La Fiscalía rebaja de 45 a 9 años la pena a la acusada de prostituir menores en Almería
La razón es el atenuante por haber confesado y los policías procesados han negado los cargos
La Fiscalía ha rebajado de 45 a 9 años de prisión su petición de condena para S.M.H., la principal procesada por prostituir a cinco menores en Almería, tras aplicarle la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión.
En el trámite de conclusiones definitivas de la vista oral que acoge la Audiencia de Almería, el Ministerio Público también ha modificado la pena solicitada para M.L.N., agente de la Policía Local de Adra (Almería), que desciende de 10 a 4 años de cárcel.
Por el contrario, mantiene la petición de 24 años de prisión para el otro funcionario policial encausado, J.C.P.S., perteneciente a la plantilla de Almería capital, así como penas que oscilan entre los 12 y los 48 años para los otros siete hombres acusados de agredir sexualmente a las menores prostituidas.
Víctimas menores de 16 años
Durante esta tercera sesión, dedicada a la declaración de los acusados, la mayoría de los procesados han reconocido haber contactado con S.M.H. a través de internet aunque han negado de forma generalizada conocer que las víctimas eran menores de 16 años, escudándose en la apariencia física de estas o en la oscuridad de los lugares, y varios han rechazado cualquier contacto físico directo con las víctimas.
Por su parte, los policías procesados han negado los cargos. M.L.N. ha argumentado que un teléfono móvil incriminatorio hallado en su vehículo era compartido por su turno de trabajo y que no abandonó la jefatura en el momento de los hechos.
J.C.P.S. ha rechazado rotundamente haber contactado por aplicaciones de mensajería con la principal acusada, justificando que unas gestiones que realizó con la Guardia Civil -según la Fiscalía para quitar una multa a una de las menores- formaban parte de su labor de coordinación policial y atención de consultas durante la pandemia.
Tras los testimonios, las partes, entre ellas la defensa de S.M.H., ejercida por la letrada Mónica Moya, han presentado sus informes finales ante la Sala.
Temas
Más en Sociedad
-
Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras antimaltrato
-
El Gobierno Vasco unifica y refuerza la seguridad de tres puertos guipuzcoanos
-
ALCER acompaña a casi 4.000 familias con enfermedad renal crónica
-
La EHU cerrará el lunes el campus de Gasteiz por un acto de Vox