Sobre la revalorización de las pensiones y el “conflicto” intergeneracional

Nada más lejos de la realidad. Lo que está en el mismo nivel de injusticia es la pérdida del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la precariedad laboral de los jóvenes, que no les permite tener asegurado un proyecto vital digno y que las pensiones pierdan su capacidad de compra. Empecemos por dejar algo claro: el problema de los jóvenes y de los bajos salarios, un problema real, no se resuelve por la vía de reducir la cuantía de las pensiones y la pérdida de su poder adquisitivo.

En el caso de los jóvenes, aunque falta mucho por hacer, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), más de un 33% desde el año 2018, la derogación del factor de sostenibilidad, que suponía un recorte de un 23% en la pensión de un joven de 18 años, y su sustitución por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional en la última reforma de las pensiones y alguna de las medidas de la reciente reforma laboral tienen el doble objetivo de mejorar las condiciones laborales de la juventud y el de garantizarles en el futuro pensiones similares a las que están contribuyendo a financiar.

En lo que a los salarios se refiere, lo primero que hay que constatar es que a mejores salarios, más ingresos para la Seguridad Social. Pero para ello, es necesario que las organizaciones empresariales sean corresponsables y abandonen la idea de que sean los trabajadores y las trabajadoras los que, como tantas veces, paguen con su salario, o con su empleo, esta crisis de precios porque el país necesita un incremento de los salarios a costa de los excedentes empresariales.

El fondo de esta confrontación artificial es poner en cuestión, una vez más, la viabilidad del sistema público de pensiones. Desde la última década de los años 80 del siglo pasado asistimos a un debate permanente sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. No es un debate académico, es un debate político profundamente ideológico en el que los que dicen que el sistema es insostenible son, de un lado, quienes defienden reducir el papel de las políticas públicas, especialmente de protección social, con el objetivo de pagar menos impuestos. Y de otro, expertos vinculados a los sectores económicos relacionados con la oferta de pensiones privadas.

En los últimos meses se ha recrudecido la presión, aprovechando el preocupante escenario de inflación provocado por la crisis energética y la guerra de Ucrania y se insiste en la imposibilidad de garantizar la revalorización de pensiones pactada, garantizando su poder adquisitivo mediante una revalorización anual con el IPC promedio del año anterior.

Curiosamente suele aparecer en este grupo, de forma recurrente, el Banco de España. Nuestro banco central y supervisor del sistema bancario español. Su servicio de estudios produce de cuando en cuando, trabajos e informes que se alinean con las posiciones anteriores y lo hace, muy especialmente en declaraciones públicas, su Gobernador. Salvo por la vinculación evidente con el sector que supervisa, llama la atención tanta insistencia, en materias que no le son propias, de un organismo que, siendo autónomo, es del Estado.

Es conveniente recordar, con la misma insistencia, que el 60% de las pensiones están por debajo del SMI (73% de las pensiones de las mujeres), por eso, si en la primera fase de la reforma de las pensiones se eliminaron los recortes de la reforma del año 2013 del Gobierno de Rajoy y se consiguió un compromiso del Estado de garantizar aportaciones de 22.000 millones de euros anuales a la caja de las pensiones, es importante que en la segunda fase de la negociación se aborde, entre otras medidas, la subida de las pensiones mínimas con el objetivo de pensión mínima = SMI, y las no contributivas, la mejora del complemento de género de las pensiones para reducir la brecha de género y el destope de las bases máximas de cotización para incrementar los ingresos del sistema.

Las pensiones y el mantenimiento de su poder adquisitivo necesitan, y necesitarán en el futuro financiarse, de una parte, a través de las cotizaciones sociales (la mayor parte), para lo que es muy necesaria la mejora de los salarios, y de otra parte, con la contribución fiscal, que debe estar vinculada al nivel de renta y riqueza con criterio de suficiencia, equidad y progresividad, es decir que paguemos todas y todos y que pague más el que más tiene. Téngase en cuenta que, según los últimos datos de Eurostat, la presión fiscal en la Eurozona es de un 41,8% del PIB, en la UE un 41,3% y en Francia un 47,5%. En España es de un 37,5%, una menor presión fiscal que supone una inferior recaudación de 46.000, 51.000 y 120.000 millones de euros respectivamente.

La revalorización de pensiones y la garantía del mantenimiento de su poder adquisitivo debe mantenerse, entre otras cosas, porque un sistema de pensiones públicas que establece una pensión inicial relacionada con la carrera de cotización de cada persona, no puede deteriorarla progresivamente año a año, reduciendo su poder de compra para una parte de la población que ya no tiene margen de maniobra o reacción. Por tanto, las pensiones deben de mantener su poder adquisitivo durante toda su vigencia. De lo contrario se rompería la legitimidad de un sistema de protección social tan importante como la Seguridad Social, fuente de renta de una parte de la población, las personas mayores, que es cada vez más importante.

(*) También firman este artículo Mirari Conde, Fernando Arozena y Javier Ayala