Venganza (anti) catalana
En países del Mediterráneo oriental recuerdan la historia de la venganza catalana, masacre perpetrada por los míticos guerreros almogávares tras la traicionera muerte de su líder y acompañantes en un banquete. Y así, en Grecia, a los niños no les amenazan con el hombre del saco, ni con el Duque de Alba, como en Flandes, sino con “los catalanes”.
Queda lejos la Edad Media para las democracias más o menos reconocibles; las represalias de los poderes y poderosos contra los disidentes ya no llegan generalmente a la eliminación física, pero sí a la separación de la sociedad, a largas condenas de cárcel, aun en casos que no avala el orden judicial del sistema.
Las conocidas peticiones de condenas a los presos políticos catalanes han podido sorprender a pocos. Tampoco las reacciones en los diversos territorios y ámbitos políticos. Se intuía y se confirma que de nada iban a servir las opiniones publicadas de expertos juristas del Estado, como el ex presidente del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional, Pascual Sala, que en la emisora RAC 1 aseguraba que a los investigados no se les podía inculpar por rebelión ni por sedición sino, como mucho, por desobediencia, desórdenes públicos y malversación, aunque esta la negó el mismísimo exministro Montoro. Se veía venir que ni esas opiniones, ni las de los tribunales de Bélgica, Escocia, Alemania y Suiza, rechazando esos motivos para la extradición de Puigdemont y los demás exiliados, servirían para nada que no fuese enconar más a la judicatura española.
Las fuerzas españolistas y su Brunete mediática querían más, el máximo castigo. Y han hecho servir su decepción, real o sobreactuada, como arma arrojadiza contra el gobierno socialista, sobre todo por los dictámenes de los Abogados del Estado.
En Catalunya, por contra, las demandas de las acusaciones se consideran una venganza con el añadido de intento de escarmiento para futuros soberanistas. En definitiva, como la aplicación vía tribunales del famoso lema “¡a por ellos!”, que acompañó a policías y guardias civiles en la expedición para reprimir las votaciones del 1 de octubre, avalados por el recordado discurso real.
Se considera venganza de los sucesivos ridículos en que han ido incurriendo las instituciones del Estado: empezando por aquellas afirmaciones rotundas de que no habría referéndum porque no existirían ni papeletas ni urnas, siguiendo por la condena internacional más o menos explícita de los palos a ciudadanos pacíficos de todas las edades ante y dentro de los colegios electorales y por el ridículo de las sucesivas presentaciones de las órdenes europeas de detención, fracasadas y retiradas por el magistrado Llarena.
La visión del afán vengador e injusto en los tribunales del Estado llega a la Audiencia Nacional y a las actuaciones contra el mayor Trapero y los miembros de la cúpula de mando de los Mossos d’Esquadra no solo porque la realidad fue que retiraron más urnas y cerraron más colegios el 1 de octubre que las fuerzas nacionales, sin necesidad de emplear los mismos métodos y dejándolas en evidencia. Algunos van más allá y extienden la revancha al éxito de la policía catalana y su trasparencia comunicativa en la resolución de los atentados islamistas de agosto del año pasado.
Parecería que el nuevo presidente del Gobierno y los suyos no se han atrevido a seguir los consejos de sabios, conocedores de la que se les podía venir encima en vísperas de un calendario lleno de elecciones. Eso, creyendo en la buena voluntad de Sánchez, pese a los antecedentes: de su predecesor socialista Rodríguez Zapatero, aquel del “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya”, y suyos propios, ya que se sumó a la aplicación del famoso 155 sin una crítica y hasta anunció después que propondría una reforma penal para que fuera aplicable el delito de rebelión aun sin uso de armas.
De las acusaciones de rebelión armada saben muy bien gudaris y antiguos militantes republicanos, cuando en los consejos de guerra sumarísimos se condenaba a muerte por “rebeldes” a defensores del régimen legítimo de la República.
Si algo han conseguido los anuncios de las acusaciones a los presos políticos catalanes ha sido reunificar a las fuerzas del Principat, más allá incluso de las independentistas, últimamente en crisis de discrepancias. Ya no han sido solo los sucesores de Convergència y Esquerra; también la CUP, echada al monte de la oposición, y los comunes, con la alcaldesa Colau al frente, quien por cierto promovió y ganó en el Ayuntamiento de la capital una moción descalificadora de Felipe de Borbón, el siguiente al quinto con el mismo nombre. Llegue o no, con los años, una nueva condena al Estado español en Estrasburgo, como la que se pronunció a favor de Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, lo cierto es que al independentismo le han vuelto a crecer alas y apoyos. Y en la medida que continúe, como es previsible, el tsunami centralista español, será cuestión de tiempo que alcancen su objetivo.