Guerra jurídica

Todo estriba, según unos, en las contrapartidas legales que Pedro Sánchez debe pagar a sus “socios independentistas” por los apoyos prestados para que permanezca en el poder. “Concesiones” que suponen un oculto perdón —por no decir amnistía— por el intento fracasado de secesión en Catalunya y que supone, a juicio de los opinadores del más rancio patrioterismo, una “postración de la Nación” frente a los “enemigos” de España.

Por el contrario, quienes han impulsado y apoyado los cambios legales argumentan que con estas modificaciones se pretende racionalizar la excepcionalidad jurídica existente, tratando de llevar los ámbitos punitivos a estándares europeos, lo que, además podría servir como bálsamo que, en cierta medida, apaciguara las heridas sociales provocadas por la “rigidez” penal utilizada por el Estado en Catalunya ante el “procés” del 1-O. Y, mientras tanto, sectores que protagonizaron dicha iniciativa reniegan de los cambios en una vocación maximalista de “todo o nada”.

El cambio propuesto y que a la hora de escribir estas notas se desconocía en su literalidad, pretende, eso sí, devolver el código penal a la reforma practicada por Mariano Rajoy en el año 2015, una revisión exprés que proyectaba advertir al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, de las consecuencias que tendría su intención de articular un referéndum en Catalunya.

Aquella modificación del código penal, hecha a la medida del momento, es la que ahora pretende mutarse estableciéndose una especie de diferenciación de la malversación, bien si esta resulta como consecuencia de un proceso lucrativo personal, grupal o del ámbito referencial del acusado, o si, por el contrario, la incorrecta utilización de fondos públicos se orienta a acciones imputables de “mala gestión”.

Habrá que esperar a la transacción última que socialistas y republicanos catalanes trasladen a votación para conocer el alcance último de este cambio del código penal. Algo que habrá que analizar con suma destreza, sobre todo porque la materia en cuestión —la corrupción— resulta altamente delicada y de gran impacto en la opinión pública.

De todos modos, seguiremos asistiendo al juicio de opiniones enfrentadas, de quienes todo lo ven negro y de quienes lo aprecian blanco inmaculado.

Serán interpretaciones políticas de una praxis jurídica y es que la “politización de la justicia” y , al mismo tiempo, la “judicialización de la política” lo ha envuelto todo —y lo sigue haciendo aún— en los que al Estado español se refiere.

De ahí la pugna irreconciliable entre socialistas y populares por la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Una pelea de bloqueo infinito alimentada por quien ostenta la mayoría nominal en cada una de las instituciones para, desde allí, “orientar” de parte los procedimientos.

Esta vinculación entre política y judicatura no es nueva ni exclusiva de nuestro ámbito.

En el contexto internacional se acuñó el término Lawfare a un concepto aparecido por primera vez a mediados de los 70 del pasado siglo y que procede de una mezcla de las palabras en inglés law (ley) y warfare (ámbito de guerra). Esta guerra jurídica comenzó a ser entendida especialmente desde inicios del siglo XXI y supone una manera de denuncia del intento de desgaste de los gobiernos o de opositores a través de los tribunales y las leyes.

Manteniendo una apariencia de legalidad y a través del sistema jurídico —con la aquiescencia de los jueces y de mandos policiales— se buscaría la caída de los oponentes políticos con procedimientos ciertos o ficticios que menoscabaran la reputación y la solvencia de aquellos.

Dentro de una investigación de objetivo político son habituales las filtraciones periodísticas interesadas y la culpabilización inicial del adversario como presunción básica a fin de obtener la modulación de la opinión pública. Todos estos condicionantes los hemos conocido aquí. Intoxicación, persecución, invención de causas, de pruebas, en procesos dirigidos por “policías patrióticas” que protagonizaban investigaciones tendenciosas para destruir al oponente. (El caso de Pujol en Catalunya obedece a este perfil).

La politología ha empleado el término Lafware con asiduidad para el contexto latinoamericano de los últimos años. En este sentido, se pone como ejemplo lo ocurrido con Lula da Silva en Brasil con sus causas por corrupción y su prisión o con Rafael Correa en Ecuador. Otro caso llamativo vinculado a este fenómeno de persecución judicial ha sido el del opositor ruso Alexei Navalni quien lleva años acusando a Putin de su intento de eliminación (fue envenenado presuntamente por el servicio de inteligencia ruso) y fue encarcelado tras su regreso a Moscú en el año 2021 tras su convalecencia en Alemania.

Más recientemente, esta supuesta persecución judicial ha sido citada en Argentina donde la polarización política resulta mucho más visceral que la que conocemos en el Estado español. En el país austral la controversia política alcanza niveles preocupantes que amenazan en ocasiones con un estallido social.

Un tribunal federal sentenciaba el pasado martes a Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina, condenándola a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de fraude al Estado.

Según la sentencia emitida, se considera a Cristina Fernández de Kirchner autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por el desvío de más de 1.000 millones de dólares en obras públicas.

Nunca antes en Argentina un vicepresidente en ejercicio había sido condenado por la Justicia. En el caso de Fernández de Kirchner, de 69 años, la sentencia cobra un significado aún mayor, porque se trata de la dirigente más influyente y polarizadora de las últimas dos décadas en el país.

Pese a que las evidencias presentadas por la fiscalía demostraban notables irregularidades en la adjudicación de contratos que recayeron en un testaferro de los Kirchner convertido en empresario de la construcción, la todavía vicepresidenta argentina señaló que la sentencia estaba escrita de antemano por una alianza entre el “poder real”, el “Estado paralelo” y la “mafia judicial”.

El presunto complot —Lafware— fue denunciado con violencia por los seguidores de la vicepresidenta que llegaron a cortar las principales arterias de comunicación de Buenos Aires. Ellos, sus seguidores, creen que la vicepresidenta Cristina es víctima de una conspiración y totalmente inocente de los cargos de que se la acusan. Otro sector, también relevante de la población argentina, sostiene una postura similar si bien reconoce que “los Kirchner pudieron haber robado” pero lo hicieron “para hacer política y sostener un proyecto popular que se enfrente a los poderes establecidos”.

En sentido contrario se encuentran los opositores de “Juntos por el Cambio” que celebraron la condena judicial como si se tratara de una victoria de la selección albiceleste en el mundial de Catar.

El cisma social en Argentina no ha hecho sino empezar ya que la hoy condenada puede aún recurrir la sentencia ante la corte suprema y espera la resolución de otros cinco procedimientos abiertos por la judicatura mientras que las acusaciones de parcialidad e incluso de corrupción arrecian contra la magistratura. Un choque de trenes que nada bueno augura para el futuro inmediato de los argentinos y que nos advierte de lo que también aquí puede llegar a ocurrir.

Nuestro Arnaldo Otegi, en combate ideológico contra las élites y los poderosos del mundo, se ha hecho de repente “peronista progresista” solidarizándose con la vicepresidenta argentina a través de su cuenta de Twitter: “Estimada @CFKArgentina, el independentismo vasco está contigo hoy más que nunca. Los tribunales no te impedirán seguir luchando por la democracia en Argentina y Latinoamérica. ¡Un fraterno abrazo!”. Como siempre. Permisivo y condescendiente con lo lejano e implacable y dogmático en lo de casa. Al parecer, para él la corrupción es de color diferente dependiendo de donde se produce. Malversación cromática..

Miembro del Euzkadi Buru Batzar de EAJ-PNV