Cinco hombres y dos mujeres, presuntos miembros de una banda hispano-venezolana, serán juzgados a partir del 14 de septiembre, acusados de prostituir a siete mujeres naturales del país caribeño que supuestamente eran obligadas a prestar "cualquier tipo de servicio sexual" 24 horas al día, siete días a la semana, en pisos de Donostia.
Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, las chicas habrían sido sometidas a una "presión constante" para el "incansable ejercicio de la prostitución" por esta banda dedicada a la trata de seres humanos.
El juicio por estos hechos tendrá lugar en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde arrancará a mediados de septiembre, con la participación de varios testigos protegidos, y se prolongará hasta el final de mes e incluso está previsto que alguna sesión tenga lugar ya en octubre.
Un piloto y el encargado del alojamiento
Según su grado de implicación, la Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 4 y los 158 años de cárcel para los acusados entre los que se encuentra un piloto de dos aerolíneas regulares y el encargado de un alojamiento rural de Burgos.
El piloto habría facilitado a la banda billetes de avión "a menor coste" a sabiendas de que eran empleados para el transporte de las víctimas y el segundo presuntamente proporcionaba "falsas reservas hoteleras" para "generar la apariencia" de que la estancia de las perjudicadas en España tenía "fines turísticos".
Según la versión del Ministerio Público, los hechos sucedieron entre 2017 y 2019, período durante el que los inculpados presuntamente se dedicaron a la "captación e introducción" ilegal en España de mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.
Una actividad en la que todos ellos se repartían "diferentes tareas" y que "establecieron como su principal medio de vida" y forma de obtener rápidamente "cantidades de dinero".
Dejar a un lado sus dificultades económicas
De esta manera, varios de los inculpados se encargaban de contactar en Venezuela con las víctimas, a las que "mendazmente" ofrecían la posibilidad de dejar "a un lado" sus "dificultades económicas" y lograr "un mejor porvenir" en España como "cuidadoras, limpiadoras y recepcionistas".
El documento precisa que, aunque en varios casos los procesados sí desvelaron a algunas chicas que serían prostituidas, les dijeron que lo harían en unas condiciones "más humanas" que la "indignidad" que finalmente sufrieron en nuestro país y sin desvelarles tampoco que serían obligadas a facilitar "sustancias ilícitas" a sus clientes.
La banda proporcionaba a las chicas billetes de avión, las reservas hoteleras y dinero en efectivo para "dar credibilidad" a la "ficción" de que viajaban con "fines turísticos" y "superar" así los diferentes controles fronterizos que realizaban principalmente a través de la ruta Caracas-París-Bilbao, sin comunicarles que deberían devolver el importe de los viajes durante los que les eran sometidas a un "seguimiento permanente".
Oferta laboral inexistente
Cuando finalmente las mujeres llegaban a Donostia eran recibidas por varios miembros del grupo que las trasladaban a distintos pisos, donde finalmente se percataban de que "la oferta laboral era inexistente" y de que deberían ejercer la prostitución, en unos casos, mientras que las que ya conocían esta posibilidad descubrían que las condiciones en las que deberían practicarla "se alejaban con creces de las prometidas".
El texto del Ministerio público desvela que los servicios sexuales que tenían lugar en estos pisos "se prestaban 24 horas diarias, los siete días de la semana, sin posibilidad de descanso, siempre que un cliente deseara consumirlos".
Las chicas debían trabajar independientemente de "su grado de cansancio, su estado de salud, el momento dentro del período menstrual en el que se encontraran, o el grado de afectación física, psíquica o emocional que tuvieran".
La víctimas tenían que hacerlo además "de forma gratuita" hasta que reembolsaran el importe de sus pasajes, tras lo que sólo percibían el 50% de las ganancias que obtenían.
Garantizar su "doblegación"
No obstante, esta suma de dinero era "controlada" por los procesados, lo que "garantizaba la doblegación" de las chicas, dado que "su capacidad de obtener ingresos dependía de la satisfacción" de la banda, que las controlaba en los pisos "perpetuamente" mediante un sistema de videovigilancia sin que ellas pudieran abandonarlos "salvo previa autorización".
En los casos en los que las perjudicadas prestaban servicios fuera de los pisos, eran trasladadas por un miembro de la organización que presuntamente les controlaba los horarios.
De esta manera, las mujeres "eran sometidas a una presión constante para el incansable ejercicio de la prostitución, bajo expreso apercibimiento de no recibir suma alguna o de incurrir en sanciones económicas, sufrir daños físicos o represalias por sus familias", detalla el escrito.
"La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España", junto al temor a "represalias físicas, llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las indignas condiciones" impuestas, resume el texto de la Fiscalía.
"Ninguna de ellas tuvo la opción de pagar la cantidad de dinero", que supuestamente debían a la banda, "de otra forma que no fuera con los servicios sexuales, en los domicilios y con las condiciones impuestas por los acusados", concluye el documento del Ministerio Público.
