se concertó con dos empresas privadas. Por sus características, no guarda relación con el resto del parque inmobiliario vasco. Los inquilinos pagan los alquileres más elevados del Estado, teniendo en cuenta que se trata de viviendas de VPO. En torno a un 60%, con una media de 800 euros.
opción de compra inexistente Las viviendas fueron adjudicadas por sorteo en 1998. Para evitar el aumento abusivo de los alquileres sociales, el Ejecutivo vasco se encargó de la tasación de precios durante doce años, que después amplió a 30. A su vez, cedía su derecho de superficie a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso por un periodo de 75 años. “Nos dieron la opción de compra a los doce años, nos dijeron que así iba a ser pero esa opción nunca se materializó”, denunció ayer Sáenz Asensio.
Son viviendas de protección hasta 2028 y, con la fecha acordada cada vez más cercana, están viendo cómo con el curso de los últimos años las cosas van de mal en peor.
Las dos empresas de la UTE se fusionaron con Testa Residencial-Socimi, una de las compañías líderes en el sector de alquiler del Estado que gestiona hasta 12.000 viviendas en todo el Estado, entre ellas las VPO de Benta Berri.
El año pasado, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, cuyas prácticas han sido denunciadas por la ONU, se convirtió en el inversor mayoritario de estas viviendas. Si nadie lo remedia, la multinacional tendrá en el plazo de nueve años manos libres para hacer lo que le venga en gana, con subidas de rentas inasumibles. “Lo hemos intentado todo. Hemos tocado la puerta del Ayuntamiento, del Gobierno Vasco... a ver si nos podéis echar un capote y trasladar de nuevo nuestra preocupación”, insistió el portavoz vecinal.
Los vecinos denuncian que desde el primer momento asistieron a “un gran timo del que no les informaron debidamente”, dejando las VPO en manos de dos empresas que cotizaban en el Ibex 35, con el fondo de inversión estadounidense Blackstone ahora a la cabeza. “Este fondo está rompiendo la fisionomía de las ciudades. Lo ha demostrado en Valparaíso, Toronto... Entran a saco, suben los precios y a partir de ahí que cada uno se busque la vida. Llevamos 21 años residiendo aquí. Sospechamos que el 60% nos tendremos que ir de casa. Tenemos arraigo. Mis hijos se han criado aquí, tienen su cuadrilla y sus vínculos, como la señora que está a punto de ser desahuciada. Hemos asistido a muchas promesas incumplidas, y nos hemos empezado a asustar mucho. Pedimos que no se venda el suelo porque a partir de 2028 esto va a ser barra libre, en pleno centro de la ciudad, con Benta Berri yéndose al carajo”.
Quizá por la vergüenza y el carácter guipuzcoano, aventuró, no han sabido hasta hace poco que había vecinos que estaban siendo desahuciados. Sí trascendió uno de estos dramas familiares en marzo. En concreto, el de una familia residente en la urbanización que estuvo a punto de perder la vivienda. La pareja había ingresado en enero las cinco rentas adeudadas, pero el fondo buitre mayoritario de la UTE no suspendió el desalojo hasta la intervención de Stop Desahucios.
La familia, un matrimonio (Bea y Txomin) con dos hijos, debían cinco cuotas de 778 euros debido a una enfermedad que mantuvo al hombre seis meses de baja, y que posteriormente acabó con su despido. Aunque no se personaron contra la orden del desahucio dentro del plazo estipulado -lo que permitió a la UTE proseguir con la actuación-, la familia ingresó la deuda completa el pasado 17 de enero. El fondo de inversión continuó sin retirar el aviso, y la familia puede contarlo gracias a la intervención de la plataforma.
Nuevamente regresa ahora la pesadilla. Según reveló el portavoz, “tenemos otra orden de desahucio de una vecina que lleva viviendo en Benta Berri desde 1998”. Se trata de una mujer jubilada que solicitó una permuta. Está abonando 800 euros por tres habitaciones que no necesita, ya que vive sola. “Avisó con tiempo que se iba a jubilar, que no iba a disponer de los ingresos suficientes”. A este respecto, una de las reclamaciones que ha trasladado la asociación al Gobierno Vasco es que contacte con la UTE para que haga posible la permuta. “Hay familias con dos hijos y una sola habitación, mientras que otros están deseando cambiarla porque les sobra espacio”.
A preguntas de los junteros, el portavoz respondió que la posibilidad de que el Gobierno Vasco se haga con la promoción es impensable. “Es complicado porque estamos hablando de un precio muy elevado y la población se le echaría encima. Lo tengo clarísimo. Pero pueden interceder, y tienen un equipo jurídico que nos podría asesorar por dónde tirar”. Los vecinos han mantenido un sinfín de reuniones con el Ejecutivo vasco, y su respuesta se repite como un mantra: se trata de un contrato “privado y legal” ante el que “nada” pueden hacer.
