Caso Zestoa: entre la solidaridad feminista y las coacciones

La Audiencia de Gipuzkoa juzga desde hoy y durante tres jornadas a seis vecinos de Zestoa acusados de coaccionar a un hombre para que renunciase a la custodia compartida de su hijo. Esta es la versión recogida en la acusación de Fiscalía de Gipuzkoa a partir de la demanda presentada por el hombre y padre de un menor cuya madre es una de las seis encausadas junto a otras cinco personas que le han prestado apoyo en una delicada situación sobre la que sobrevuela el fantasma de la violencia de género.

La clave del caso es que no existe ninguna denuncia por parte de la mujer contra su expareja y en el caso solo concurre su demanda, que es la que se verá desde hoy en la Audiencia de Gipuzkoa, juicio ante el que hay convocada (9.00 h.) en el exterior una protesta de grupos feministas en apoyo de los acusados.

El domingo, en Zestoa, cientos de personas abarrotaron la plaza consistorial en respuesta a la convocatoria en favor de los encausados de los grupos feministas. Mientras que para la Fiscalía se trata de un delito de coacciones, para el feminismo de Zestoa se trata de un caso de “solidaridad femninista”. “Es imprescindible enfrentarse a todas las estructuras que perpetúan la violencia machista y reforzar la solidaridad feminista con las seis personas que van a ser juzgadas”, señalan desde estos colectivos, al tiempo que lamentan que el supuesto agresor ha seguido viviendo “con normalidad y total impunidad” durante todo este tiempo.

Necesidad de una denuncia

El dedo en la llaga lo puso el PNV de Zestoa. En una nota, además de mostrar su compromiso “firme y claro contra las violencias machistas” y su solidaridad con las personas que van a ser juzgadas, aconsejó a la víctima que interponga “la correspondiente denuncia formal y a partir de ahí pediremos a las instituciones pertinentes que le presten la ayuda y el apoyo que precise”.

El PNV cree que “no es conveniente realizar acciones paralelas en estos casos, ya que, aunque sean de buena voluntad, también pueden ser perjudiciales para la víctima”, tal y como es el caso, en el que tanto ella como otras cinco personas han sido demandadas ante la justicia. Asimismo, la formación jeltzale quiso mostrar su solidaridad con los seis procesados -ha participado en las concentraciones de apoyo- y su compromiso contra la violencia machista. “Ante cualquier agresión, nuestra prioridad es la protección de la víctima y priorizamos las vías judiciales y policiales oficiales que ofrezcan las garantías necesarias para ello”, recalcaron. 

Penas de dos a tres años de cárcel

A la denuncia de los colectivos feministas se han sumado más de 30 colectivos y agentes sociales –entre ellos, EH Bildu, ELA, LAB, Ernai y GKS–. “Muchas mujeres no denuncian a sus agresores por miedo o por desconfianza en el sistema judicial, entre otras razones”, aseguran desde este colectivo, apuntando que es un caso de violencia machista lo que se esconde detrás.

La Fiscalía de Gipuzkoa reclama penas de entre dos y tres años de cárcel, entre ellas la expareja del demandante y madre del menor, y un hombre, Mikel Arregi, alcalde de Zestoa y concejal en el momento de los hechos, por coaccionar en 2016 al padre para que renunciara a la guardia y la custodia compartida tras el cese de la relación.

“Grupo de presión”

Según se extrae del escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en noviembre de 2016, el demandante, trabajador del Ayuntamiento de Zestoa, fue convocado a una reunión en la que Mikel Arregi presuntamente le habría advertido de que si no aceptaba las condiciones de su expareja iba a ser arrinconado “durante décadas” y no iba a “levantar la cabeza”. El resto de acusados, además, habrían constituido un “grupo de presión” para acompañar a la mujer durante las entregas y recogidas del niño y “presionar mediante el insulto y la vejación” al demandante. 

Por todo ello, la expareja se enfrenta a tres años de cárcel por un delito continuado de coacciones y otro contra la integridad moral con la agravante de parentesco, mientras que los otros cinco encausados a penas que suman dos años y siete meses de prisión. Además, todos ellos deberían indemnizar a la víctima con 30.000 euros