El martes 27 de mayo, los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE) volverán a debatir si el euskera, catalán y el gallego pueden convertirse oficialmente en lenguas de la UE. La propuesta, impulsada por el Gobierno español desde que asumiera la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, lleva meses sobre la mesa, pero hasta ahora no se había logrado el consenso necesario.
En esta ocasión, se ha conseguido llevar el tema a la siguiente reunión del Consejo de Asuntos Generales (GAC) que se celebra una vez al mes a petición del Gobierno español. Polonia, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde, por tanto, fijar el orden del día de las reuniones, publicó ayer la agenda del próximo GAC, en la que el tema aparece para una posible “modificación del reglamento que determina las lenguas de uso por la Comunidad Económica Europea”, aunque no han trascendido aún los detalles de la propuesta que se pondrá sobre la mesa de los Embajadores Permanentes ante la UE (Reper).
No obstante, las fuentes del Gobierno español consultadas por este periódico no quisieron confirmar si la cuestión se someterá a votación ese mismo día 27 ya que prefieren ser cautos. Al igual que el posible éxito de la misma ya que para que salga adelante se necesita la unanimidad de los Veintisiete y a nadie se le escapa las reticencias políticas, económicas y legales de algunos de los socios europeos, en especial, de algunos Estados del este.
El Ejecutivo español insiste en que lograr la oficialidad de las lenguas es una prioridad porque son tres idiomas cooficiales en el Estado y forman parte de su identidad y recuerda que estas tres lenguas se pueden emplear en tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Unos argumentos con los que desde Exteriores han querido rebatir los temores a esos países, principalmente, que se han opuesto a la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego por temor a que pueda servir de precedente para que las minorías rusófanas puedan reclamar lo mismo a sus gobiernos.
En todo caso, será la segunda ocasión en que el Gobierno español intenta la oficialidad de las lenguas cooficiales pero de prosperar sería la primera en la que los países lleguen a celebrar la votación.
La anterior se produjo en septiembre 2023 cuando España fijaba la agenda del Consejo ya que ostentaba la presidencia de turno europea y el asunto figuró igualmente como punto para adopción, pero ante la falta de apoyos se optó por dejarlo únicamente en debate y no se llegó a someter a votación.
Asumir los costes
Para superar las reservas de sus socios, el Gobierno español se ha ofrecido a asumir todos los costes que supondría el uso de las tres lenguas en las instituciones –a pesar de que el reglamento establece que el reconocimiento implica la financiación comunitaria–, aunque por el momento no se ha puesto cifra a lo que supondría.
En diciembre de 2023, la Comisión Europea ofreció una estimación de 132 millones de euros al año (44 millones por lengua) pero avisó de que era un cálculo muy preliminar basado únicamente en la experiencia previa del gaélico.
La propuesta del Ejecutivo Sánchez –aún queda por definir si se hace en su totalidad o de forma gradual– quiere que estas lenguas tengan el mismo estatus que el resto de idiomas en las instituciones europeas. Es decir, que se puedan usar en el Parlamento Europeo, que se traduzcan documentos oficiales y que los ciudadanos puedan comunicarse en ellas en su relación con Bruselas.
