Hace unos días salió a la luz una documentación que cerciora lo que ya todos sabíamos, que la Operación Reconquista de Montejurra fue un plan comandado por el Gobierno de Arias Navarro, con importante implicación de Manuel Fraga, el fundador de Alianza Popular (AP). No fue una pelea entre hermanos, ni un conflicto entre dos facciones del carlismo. Fue, en definitiva, un ataque violento contra el carlismo y contra el antifranquismo, cuyas víctimas, Ricardo y Aniano, fueron reconocidas por la Audiencia Nacional como víctimas del terrorismo en 2003. En palabras de Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra, había que ocuparse de la celebración de Montejurra, porque la consideraba un “acto subversivo” contra Juan Carlos I. Allí estuvieron miembros del partido de Gonzalo Fernández de la Mora, la UNE; miembros de una nueva organización denominada Comunión Tradicionalista (CT), que agrupaba por entonces a los seguidores de Sixto Enrique de Borbón-Parma; y un nutrido grupo de miembros de la ultraderecha española de diferentes grupos políticos, así como un importante conjunto de neofascistas italianos, franceses y argentinos, entre otros. En total, según la documentación, el grupo de los atacantes llegó a los 600, frente a las aproximadamente 5.000 personas que movilizó ese año el Partido Carlista para el anual acto de Montejurra.
La Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) ha lanzado recientemente una nota de prensa con ocasión de la noticia sobre la nueva documentación que esclarecía lo ocurrido en el Montejurra de 1976. También ha mandado un comunicado al Parlamento de Navarra. Este grupo político se fundó en 1986, y aunque fue consecuencia de la unión de diferentes sectores tradicionalistas, lo cierto es que a nivel legal supuso únicamente un cambio de la denominación de la CT, añadiendo la palabra Carlista, y un cambio de sede. Titulada la nota de prensa Montejurra 76: Una operación de guerra sucia contra el Carlismo, la CTC dice que es un asunto alejado del día a día de los carlistas actuales, “muchos de los cuales ni siquiera habían nacido”, pero que con dicha documentación se demuestra la participación de “relevantes políticos de la Transición”, en una operación de guerra sucia para “apartar al Carlismo de la vida política”. Aprovecharon, continúa la CTC, “la crisis interna del Carlismo, provocada por las desviaciones ideológicas de don Carlos Hugo y sus seguidores”. Al son de las cifras, parece que fueron muchos los supuestamente desviados, muchos más que los tradicionalistas. Los dirigentes de la CTC con esta nota de prensa parecen olvidar, como si se tratase de premeditada amnesia, sus orígenes, pretendiendo hacernos creer al resto de los mortales que la cosa no va con ellos.
Llevar la carga de según qué herencias pesa mucho, pero la realidad histórica es que la Comunión Tradicionalista Carlista es la hija mayor de la Comunión Tradicionalista, fruto de su vientre. Y pese a que, por ejemplo, en los años noventa fue expulsado de la CTC Luis Rubén Infante, un integrista lefebvriano, como dice el historiador Jordi Canal, la Comunión Tradicionalista y la Unión Carlista siguen constituyendo la base de la CTC. De hecho, ellos mismos, con ocasión del 30º aniversario del Congreso que dio como resultado la constitución de esta formación, comentan la realidad de sus orígenes, es decir, la confluencia de la Comunión Tradicionalista, la Comunión Católico Monárquica, la Unión Carlista y otras personas no alineadas en estos grupos, entre ellos, antiguos miembros de Fuerza Nueva (FN). Para tener más clara la procedencia de la CTC, conviene que nos fijemos en la interpretación que este grupo político hace de lo ocurrido en el Montejurra de 1976. En una extensa separata de uno de sus órganos de expresión en 2016 hablarán de ella.
Por supuesto, comienzan su relato en las desviaciones ideológicas de Carlos Hugo. En el momento de la abdicación de su padre en 1975, continúan, un grupo de individuos –un grupo reducido– escribieron una misiva a Carlos Hugo de Borbón-Parma advirtiéndole de que para ser rey de los carlistas tenía que jurar los principios tradicionalistas. De este grupo salieron promotores, dirigentes y miembros de la Comunión Tradicionalista y, posteriormente, de la CTC. Por ejemplo, Raimundo de Miguel, que fue uno de los promotores de la CT y posteriormente estuvo en el Consejo Nacional de la CTC y fue vicepresidente de su junta regional madrileña. Pero no solo él, también Ángel Onrubia o Domingo Fal, que fue jefe regional de la CT y, después, llegó a ser presidente de la CTC. Siguiendo con el relato, y en resumidas cuentas, copian lo dicho ya por la madre que les engendró en un comunicado del 30 de mayo de 1976. Insisten, por tanto, en que los asesinados no eran carlistas –algo que es falso, pero ¿acaso importa si lo eran o no?–; y en que los miembros del Partido Carlista y sus amigos también poseían armas. Consideran a la Comunión Tradicionalista “víctima de varios factores” y que altos intereses estatales intentaron asestar un golpe de gracia al “Carlismo, en especial al representado por la Comunión Tradicionalista”. Acabarían con una advertencia: “Sin carlosocialismo nunca hubiésemos hablado del Montejurra 76”. Pareciera que los culpables de que se les atacara son los propios agredidos, por haber defendido la autogestión, el federalismo, la justicia social, la libertad política y la ruptura democrática.
Se enfrentaron, dicen en otro texto “dos bandos con boinas rojas”, considerándose ambos carlistas. “Hubo insultos, palos y piedras. Ráfagas de ametralladora y tiros de pistola. Dos muertos y un montón de heridos”. Con la Ley de Amnistía, se cerró el capítulo de las responsabilidades, aciertan a apuntar, habría que añadir, que solo se cerraron las responsabilidades penales. De hecho, como cuenta la novia de Cherid –uno de los matones que fueron a Montejurra– en un testimonio, cuando se consiguió la amnistía los ultraderechistas lo celebraron, sabían que les beneficiaba. Lo cierto es que en las investigaciones sobre lo acontecido aquel sangriento 9 de mayo en el monte navarro aparecen muchos nombres de las personas que acudieron a la llamada de Sixto Enrique de Borbón-Parma y de la CT para reconquistar la montaña, como los que recoge el Informe Montejurra. De nuevo, entre ellos, nos encontramos a personas que, posteriormente, fueron miembros y dirigentes de la CTC. Alguien que estuvo en el Montejurra de 1976 fue Ramón María Rodón, que posteriormente sería parte de la CTC catalana. En su tesis doctoral, realizada en 2015, aparte de escudriñar la versión tradicionalista de los hechos, escribe que el Montejurra de 1976 fue un enfrentamiento entre dos supuestas mitades del carlismo. Además, intentará exculpar a los culpables de las muertes de los disparos que acabaron con la vida de los dos muchachos.
Las responsabilidades morales de aquellos actos, desde luego, no han prescrito. El Montejurra de 1976, como otros actos violentos que se produjeron durante el posfranquismo y la transición hacia la democracia, merecen verdad, justicia y reparación. Más sabiendo ahora que esa violencia que se dio en nuestra pacífica Transición fue directamente auspiciada por los altos detentadores del poder. Así las cosas, Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellejero fueron las víctimas mortales. Y el Partido Carlista, junto con el resto del antifranquismo, fueron las víctimas colaterales. La Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), en honor a la verdad y a la honestidad –con las que estamos comprometidos los historiadores–, es heredera de la Comunión Tradicionalista (CT). Es más, no parece tener mucho reparo con Sixto Enrique de Borbón-Parma, del cual hacen un seguimiento en sus órganos de prensa con las más bondadosas palabras, como con ocasión de la visita que realizó en 2016 a Valencia, diciendo que “el infante recibió a un numeroso grupo de carlistas y amigos de todo el Reino de Valencia y otras partes de España. Un encuentro cordial y respetuoso, reflejo del afecto y respeto mutuo de siempre entre la dinastía y el pueblo carlista valenciano”. Igual la CTC, en vez de escribir notas victimizándose por lo ocurrido en el Montejurra de 1976, debería de solventar su responsabilidad moral. Esta suele traer consigo remordimiento y hay varias maneras de expiarla, ya sea disculpándose arrepentidos con los damnificados o mediante el sacramento de la penitencia.
