Financiación singular, agencia tributaria propia, solidaridad fiscal interterritorial… son enunciados que en las últimas semanas han aludido al sistema que regula las relaciones financieras y tributarias entre el Reino de España y los territorios de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa: el Concierto Económico [Convenio Económico en el caso navarro].
Este modelo, vestigio de la independencia fiscal de las regiones del euskera, se ha enfrentado en distintas etapas históricas a la recurrente pulsión centralista del Estado español. También durante la II República (1931-1936).
En el primer bienio republicano (1931-1933), los partidos españoles de izquierdas no habían querido convocar elecciones provinciales por temor a que las Diputaciones quedasen en manos del PNV. En su lugar, se crearon unas ineficientes Comisiones Gestoras gubernativas que no consiguieron calmar la reivindicación popular de celebración de elecciones territoriales: “Es hora de que cesen estas dictatoriales Gestoras. No nos merecen ningún respeto. No pueden merecernos en buena doctrina democrática”, afirmaba el editorial del diario abertzale El Día de Donostia.
En el verano de 1934, con un gobierno español dirigido por el derechista Partido Radical, surgió en el País Vasco un movimiento municipalista como consecuencia de un tema de índole económico pero con un trasfondo claro: los deliberados retrasos españoles para poner en marcha un Estatuto de Autonomía para alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Los diputados abertzales rechazaron una propuesta legislativa de modificación de los gravámenes sobre el consumo del vino (“Estatuto del Vino”), entendiendo que suponía la ruina de las haciendas vascas y una vulneración del Concierto Económico que determinaba que las disposiciones del Gobierno español y del parlamento en materia tributaria debían detenerse en las fronteras vascas.
La cerrazón del ministro de Hacienda Manuel Marraco a reconocer la especificidad vasca –“No hay fronteras dentro del Estado. La desgravación de los vinos vendrá”– hizo que el PNV, Izquierda Republicana y el PSOE crearan un movimiento municipalista en apoyo al Concierto Económico. Dicha iniciativa convocó una Asamblea de Municipios Vascos en Bilbao para el 5 de julio que solicitó por unanimidad al presidente del Gobierno, el radical Ricardo Samper, la convocatoria de elecciones provinciales. En aquella cita, se acordó nombrar una comisión provisional en cada provincia hasta que los ayuntamientos eligiesen la Comisión definitiva en defensa del Concierto, en reunión prevista para el 12 de agosto.
El Gobierno español prohibió la convocatoria del 12 de agosto considerándola ilegal. Aunque la cita se celebró, más de 70 alcaldes vascos habían sido detenidos y confinados en sus casas. Tras esta abrupta reunión, los comisionados electos convocaron para el 2 de septiembre una asamblea en Zumarraga (lugar donde en 1905 se celebró la reunión de la Liga Foral Autonomista) a la que fueron invitados diputados a Cortes vascos y catalanes.
La ola de represión antimunicipalista hizo que muchos alcaldes y concejales nacionalistas y de izquierdas optaran por abandonar sus cargos y dejar los consistorios en manos de comisiones de mandato español. Los ediles dimisionarios fueron procesados por un supuesto delito de abandono de funciones. El diputado y abogado abertzale Manuel Irujo fue el defensor de la mayoría de ellos.
No obstante, la convocatoria en la villa del Alto Urola seguía en pie y el alcalde de Donostia, el republicano Fernando Sasiain, continuaba recibiendo telegramas de adhesión al acto desde Catalunya por parte de republicanos de izquierda, agrarios socialistas, radicales demócratas y otros. Al mismo tiempo, el alcalde de Bilbao, Ernesto Ercoreca, confirmó que a la Asamblea acudirían los Comités Ejecutivos de las comisiones intermunicipales de las tres provincias, parlamentarios vascos y alcaldes de Navarra.
El 1 de septiembre, el primer edil donostiarra anunció la llegada a la Estación del Norte de los parlamentarios catalanes y pidió a la población evitar estridencias que pudieran acarrear el choque con la fuerza pública: “Euskaldunak euki, euki, beti euki”.
El Gobierno, contumaz en la represión antidemocrática, procedió a la detención y “retención” de los miembros pertenecientes a los Comités Permanentes de los ayuntamientos y el gobernador civil de Gipuzkoa Sr. Muga recibió orden exhaustiva de impedir la Asamblea.
En aquel contexto represivo, Francisco Javier Landaburu, al tener noticia de la detención de los alcaldes de Araba, cursó un despacho al ministro de la Gobernación : “Ley Orden Público no autoriza a los gobernadores prohibir circulación por territorio del Estado, confundiéndoles con delincuentes peligroso cuando tratase de representantes dignísimos voluntad pueblo”. Asimismo, el secretario del PNV de Gipuzkoa Sr. Lizaso y los diputados Monzón e Irujo tuvieron que personarse en Oiartzun al haber recibido noticia de que el alcalde de la localidad, señor Beldarrain, se encontraba retenido en su domicilio.
Al llegar los parlamentarios a la vivienda para “liberar” al alcalde, el comandante de la Guardia Civil ordenó a sus subordinados cargar sus fusiles. Tal como narra El Día, “El ruido de los cerrojos de los fusiles para introducir el cargador levantan gritos de angustia en la madre y hermanas del señor Beldarrain, que presencian la escena presa del pánico. El señor Irujo avanza a cuerpo limpio hacia los guardias y con vivo gesto y voz enérgica –que ponen espanto en los presentes, porque la tragedia es inevitable si hablan las bocas de los fusiles– pide a los guardias en nombre de la justicia que depongan su actitud. Jamás hemos oído de labios del señor Irujo una oración más inspirada, robusta de razonamiento e impresionante por el acento. Y el jefe de las fuerzas ordena que los guardias retiren de sus hombros las culatas de los fusiles con que encañonaban a un alcalde que no cometía otro delito que el de salir de su casa. Las palabras de Irujo electrizaron de emoción a los presentes que al ver al señor Irujo llorar de emoción en aquel instante solemne prorrumpieron en gritos de ¡Gora Euzkadi! y ¡Viva la libertad! Finalmente, se decidió que el alcalde de Oyarzun se presentara en el Gobierno civil acompañado de los dos diputados. Estos hicieron saber al gobernador el extremo intolerable al que habían llegado sus agentes de apuntar con sus fusiles a dos diputados. El gobernador dijo que no se habían dictado tales órdenes. El señor Muga, diplomáticamente, vino a decir que no se habían interpretado bien sus disposiciones y comentó sonriente que lo ocurrido no había tenido importancia”.
En Bizkaia, la situación era análoga. El representante de Getxo fue detenido en su domicilio, el de Galdakao al disponerse a tomar el tren para trasladarse a Donostia y el señor Gaubeca, alcalde de Mungia, fue perseguido por la policía durante todo el día. A 15 concejales de Barakaldo se les aplicó la prisión atenuada.
El 2 de septiembre, Zumarraga presentaba el aspecto de los grandes días pero la fuerza pública impedía a los concejales del pueblo entrar en su casa consistorial y la localidad permanecía copada por 400 guardias de asalto.
Tras la llegada del convoy de autoridades, que fueron recibidos con aplausos, irrintzis y goras, se emprendió la marcha hacia el ayuntamiento. Aunque el capitán de los guardias de asalto trató de disolverla con porrazos y culatazos, la manifestación continuó hasta alcanzar el edificio municipal. Al llegar ahí a los sones del Alkate soñua, los diputados exhibieron en alto sus carnets y la guardia armada que siguió utilizando la violencia, se vio desbordada por la avalancha de gente. Se había mascado la tragedia.
El gobernador civil quiso impedir la celebración de la asamblea. El diputado Irujo le respondió: “Usted tendrá las órdenes que quiera pero nosotros las tenemos del pueblo a quien nos debemos”. El diputado socialista Indalecio Prieto presidió la asamblea por ser el diputado con mayor representación parlamentaria en su calidad de exministro.
Prieto, proclamando su solidaridad con los represaliados, desechó la propuesta de delegar en los parlamentarios las decisiones que se pudieran adoptar en la asamblea: “Después de haber presenciado en la estación de Achuri el atropello que se cometió con legítimos representantes del pueblo bilbaíno, a quienes se sacó violentamente de los vagones del tren, no es lícito que los parlamentarios adopten por sí resoluciones que competen en exclusiva a los concejos vascongados. Son sus alcaldes los más legítimos representantes del país lo mismo en sus estrados edilicios que en las mazmorras de la prisión”.
El señor Prieto solicitó que para finalizar la Asamblea se entonara el Gernikako Arbola. José Antonio Agirre abrió las ventanas del Consistorio para que el pueblo, que había sido alejado de la plaza por la carga policial, pudiera escucharlo a lo lejos. Se gritaba ¡Abajo la dictadura!, ¡Viva la república vasca! y ¡Gora Euzkadi askatuta!
Así, con un orden del día que continuaba pendiente, finalizó aquella asamblea. El pueblo vasco había demostrado que conservaba íntegra su dignidad y entereza cuando de defender sus derechos inalienables se trataba. ¡Zumarragako izpiritua, lehen, orain eta beti!
Doctor en Historia Contemporánea
