El consejero delegado de una firma de comunicación, marketing y publicidad será juzgado a partir de este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa acusado de estafar más de 2 millones de euros a un banco con el que tenía abierta una línea de crédito y al que presuntamente hizo creer que el dinero correspondía a contrataciones de servicios con distintas instituciones vascas.
Cinco años de cárcel y multa
La Fiscalía pide cinco años de cárcel y una multa de 8.250 euros para este hombre, a pesar de que la entidad bancaria no reclama cantidad alguna como compensación tras haber alcanzado ya un acuerdo económico con el procesado para recuperar las cantidades estafadas.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, el inculpado era el administrador único de la citada empresa, con domicilio social en Donostia y que también se dedicaba a "las relaciones públicas, los eventos y los entornos digitales".
Línea de crédito
Por motivos de su cargo, el procesado conocía la existencia de la citada línea de crédito de su compañía con el banco perjudicado, que le anticipaba por este método "cuantiosas cantidades de dinero", conocedor también de que la empresa donostiarra había facturado en ocasiones anteriores servicios para el Gobierno Vasco, las diputaciones de Gipuzkoa y de Bizkaia, y los ayuntamientos de Vitoria y de Bilbao, entre otras entidades.
De esta manera, el 13 de agosto de 2019, el procesado presuntamente simuló un correo electrónico emitido por el director de Comunicación de la Diputación de Gipuzkoa que remitió a la entidad bancaria afectada fingiendo "una contratación inexistente" con la institución foral para una campaña de comunicación.
Con este fin, presuntamente elaboró tres facturas falsas por un importe total de 120.395, a pesar de que el contrato finalmente se adjudicó a dos empresas ajenas al procesado.
Unos días después, el hombre presuntamente aparentó que el responsable de Comunicación de la Alcaldía de Vitoria prestaba su conformidad por correo electrónico con una "campaña de descentralización" para la que había facturado 72.252,3 euros que le fueron adelantados por el banco.
El encausado habría utilizado un método similar, simulando haber recibido un correo electrónico de una funcionaria del Gobierno Vasco, para lograr que la entidad bancaria le abonara también una factura de 9.982,50 euros, en concepto de impresión de materiales para un curso de universidades.
Asistencia técnica
Además, presuntamente solicitó a la entidad perjudicada el adelanto de otras facturas por valor de 38.115 euros para una "asistencia técnica para la elaboración del diseño y desarrollo de la estrategia de comunicación y participación ciudadana del Pacto Vasco de la Energía".
Igualmente, habría simulado la existencia de un expediente con el concepto: "Organización de un nuevo curso entre universidades para dar a conocer el Concierto Económico" con el fin de inducir nuevamente a error al banco, que le abonó dos facturas por un importe de 42.350 euros.
De la misma manera, entre los años 2019 y 2020, el acusado habría simulado mediante otros correos electrónicos y distintas facturas "que faltaban a la verdad" una serie de trabajos para la Diputación de Bizkaia por valor de 551.703,07 euros; el Ayuntamiento de Bilbao, por importe de 937.369,04 euros; el Ayuntamiento de Vitoria, por 207.116,37 euros; la empresa Petronor, por 89.943,22 euros, y la compañía Repsol, por 88.204,16 euros.
La Fiscalía considera que estos hechos, que serán juzgados entre el miércoles y el jueves en Donostia, son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa.
