La justicia restaurativa que se aplica en Euskadi reduce la reincidencia de los jóvenes delincuentes
El 73% de las 2.470 mediaciones han dido un éxito, pero la incidencia entre extranjeros es “significativa”
Es común asociar la justicia con un castigo ejemplar. Pero cuando quien delinque es menor de edad, la sanción –entendida como la multa o la privación de libertad– no siempre es la mejor solución Así lo pone de manifiesto la evaluación del V Plan de Justicia Juvenil 2020-2024que María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, presentó el miércoles el Parlamento Vasco. El documento arroja dos conclusiones de calado relacionadas con el poder de la justicia restaurativa, aquella que busca reparar el daño causado por un delito, involucrando directamente a la víctima, el delincuente y, a veces, a toda una comunidad.
Según el estudio realizado para el Gobierno vasco por el prestigioso profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica en la Universidad del País Vasco (EHU), Cesar San Juan, el 73% de las 2.470 mediaciones que se realizaron en el periodo analizado tuvieron un resultado positivo. Este grado de éxito influye directamente en el hecho de que solo el 11% de los delincuentes juveniles reinciden, dos puntos menos que en el anterior cuatrienio. Es decir, que se quedan en su primer delito. Estas mediaciones permiten “responsabilizar a los menores, favorecer la reparación del daño a las víctimas y reducir la reincidencia”, dijo San José.
Los últimos cuatro años se produjeron 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 son delitos como hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género y 1.967 delitos leves. Desembocaron en la aplicación de 3.611 medidas, entre las que destacan la libertad vigilada, los internamientos y las prestaciones en beneficio de la comunidad. Asimismo, se dictaron 2.738 sentencias condenatorias frente a 222 absolutorias. Para la consejera, estos datos reflejan que el plan ha cumplido con su objetivo de “asegurar la ejecución eficaz de las resoluciones judiciales” con medidas aplicadas de “manera proporcional y ajustada a las necesidades de cada menor”.
Menores extranjeros
El estudio también ayuda a desterrar algunos mitos que circulan a cerca de la identidad y, sobre todo, la nacionalidad de los jóvenes delincuentes en pleno debate sobre la proliferación de bandas y el uso de armas blancas en la calle y los espacios de ocio. Pues bien, la realidad es que el 72% de la delincuencia juvenil tiene como protagonista a chavalería de entre 16 y 17 años nacida en Euskadi. Es cierto que los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes extranjeros es porcentualmente superior a la media del Estado, un 28% frente al 20%, pero esta realidad se debe a la capacidad de acogida de Euskadi respecto a otras comunidades autónomas.
El Partido Popular y VOX no dudaron en hacer sangre con este dato en la Comisión de Justicia. La consejera San José dio cumplida respuesta a las dudas expresadas por ambas formaciones. Según explicó, el modelo vasco de acogida hace que lleguen más menores, que además lo hacen sin red familiar de apoyo y con “trayectorias muy duras”. “Misma protección, mismos derechos, y mismas obligaciones para todos nazcan donde nazcan”, reivindicó San José, quien insistió en la necesidad de reforzar las medidas de inclusión. En este sentido, dejó claro que la delincuencia juvenil “está relacionada con la exclusión social y no con la nacionalidad” porque “nadie delinque por ser de un país sino por una serie de factores socioeconómicos”
La consejera agregó que la mayoría de los menores que llegan al sistema de justicia juvenil comete una única infracción y que el índice de reincidencia ha bajado del 13 % con el que acabó el anterior plan al 11 %, lo que supone que “las medidas funcionan”. Mayoritariamente estos menores tienen que cumplir una sola medida, aunque un porcentaje “significativo” requiere varias intervenciones, lo que evidencia, a juicio de la consejera, “la necesidad de respuestas adaptadas y flexibles”. Aseguró también que en el ámbito educativo el plan ha contribuido a reducir el abandono escolar y a aumentar la participación en la Educación Secundaria Obligatoria y en Formación Profesional.
Entre los desafíos que persisten, la consejera citó el consumo “problemático” de sustancias, los problemas de salud mental, la falta de ocio estructurado y la precariedad familiar de algunos menores. Todo ello requiere, según indicó, mantener un enfoque integral que combine prevención, educación y acompañamiento social. “Una infracción cometida por un menor dice más de la sociedad que del propio menor”, recordó, reforzando la visión de un sistema que actúa de manera “integral y no solo punitiva”.
Nuevos retos
A partir de esta evaluación, la titular de Justicia y Derechos Humanos presentó las líneas generales del VI Plan de Justicia Juvenil 2025-2029, diseñado para “anticiparse a los retos emergentes en la delincuencia juvenil”. El Plan responde a tendencias como el aumento de la demanda de medidas, un leve incremento en el número de chicas infractoras, la presencia significativa de menores extranjeros, la necesidad de fortalecer la intervención en medio abierto, el avance de los procesos de conciliación y reparación y la consolidación de la disminución de la reincidencia.
También contempla nuevos retos como la influencia de las tecnologías en la conducta delictiva, problemas de salud mental, situaciones de vulnerabilidad sociofamiliar y conductas delictivas relacionadas con la libertad sexual a edades tempranas”. El VI Plan se estructurará en cuatro líneas estratégicas: la prevención, con especial atención a la detección temprana de factores de riesgo y al refuerzo de la justicia restaurativa. En segundo lugar, la integración de políticas públicas y el tercer sector. En esta línea se incide en que la calidad en la intervención basada en la evidencia incluirá la revisión de protocolos, la adaptación a perfiles diversos y la formación especializada de los profesionales. Por último, el plan trabajará la responsabilidad pública y modelo de gestión, que reforzará la ejecución de medidas y modernizará la gestión de datos, lo que permitirá una intervención más rápida, eficaz y transparente.
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