Europa condena a España por quinta vez desde 2010 por no investigar torturas

donostia - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó ayer al Estado español por quinta vez desde 2010 por no investigar una denuncia de torturas. Una lista que podría incrementarse en el futuro después de que la corte admitiera a trámite en enero la demanda interpuesta por los miembros de ETA Mattin Sarasola e Igor Portu contra la absolución de cuatro guardias civiles que fueron acusados de torturarles tras su detención en 2008. En el fallo que se dio a conocer ayer, el tribunal con sede en Estrasburgo, ha amparado al presunto miembro de Ekin Jon Patxi Arratibel Gartziandia, que denunció haber sido objeto de malos tratos durante el periodo en el que permaneció incomunicado tras ser arrestado en una operación contra el aparato político de ETA llevada a cabo en enero de 2011 en Nafarroa. En cambio, rechaza su petición de indemnización al haber solicitado la misma fuera de plazo.

Según la sentencia de la Sala Tercera del tribunal europeo, el Estado español vulneró el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -referido a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes- en su vertiente procesal. Explica que Arratibel permaneció cinco días en arresto incomunicado y no estuvo asistido por ningún abogado. En opinión de los miembros del tribunal, el juez instructor de Iruñea que investigó los hechos en primera instancia se limitó a examinar los informes de los peritos forenses y a tomar declaración al denunciante por videoconferencia y no reclamó las grabaciones del periodo de detención ni interrogó a los agentes de la Guardia Civil que participaron en el arresto. Dicho juez consideró que no había indicios de maltrato, y los posteriores recursos presentados contra esta decisión, hasta llegar al Tribunal Constitucional, también fueron rechazados. La corte europea concluye en cambio que la investigación “no se hizo a fondo ni fue efectiva”.

El fallo explica que una ausencia total de comunicación con el exterior exige “un esfuerzo más importante por parte de las autoridades nacionales para determinar los hechos denunciados”. Así, considera que “una audición de los agentes encargados de la vigilancia durante su detención incomunicada hubiera podido contribuir al esclarecimiento de los hechos, en un sentido o en otro”. El TEDH insiste en que la “situación de vulnerabilidad particular” de los detenidos incomunicados impone la aplicación rigurosa de medidas de vigilancia apropiadas para “evitar los abusos y proteger” su integridad física. Recomienda además mejorar el examen forense al que se les somete.

En su demanda, Arratibel Gar-tziandia aseguró que, durante su detención incomunicada en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, fue obligado a hacer flexiones con los tobillos atados, fue desnudado con amenazas de colocación de electrodos en los testículos y su pene fue introducido en una botella de plástico llena de agua. Amaiur pidió ayer a Moncloa que derogue el régimen de incomunicación.

El TEDH ya condenó al Estado español por no investigar denuncias de torturas en 2010 en el caso de Mikel San Argimiro, que tras ser detenido en 2002 presentó varias lesiones, incluyendo una costilla rota. En 2011, resolvió en favor de Aritz Beristain, también arrestado en 2002 y que denunció malos tratos e incluso una violación anal con un objeto. El exdirector de Egunkaria y actual director de Berria, Martxelo Otamendi, ganó su recurso en Estrasburgo en 2012, y el pasado octubre el tribunal condenó al Estado a indemnizar con 53.000 euros a Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun, que presentaron sus denuncias tras ser detenidos como presuntos miembros de ETA y Segi, respectivamente.

Sistema de garantías El ministro de Justicia, Rafael Catalá, expresó ayer su “máximo respeto” a las sentencias del tribunal europeo y valoró que las mismas “también nos ayudan a perfeccionar y mejorar nuestro sistema de garantías”. En el transcurso de un acto en Bilbao, agregó que el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando para seguir incorporando en el derecho español más elementos de garantías, por ejemplo en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.