Año clave para la cuestión de las personas presas

En Madrid, con un Gobierno que afronta su último periodo de sesiones pero con nubarrones en el horizonte para la reedición de mayorías en el Congreso.

En Gasteiz, con un Gobierno en el ecuador de la legislatura.

Hay ocasiones en que el ruido mediático nos hace perder la perspectiva de dónde venimos y todo lo que hemos avanzado y hacia dónde debemos caminar. Veamos.

Avances

Para entender el actual escenario nos tenemos que retrotraer a marzo de 2018, cuando presentamos las conclusiones del IV. Foro Social. Tras un trabajo de tejer micro-acuerdos en los planos institucional, político, sindical y con el propio EPPK, el 15/05/2018, tras la disolución de ETA, se identificó una Agenda urgente de resolución de cinco puntos implementada desde entonces.

La entrevista de Pedro Sánchez en TVE (18/06/2018) dio perspectivas a todo este trabajo, aunque, por desgracia, la repetición electoral y la pandemia ralentizaron su aplicación.

Desde junio de 2020, cuatro son los aspectos de la Agenda en los que se ha avanzado: la política de alejamiento y de dispersión, la aplicación de grados, la humanización en aspectos como el fin del aislamiento y el tratamiento de las personas presas aquejadas de graves enfermedades y, finalmente, el traspaso de las competencias en materia penitenciaria.

Existe un tema pendiente en esta Agenda: la acumulación de penas cumplidas en otros estados europeos, sobre el que luego volveremos.

En este proceso se han desbrozado dos temas que durante tiempo condicionaron mucho: los ongietorris y la “batalla del relato”. Aunque sectores mediáticos y políticos y alguna asociación de víctimas siguen empeñados desde Madrid en intentar frenar los cambios, se trata de dos cuestiones que, en este tema y aquí, ya no condicionan.

Poco a poco, con mucho trabajo de cocina de diferentes agentes, se ha ido perfilando el marco de resolución posible para esta cuestión: respeto al dolor de las víctimas; permisos y tercer grado; desmontar toda la política de excepcionalidad; cumplimiento de penas en cárceles de la CAV y Navarra; y Justicia Restaurativa acordada para quienes lo deseen.

En el apartado de las dificultades, preveíamos nuevos obstáculos, pero debemos reconocer que nos ha sorprendido la posición de la Audiencia Nacional (AN) poniendo escollos que hasta hace poco no lo eran: permisos en 2º grado y evolución a 3º grado.

Tareas pendientes

Este curso político es clave para dar pasos que consoliden este marco de resolución.

En lo que se refiere a Madrid, tres tareas principalmente:

(1) Esperamos que los acercamientos se mantengan con la misma determinación e intensidad, lo que permitiría concluir este mismo año.

(2) La posición obstruccionista de determinados jueces de la AN y del lobby que les apoya está llevando a un choque de trenes, cada vez más evidente, entre dos maneras de concebir la política penitenciaria: por un lado, la visión punitivista de jueces de la AN y, por otro, la que apuesta por políticas de reinserción, impulsada por el Gobierno Vasco y apoyada por el 91% del Parlamento Vasco.

(3) La cuestión de la acumulación de penas. Se trata de un tema que ha conseguido hacerse un hueco en la agenda y el propio Gobierno Español incluyó la ley 7/2014 en su calendario legislativo para 2022. Es necesario que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea sea el propio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia.

En relación al Gobierno Vasco y otros actores, la tarea principal pasa por definir unos itinerarios de reintegración para quienes cumplen condena en la CAV. En este sentido, y siendo la Justicia Restaurativa uno de los pilares de la “Estrategia 2022-2025”, se debe aprender de la experiencia acumulada en encuentros restaurativos (la última en 2021-22 en las cárceles de Burgos y Logroño). Una vez constatada la voluntad política entre las partes implicadas, es hora de acordar las bases y contenidos de una política de Justicia Restaurativa a aplicar a esta tipología de personas presas para que, quienes lo deseen, puedan transitarla.

En el caso de Navarra, observamos con atención la disposición del nuevo Director de la cárcel a implementar una política penitenciaria ordinaria. En Ipar Euskal Herria, seguimos de cerca la situación de Esnal y Parot y esperamos el 22 de septiembre se dé una respuesta favorable.

Y es necesario terminar con los aspectos de la política de excepcionalidad aún vigentes: dispersión, presos enfermos y septuagenarios, intervención de comunicaciones y limitaciones de correo, llamadas y visitas.

Además, entendemos necesario avanzar en dos aspectos pendientes: la ley 7/2003, que obliga al cumplimiento de condenas de 40 años sin redenciones y la desaparición de los jueces naturales en favor del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Se trata de dos temas que, pese a su complejidad, deberían abrirse camino en el espacio de los acuerdos.

Llegar a esta situación ha sido posible gracias a la movilización de la sociedad civil en sus diversas expresiones, las propias decisiones del EPPK y los acuerdos multilaterales. Es el fruto de un largo trabajo discreto, de tejer consensos entre numerosos agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

Existen serios nubarrones en el horizonte que pueden poner en cuestión los avances realizados y que, en consecuencia, hacen estos pasos más urgentes en el plazo corto, para permitir consolidar una situación que la haga difícil de revertir.

Miembros del Foro Social Permanente