Condenado por estafar más de 2 millones a un banco con falsas facturas

El responsable de una firma de marketing y publicidad de Donostia ha sido condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por estafar con facturas y documentos falsos más de 2 millones de euros a un banco con el que tenía abierta una línea de crédito y al que hizo creer que el dinero correspondía a contrataciones de servicios con instituciones vascas.

La condena, dictada en sala este miércoles por la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, es fruto de un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el acusado, quien además de admitir los hechos ha restituido ya las cantidades defraudadas a la entidad afectada.

Rebaja de condena

Por esta razón, el Ministerio Público, que inicialmente pedía 5 años de cárcel y una multa de 8.250 euros por undelito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa, le ha aplicado las atenuantes de reparación del daño causado y de dilaciones indebidas, lo que ha permitido rebajar su solicitud de pena hasta 1 año y 9 meses, y la multa hasta los 720 euros.

El inculpado, que se ha mostrado conforme con ambas, no llegará a ingresar en prisión, ya que el tribunal ha accedido a suspenderle la pena de cárcel con la condición de que no vuelva a delinquir en los dos próximos años.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el encausado era el administrador único de una empresa dedicada a "las relaciones públicas, los eventos y los entornos digitales".

Se aprovechó de su condición

Por motivos de su cargo, conocía la existencia de la citada línea de crédito de su compañía con el banco perjudicado, que le anticipaba por este método "cuantiosas cantidades de dinero", sabedor también de que la empresa donostiarra había facturado anteriormente servicios para distintas instituciones vascas.

La estafa

Los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2020, período durante el que el acusado simuló mediante correos electrónicos y distintas facturas "que faltaban a la verdad" una serie de trabajos para el Gobierno Vasco, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, y los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, además de para las empresas Petronor y Repsol, que le sirvieron para obtener el citado dinero a través de la línea de crédito del banco perjudicado.