a LREDEDOR de 1.000 personas ejercen la prostitución en Gipuzkoa, repartidas en más de un centenar de pisos, una veintena de clubes de alterne y, residualmente, en la calle. En este último caso, Irun concentró movimiento de este tipo en el barrio de San Miguel y la zona centro, si bien el Ayuntamiento emitió una Ordenanza para prohibir la prostitución callejera, lo que se tradujo en una treintena de sanciones durante el pasado año. En las últimas semanas, sin embargo, se ha observado a mujeres que ofrecen sus servicios a pie de calle en el barrio de Behobia.
En todo caso, son datos aproximados dada la fluctuante movilidad de un colectivo con intensa presencia en el territorio, ya que es un enclave de gran tráfico de camiones y limita con territorio francés, más restrictivo con el comercio sexual.
Irun y la zona de Donostialdea concentran el mayor número de casas de citas y viviendas dedicadas a este negocio, según la asociación Aukera, que ofrece un servicio de orientación y apoyo a la persona que ejerce la prostitución de forma libre y voluntaria.
En función de la experiencia de esta agrupación, fundada en 1998 y que durante este año ha atendido a cerca de 600 personas, estos son los rasgos que caracterizan a esta actividad en suelo guipuzcoano en estos momentos.
Procedencia y perfil
Joven y extranjera
La mayor parte de las meretrices proviene de América Latina y, mayoritariamente, de Colombia y Brasil. En segundo lugar están las mujeres del Este, a las que siguen las del Magreb, África Subsahariana y Europa occidental.
Según el estudio sobre la prostitución en Gipuzkoa realizado por el criminólogo Dionisio Benito, el perfil de la mujer que ejerce este oficio es el de una joven, de entre 20 y 30 años (39%) y 31 a 40 (31%) y posee un nivel de estudios básico.
En su gran mayoría vienen de zonas rurales y de familias desestructuradas donde eran víctimas desde su niñez por rupturas matrimoniales o de noviazgo, falta de recursos para el cuidado de sus hijos, dependencia por necesidad para sustentar a sus hermanos o padres.
Pero a esta lista se han sumado, paulatinamente, un porcentaje de personas autóctonas de Euskadi y otras comunidades autónomas debido a que su débil situación económica les ha empujado a ofrecer servicios sexuales.
"La crisis ha provocado que gente que lo había dejado para entrar en otras líneas laborales y había normalizado su vida haya tenido que retornar por la falta de ofertas de trabajo, mientras que otras personas se han incorporado ante la imposibilidad de encontrar un empleo", señala Shandra Martínez, técnica de Aukera.
Algunas mujeres llegan por primera vez a ese negocio para que su economía familiar pueda salir a flote. Estas mujeres vascas o del resto del Estado ejercen, por lo general, en pisos diurnos y luego regresan a sus casas a dormir, donde les aguarda la familia. El colectivo inmigrante, por su parte, reside en pisos las 24 horas al día, donde también ofrecen sus servicios sexuales.
El estudio de Benito también describe los rasgos de la prostitución masculina. Se trata de un joven mayoritariamente de origen brasileño, soltero y, por lo general, con estudios primarios. Todos ellos trabajan en pisos relax de Donostia y prestan servicios a homosexuales.
crisis y tarifas
Ha llegado el regateo
Como en otros lugares, la crisis no es ajena a este mundo y la escasez de dinero se refleja en esta circunstancial compraventa. Sonia Vega, técnica de Aukera, describe que, hasta hace pocos años, "si un cliente acudía a un club tres veces al mes, ahora lo hace una e intenta sacarlo por menos precio".
En este sentido, la tarifa existente en Gipuzkoa antes de la recesión se situaba en torno a los 50 euros por media hora de encuentro sexual y alrededor de 100 la hora. Actualmente, en el primero de los casos se pagan 30 euros. "El cliente intenta ahora rebajar el precio, trata de aprovecharse de la situación regateando, lo que repercute negativamente en la persona que ejerce la prostitución", especifica Vega.
La rebaja tarifaria incide directamente en estas mujeres dado que tienen establecido un reparto de beneficios al 50% con los dueños de los pisos. Todo ello provoca una gran movilidad geográfica a otras zonas con más actividad. "Mucha gente se está yendo fuera, a otros países de Europa. Esta situación deja en una mayor vulnerabilidad personal porque tienen que manejarse en las claves de ese país", detalla Vega.
sanidad
Preocupación por la tarjeta sanitaria
La salud es uno de los aspectos más delicados en las personas cuyo trabajo se basa en los contactos sexuales. Martínez pormenoriza que la mayoría de ellas "son muy conscientes de la utilización del preservativo" en las relaciones coitales, si bien "todavía hay algo de resistencia en las bucogenitales debido a que un sector de la clientela demanda este servicio sin protección".
"Son muy conscientes de cuidarse y son las primeras que lo utilizan y quieren hacer uso de él. Pero algunas ceden a la exigencia del cliente en las relaciones orales por no perder negocio", señala Martínez.
Un aspecto que preocupa sobremanera a las integrantes de Aukera es el decreto del Gobierno central que dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, a los que la sanidad pública solo les atiende en urgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Pese a que en Euskadi se mantiene la cobertura universal, muchas de las prostitutas no se encuentran empadronadas en territorio vasco. "Hay movilidad y la prostitución no tiene reconocimiento laboral con lo que es inviable, no pueden cotizar a la Seguridad Social por su alegalidad. Nos preocupa la situación de aquí a un tiempo. Están en el desamparo total. No tienen derecho a este servicio cuando la prostitución es un ejercicio de alto riesgo para la salud", lamenta Martínez.
franceses
Diferencias legales a ambos lados del Bidasoa
La clientela gala siempre ha abundado en los clubes de alterne guipuzcoanos. Esta masiva afluencia se debe a las restrictivas leyes existentes en el Hexágono respecto al comercio sexual que, con solo cruzar el Bidasoa, se convierten en una anécdota.
Este acotamiento del comercio sexual en Francia se remonta a 1946, cuando el gobierno del General De Gaulle prohibió las maison closes (burdeles). En 1960, el gobierno de Georges Pompidou ratificó la convención de la ONU con la trata de seres humanos y la explotación de la prostitución ejercida por otros.
En 2003, una ley introducida por el expresidente Nicolás Sarkozy prohibió la estancia en lugares señalados como zonas de prostitución con "ropas reveladoras". Esta tendencia se ratificó el año pasado, cuando la Asamblea Nacional gala adoptó una resolución que establecía como objetivo el lograr una "sociedad sin prostitución".
El texto prevé penalizar al cliente, como ocurre en Suecia desde 1999, un modelo seguido desde entonces por Islandia y Noruega. Quienes soliciten los servicios de una prostituta se enfrentarían a una pena de dos meses de cárcel y a una multa de 3.750 euros.
Con todo, según una encuesta del NID (Association de Réinsertion des Victimes de la Prostitution), realizada en el año 2004, uno de cada ocho varones galos había mantenido relaciones sexuales con una meretriz al menos una vez en la vida. El 37% de ellos viven en pareja y el 50% son padres de familia.
