En varios barrios de Donostia (y en otros sitios, no somos nada originales) hay un cierto malestar en algunos vecinos por las conductas incívicas y, en ocasiones, delictivas de algunos jóvenes magrebíes. De ahí pasan a responsabilizar de esos actos a todos los jóvenes de ese perfil y pedir una actuación policial más severa con todos ellos.
Ahí tenemos el cóctel perfecto para que aniden todo tipo de actitudes xenófobas. Y ya está habiendo quienes, en nuestro entorno, aventan esas reacciones.
¿Es posible abordar estas cuestiones de otra manera? Sin duda.
El dato es que está llegando a nuestra tierra un creciente número de jóvenes que buscan mejorar su futuro y el de sus familias. Esta realidad va a continuar en el futuro. Guste o no a algunos de nuestros paisanos, estamos en un mundo globalizado en el que estas dinámicas han llegado para quedarse. Eso, pese a todas las barreras, incluso mortales, que los gobiernos les ponen en el camino.
Ante esto podemos adoptar dos actitudes. Ir a contracorriente de la historia y cerrar las puertas, marginar en guetos a quienes llegan y, si es posible, devolverlos a su tierra. O, por el contrario, articular los medios para una acogida digna, promover su integración en nuestra sociedad y su aporte en la construcción de una Euskadi plural y diversa.
La primera opción viola derechos fundamentales y, además, es ineficaz. No consigue detener la llegada de migrantes y pervierte los valores de la sociedad de llegada al avalar dichos métodos.
La segunda es la única que permite combinar los derechos de los que son titulares estas personas y facilitar su plena incorporación a la sociedad de llegada.
La acogida digna no es sólo la única salida viable sino la que además proclaman las autoridades en sus discursos, al menos, en Euskadi. Es por ello que no se entienden muchas de las cosas que, luego, se dan en la realidad.
Así, es difícil saber por qué no se aborda decididamente ofrecer albergues dignos en los que sacar de la calle a cientos de estas personas, muchas de ellas jóvenes magrebíes recién llegados a nuestra tierra y en los que proveer de alimentos a quienes hoy en día pasan hambre.
No basta con relatar lo que ya se viene haciendo, que es mucho. El problema es todo lo que queda fuera. ¿Es un problema de costes? El monto necesario, asumido por los tres niveles institucionales (foral, municipal y autonómico), ¿resulta excesivo para las respectivas haciendas? Difícil de creer, pero, en todo caso, habría que conocer esos cálculos. ¿No es la solución habitacional ideal? Por supuesto, pero sólo desde el cinismo puede defenderse que, puesto que lo ideal no es factible, mejor es que se queden en la calle.
¿Es un problema de infraestructuras? Aquí, en Donostia, hay unas cuantas. Empezando por La Sirena, que dispone de 100 plazas. Siguiendo por el edificio de Martutene, sin uso desde hace ya 20 años y que ocasiona, recurrentemente, diversos problemas. O la antigua sede del Observatorio Meteorológico, hace años sin ningún uso y que recientemente ha sufrido un incendio…
En fin, lo que venimos repitiendo, hay soluciones, hay medios, falta voluntad política. Y eso no se quiere explicar y, menos aún, asumir.
Si en vez de eso, recurrimos a la policía para afrontar problemas sociales, el fracaso está asegurado.
Desde SOS Racismo venimos afirmando que la seguridad es fundamental para la vida en comunidad. El miedo es una barrera para afrontar los inevitables problemas de la convivencia. Por ello, un valor a preservar es la seguridad de todos los vecinos y vecinas. También de los jóvenes que, llegados de otras tierras, viven hoy en nuestro país y en nuestra ciudad.
El desconocimiento de la situación de estos jóvenes está detrás de muchas de las actitudes intolerantes que observamos. Hoy no puede afirmarse que no se conocen las condiciones precarias en las que viven muchos de ellos. Durmiendo y viviendo en la calle y pasando hambre.
Pero sí se desconoce que muchos de los jóvenes magrebíes que hoy son vecinos nuestros, pese a haber pasado, o incluso seguir estando, en situación de calle, son capaces de salir adelante, adquirir formación, pasar por todo el calvario de, al menos, tres años en situación irregular, aprovechar los recursos institucionales a los que logran acceder y acabar pudiendo incorporarse al mercado laboral y afrontar un horizonte de autonomía y de recursos para ayudar a sus familias.
Pues bien, ese importantísimo número de jóvenes nos muestra lo que es posible con medidas justas de acogida. Por ello, extender los recursos a todos los que los necesitan, evitaría mucho sufrimiento y posibilitaría que no pocos de ellos resulten dañados en su transcurso en situación de calle.
Ahora bien, si en vez de ello, admitimos que haya personas que duermen en la calle y que pasan hambre, estamos favoreciendo que aumente la conflictividad en el espacio público.
Y ése es el papel de quienes pasan olímpicamente de la situación de estos jóvenes y sólo reclaman más policía y más castigos penales, incluidas expulsiones. Por no hablar de quienes, para colmo de manipulación, pretenden hacer recaer la responsabilidad de esa conflictividad en las entidades que nos dejamos la piel tratando de acompañar a estos jóvenes en su trayectoria para que puedan salir adelante. Esa hostilidad de algunos vecinos, con planteamientos claramente xenófobos, se materializa incluso en acoso y sabotajes varios.
Tampoco ayuda a esta situación no pocas de las intervenciones policiales, frecuentemente desproporcionadas, guiadas por los rasgos étnicos de las personas a las que controlan, fichan y detienen. Actuaciones que no toleraríamos para con personas a quienes consideráramos de las nuestras y que no tienen en cuenta los derechos que también tienen esos jóvenes.
Estas actuaciones contribuyen a la mirada criminalizadora que tiene una parte de nuestros vecinos. Si es habitual las imágenes de estos jóvenes, controlados, cacheados contra la pared, etc. es lógico pensar que estamos tratando con delincuentes.
Esto no sólo viola los derechos de estos jóvenes sino también los de esos otros muchos jóvenes magrebíes que han conseguido salir adelante e integrarse en nuestra sociedad pero que van a seguir siendo controlados por la calle y mirados con recelos por no pocos vecinos.
¿Es tan difícil que los responsables políticos de estos departamentos de seguridad ciudadana y los jefes policiales traten de escuchar y entender las razones que avanzamos las entidades sociales?
Es preciso hacer un alto en el camino y no dejar que la bola de nieve aumente. Cierto que hay algunos vecinos con planteamientos claramente xenófobos y otros con el consabido “yo no soy racista, pero…”. Pero no es menos cierto que la mayoría de quienes se sienten inseguros y desconcertados pueden entender que el camino para lograr barrios seguros pasa por un diálogo intervecinal, donde nos escuchemos todas y todos, y en poner el acento en las causas por las que estamos como estamos y empujar todos en la dirección de conseguir barrios seguros, integrados y en los que el valor supremo sea el de respetar los derechos de todas y todos.
Sabemos que es un camino complicado, pero su resultado será infinitamente mejor que las dinámicas represivas y de negación de derechos. Y, aunque estamos lejos de ello, puesto que sabemos de los valores que están asentados en nuestra comunidad, somos optimistas.
