El tribunal que juzga desde la semana pasada a una banda acusada de obligar a prostituirse a siete mujeres venezolanas 24 horas al día en distintos pisos de Donostia ha declarado inválida parte de la instrucción y ha situado el caso ante un nuevo escenario en el que la Fiscalía deberá reformular los planteamientos de su acusación.
La Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa ha adoptado esta decisión en un auto dado a conocer en sala este martes, en respuesta a las cuestiones previas planteadas por las distintas partes el pasado jueves, antes del inicio de la vista oral propiamente dicha.
En este documento, el tribunal ha rechazado las distintas causas de nulidad que solicitaron las defensas pero ha constatado que la prórroga del plazo de instrucción se hizo de forma extemporánea por lo que ha declarado la "invalidez" de todas las diligencias que fueran acordadas después del 25 de marzo de 2020.
La invalidación de estas actuaciones afecta tanto a las pruebas de cargo presentadas contra los acusados como a las de descargo planeadas por sus defensas.
Según han explicado a EFE fuentes del caso, esta decisión tiene un importante impacto en la causa ya que, entre otras diligencias, las declaraciones durante la fase de instrucción de tres de las siete víctimas se produjeron en fechas posteriores al límite marcado ahora por el tribunal.
Un límite que acota las actuaciones y que define el nuevo terreno de juego en el que a partir de ahora deberá desarrollarse el juicio.
Ante esta tesitura, las defensas y la Fiscalía han solicitado que las sesiones se suspendan hasta mañana, cuando plantearán ante el tribunal la nueva situación que, en opinión de las partes, deberá afrontar cada uno de los acusados.
En otro momento de la vista, el tribunal se ha pronunciado también sobre la petición de que los acusados declaren en las dos últimas sesiones del juicio, algo que ha denegado en un primer momento al entender que las defensas han "rozado" la "mala fe" procesal al esperar hasta el arranque de la vista para plantearlo cuando podían haberlo hecho antes de que se cerrara el calendario del juicio.
No obstante, finalmente ha accedido a ello, tras una nueva solicitud de las defensas, que han mostrado de manera unánime su disposición a prorrogar dos días la vista oral para que sus clientes testifiquen al final del juicio, el 5 y el 6 de octubre, fechas en las que declararan primero los dos procesados que ya han mostrado su disposición a colaborar con la justicia a cambio de una posible rebaja en sus peticiones de condenas, y luego lo harán los cinco restantes.
Según su grado de implicación, la Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 4 y los 158 años de cárcel para los acusados, cinco hombres y dos mujeres, entre los que se encuentra un piloto de dos aerolíneas regulares y un encargado de un alojamiento rural de Burgos.
Los hechos enjuiciados sucedieron entre 2017 y 2019, período durante el que, según el Ministerio Público, los inculpados, de nacionalidades española y venezolana, presuntamente se dedicaron a la "captación e introducción" ilegal en España de estas mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.
"La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España", junto al temor a "represalias físicas, llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las indignas condiciones" impuestas, resume el texto de la Fiscalía
