La Comisión Europea denunciará a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su legislación que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación, inicialmente planteada como una norma para luchar contra la pedofilia pero que ha despertado duras críticas por su carácter discriminatorio contra el colectivo LGTBIQ+.

En un comunicado, la Comisión determinó que la ley viola las normas del mercado interior, los derechos fundamentales de las personas (en particular de las personas LGBTIQ) así como -en relación con esos derechos fundamentales- los valores de la UE.

"La ley húngara, en particular, señala y persigue los contenidos que 'promueven o representan' lo que denomina 'la divergencia de la identidad propia correspondiente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad' para los menores de 18 años", explicó el Ejecutivo comunitario.

El envío del caso a la corte europea con sede en Luxemburgo es el paso final de un proceso que comenzó a inicios del verano de 2021 con el envío por parte de varios comisarios de una carta a Budapest para expresar dudas por su compatibilidad con la legislación europea, no solo respecto a sus valores fundamentales sino a otras, como la ley de servicios audiovisuales.

Tras un año con el expediente abierto, las autoridades húngaras "no han abordado suficientemente las preocupaciones de la Comisión en relación con la igualdad y la protección de los derechos fundamentales" ni se han comprometido a ningún cambio para remediar las incompatibilidades de la ley con las directivas comunitarias y no incluyeron ningún compromiso para remediar la incompatibilidad.

Budapest ha justificado de manera continuada su legislación como necesaria para la protección de la infancia, pero Bruselas considera que la ley contiene varias disposiciones que "no están justificadas en función de la promoción de este interés fundamental" o son "desproporcionadas para lograr el objetivo declarado".

En concreto, la Comisión opina que la ley húngara viola las directivas sobre servicios de medios audiovisuales en cuanto a la libre prestación de servicios transfronterizos de medios audiovisuales, la directiva sobre comercio electrónico, el principio de libre prestación de servicios, el derecho a la protección de datos o la directiva sobre la transparencia del mercado único.

La ley húngara "también viola de forma sistemática varios derechos fundamentales", como la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión e información, el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación.

En otro caso la Comisión anunció también que llevaría a Hungría ante la justicia europea por no renovar la licencia de emisión de Klubradio, una de las emisoras más críticas con el Gobierno de Viktor Orbán, por supuesta violación de la directiva europea sobre comunicaciones electrónicas, que prevé que los derechos de radiofrecuencias se asignen de forma objetiva, transparente y no discriminatoria.