Eran obligadas a prestar "cualquier tipo de servicio sexual" 24 horas al día, siete días a la semana, en pisos de Donostia donde presuntamente eran sometidas a una "presión constante" para el "incansable ejercicio de la prostitución" por una banda dedicada a la trata de seres humanos.
Siete mujeres de origen venezolano, víctimas de una banda presuntamente dedicada a la trata de "seres humanos", verán ahora a sus supuestos captores sentados en el banquillo de la Audiencia de Gipuzkoa en un juicio en el que participarán varios testigos protegidos, pero para el que aún no hay fecha de celebración.
Según su grado de implicación, la Fiscalía reclama penas que oscilan entre los 4 y los 158 años de cárcel para los acusados, cinco hombres y dos mujeres, de origen venezolano y español, entre los que se encuentra un piloto de dos aerolíneas regulares y el encargado de un alojamiento rural de Burgos.
El piloto habría facilitado a la banda billetes de avión "a menor coste" a sabiendas de que eran empleados para el transporte de las víctimas y el segundo presuntamente proporcionaba "falsas reservas hoteleras" para "generar la apariencia" de que la estancia de las perjudicadas en España tenía "fines turísticos".
CAPTACIÓN E INTRODUCCIÓN ILEGAL EN ESPAÑA
Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos sucedieron entre 2017 y 2019, período durante el que los inculpados presuntamente se dedicaron a la "captación e introducción" ilegal en España de mujeres venezolanas con el fin de explotarlas sexualmente y utilizarlas para el tráfico de drogas.
Una actividad en la que todos ellos se repartían "diferentes tareas" y que "establecieron como su principal medio de vida" y forma de obtener rápidamente "cantidades de dinero".
De esta manera, varios de los inculpados se encargaban de contactar en Venezuela con las víctimas, a las que "mendazmente" ofrecían la posibilidad de dejar "a un lado" sus "dificultades económicas" y lograr "un mejor porvenir" en España como "cuidadoras, limpiadoras y recepcionistas".
"SUSTANCIAS ILÍCITAS"
El documento precisa que, aunque en algunos casos los procesados sí desvelaron a algunas chicas que deberían prostituirse, les dijeron que lo harían en unas condiciones "más humanas" que la "indignidad" que finalmente sufrieron en nuestro país y sin desvelarles tampoco que serían obligadas a facilitar "sustancias ilícitas" a sus clientes.
La banda facilitaba a las chicas billetes de avión, las reservas hoteleras y dinero en efectivo para "dar credibilidad" a la "ficción" de que viajaban con "fines turísticos" y "superar" así los diferentes controles fronterizos que realizaban principalmente a través de la ruta Caracas-París-Bilbao, sin comunicarles que deberían devolver el importe de los viajes durante los que les eran sometidas a un "seguimiento permanente".
Cuando finalmente las mujeres llegaban a Donostia eran recibidas por varios miembros del grupo que las trasladaban a distintos pisos, donde finalmente se percataban de que "la oferta laboral era inexistente" y que deberían ejercer la prostitución, en unos casos, mientras que las que ya conocían esta posibilidad descubrían que las condiciones en las que deberían practicarla "se alejaban con creces de las prometidas".
24 HORAS AL DÍA
El texto del Ministerio público desvela que los servicios sexuales que tenían lugar en estos pisos "se prestaban 24 horas diarias, los siete días de la semana, sin posibilidad de descanso, siempre que un cliente deseara consumirlos".
Las chicas debían trabajar independientemente de "su grado de cansancio, su estado de salud, el momento dentro del período menstrual en el que se encontraran, o el grado de afectación física, psíquica o emocional que tuvieran".
La víctimas tenían que hacerlo además "de forma gratuita" hasta que reembolsaran el importe de sus pasajes, tras lo que sólo percibían el 50 % de las ganancias que obtenían.
No obstante, esta suma de dinero era "controlada" por los procesados, lo que "garantizaba la doblegación" de las chicas, dado que "su capacidad de obtener ingresos dependía de la satisfacción" de la banda, que las controlaba en los pisos "perpetuamente" mediante un sistema de videovigilancia sin que ellas pudieran abandonarlos "salvo previa autorización".
CONTROL DE HORARIOS
En los casos en los que las perjudicadas prestaban servicios fuera de los pisos, eran trasladadas por un miembro de la organización que presuntamente les controlaba los horarios.
De esta manera, las mujeres "eran sometidas a una presión constante para el incansable ejercicio de la prostitución, bajo expreso apercibimiento de no recibir suma alguna o de incurrir en sanciones económicas, sufrir daños físicos o represalias por sus familias", detalla el escrito.
"La presión que ejercían los procesados sobre las mujeres; el control emocional; la dependencia generada; el hecho de ser extranjeras carentes de recursos económicos, la ausencia de apoyo de terceras personas y el miedo a que revelaran a sus familias a qué se dedicaban ellas en España", junto al temor a "represalias físicas, llevó a las víctimas a obedecer y a aceptar las indignas condiciones" impuestas, resume el texto de la Fiscalía.
"Ninguna de ellas tuvo la opción de pagar la cantidad de dinero", que supuestamente debían a la banda, "de otra forma que no fuera con los servicios sexuales, en los domicilios y con las condiciones impuestas por los acusados", concluye el documento del Ministerio Público.
