Corrupción

Podemos empezar por un ejemplo que ha precipitado la inhabilitación del Fiscal General del Estado. La historia empieza con un intento de regularización de la situación fiscal de un defraudador a la Hacienda Pública a la sazón pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. La regularización constituye el spa jurídico del ladrón moderno. 

Imagine el lector que un día le roban 350 mil euros, que usted llama a la policía y esta en sus indagaciones se entera de la personalidad del ladrón y éste le comenta de que antes de que el asunto vaya a más propone devolver lo robado, pagar una multita y nos olvidamos del asunto. 

La situación anterior que de facto deroga el art. 305 del Código Penal está prevista en la Ley General Tributaria (art. 252) que posibilita a quién incurra en una responsabilidad penal se le aplica una suerte de detergente jurídico que limpia las manchas de la intención delictiva. ¿Qué ocurriría si este criterio se utilizara para la mayoría de los injustos penales previstos en el Código Penal?

Lo bueno de esta historia es que empieza con una tergiversación de la realidad realizada por el ínclito Miguel Ángel Rodríguez. Hacienda no llegó a ningún acuerdo porque no podía hacerlo: habría sido ilegal. González Amador superó en dos ejercicios el límite del delito fiscal: un fraude de más de 120.000 euros anuales. En esos casos, la Agencia Tributaria está obligada a denunciar y el acuerdo ya nunca puede ser con Hacienda, sino con la Justicia. 

No obstante lo anterior y recurriendo a su fértil imaginación MAR afirmó ,según lo que él mismo denominó suposición, que existía una oferta de la Fiscalía para regularizar y según órdenes de arriba no solo se impidió la conformidad sino que se filtró a distintos medios de comunicación la noticia.

El artículo 456 del Código Penal vigente sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Lo curioso de este episodio de naturaleza que hubiese formado parte de la novela de Baroja llamada Siluetas Románticas, nadie ha accionado penalmente contra el autor originario de la tramoya, Miguel Ángel Rodríguez, a pesar de su reconocimiento expreso de la comisión del delito.

Convivimos con otros casos de corrupción que afectan a los dos partidos mayoritarios y que se utilizan recíprocamente para su erosión política.

En relación a Ábalos, Koldo y Cerdán el Instructor de la causa, acredita que José Luis Ábalos, actuando en connivencia con su asesor Koldo García, y con el también investigado Víctor D.A., habría favorecido la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión, sendos contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del covid-19, obteniendo los dos primeros las correspondientes e indebidas prestaciones económicas y beneficiándose el último de la comisión correspondiente.

Parece que estas mordidas y todas estas afirmaciones las hago en carácter presunto, se dedicaban además de al enriquecimiento injusto a una serie de actividades, vamos a denominar de carácter lúdico por no afirmar actos escabrosos y machistas, que en breve serán sancionados por la correspondiente resolución judicial. 

No obstante quien utiliza esto como ariete contra el gobierno de Pedro Sánchez presumiendo, por enésima vez, que es el momento para su abdicación, debería adornarse de una mayor legitimidad.

En el peor de los momentos al Partido Popular le ha estallado en las manos la corrupción en la Diputación Provincial de Almería, le ha estallado también algo que puede tener una dimensión realmente grave y que afecta al exministro Montoro que presuntamente modificaba las leyes tributarias para beneficiar a un determinado despacho profesional al que pertenecía.

El Partido Popular fue el primer partido político condenado por corrupción en la historia democrática de España. La sentencia del caso Gürtel, en 2018, destapó una red de sobornos, adjudicaciones irregulares y financiación ilegal. Aquella decisión judicial provocó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy del Gobierno y situó a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Siete años después, la sombra de Gürtel sigue proyectándose sobre el PP. Los tribunales mantienen abiertas una treintena de causas que afectan a exministros, expresidentes autonómicos y cargos actuales. El caso Gürtel fue el epicentro de una red de corrupción institucional que operó durante una década. El empresario Francisco Correa, junto con políticos del PP, amañó contratos públicos a cambio de sobornos y favores. Tres condenas después, aún queda una pieza pendiente de juicio. La trama Púnica, descubierta en 2014, mostró cómo se utilizaban las instituciones para financiar ilegalmente campañas electorales. Implicó a figuras como Francisco Granados o Esperanza Aguirre y supuso más de 250 millones de euros en adjudicaciones irregulares.

El caso Kitchen completa el triángulo de la corrupción. Durante el Gobierno de Rajoy, el Ministerio del Interior creó una brigada parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y recuperar pruebas comprometedoras. El juicio se celebrará en 2026, con el exministro Jorge Fernández Díaz entre los acusados.

En otro ámbito y por pertenecer a distintas comisiones de investigación parlamentaria pude conocer la decadencia del gobierno de Felipe González y su caída rodeado de casos de corrupción que afectaron al director de la Guardia Civil, al gobernador del Banco de España por no citar la organización de la guerra sucia y las ejecuciones extrajudiciales o parapoliciales contra ETA o miembros de la izquierda abertzale.

Preconizar la regeneración democrática parece que es como proclamar en el desierto, pero solo parece. Si seguimos a Aristóteles en sus lecciones de ética acabar con la corrupción empieza por exigir ejemplaridad a los poderes públicos y termina por la ejemplaridad que debemos practicar cada ciudadano, utopía?