Túnez no es un refugio "seguro" para los migrantes y refugiados negros africanos, víctimas de graves abusos por parte de las fuerzas de seguridad, por lo que la Unión Europea debe suspender su apoyo financiero destinado al control migratorio, advirtió este miércoles Human Rights Watch (HRW) en su último informe.
"Túnez no es ni un lugar seguro para el desembarco de nacionales de terceros países interceptados o rescatados en el mar ni un "tercer país seguro" para el traslado de solicitantes de asilo", señaló HRW, que documentó todo tipo de abusos, incluidas palizas, tortura, detenciones arbitrarias, expulsiones colectivas, desalojos forzosos y robo de dinero y pertenencias.
La Comisión Europea y Túnez firmaron este domingo un memorando sobre una nueva "asociación estratégica" que implica un paquete macrofinanciero por valor de 1.000 millones de euros, incluidos 105 millones de euros para la gestión de fronteras, búsqueda y salvamento, lucha contra el contrabando y retornos.
Dicho texto- que debe ser aprobado formalmente por los estados miembros de la UE- no incluye garantías "serias" de que las autoridades eviten violaciones de los derechos humanos por lo que la organización pidió su suspensión para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de su impacto.
Entre 2015 y 2022, recordó la ONG, la UE ha financiado políticas relacionadas con la migración irregular en Túnez, incluyendo el refuerzo y equipamiento de los guardacostas para prevenir y detener las pateras, con entre 93 y 178 millones de euros a través de diferentes acuerdos y no siempre de manera transparente.
Detenciones arbitrarias
A principios de julio cerca de 1.200 personas negras africanas- incluidos ciudadanos con permiso de residencia y solicitantes de asilo- fueron detenidas en redadas masivas y arbitrarias, expulsadas o trasladadas a la fuerza a las fronteras terrestres con Libia y Argelia, sin acceso a agua, comida o asistencia humanitaria.
Tras más de una semana, cerca de 600 personas- entre ellas una treintena de menores y varias mujeres embarazadas- han sido realojadas en refugios y otras instalaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en las regiones del sur del país y al menos 200 habrían mostrado su interés por el "retorno voluntario" según la Media Luna Roja.
Sin embargo, al menos un centenar de ellas continúan atrapadas en la frontera con Libia y, algunos testimonios aseguran que varias personas habrían muerto o habrían sido asesinadas tras su expulsión aunque Human Rights Watch no pudo confirmar dicha información.
Discurso racista de Túnez
Pese a que la mayoría de abusos documentados tuvieron lugar entre 2019 y 2023, explicó el informe, la mayor parte ocurrió tras el discurso "racista" del presidente Kais Said, que el pasado febrero pidió a las fuerzas de seguridad tomar medidas urgentes contra las "hordas" de migrantes que forman parte de una "conspiración" para cambiar la identidad "arabo-musulmana" de Túnez.
Principal ruta hacia Europa
"La "externalización" fronteriza- prevenir las llegadas mediante la externalización de los controles migratorios a terceros países- se ha convertido en un elemento central de la respuesta de la UE a la migración y ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos", lamentó el informe.
En el primer semestre del año, Túnez ha superado a la vecina Libia como punto de partida de la migración irregular y, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de las cerca de 70.000 llegadas a Italia, 37.700 lo hicieron desde la costa tunecina.
Durante el mismo periodo, las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 3.500 migrantes en situación "irregular" e interceptaron a más de 23.000 personas que trataban de cruzar el Mediterráneo central, la ruta más mortífera que se conoce.
