El Jurat Economico Administratiu de la Generalitat Valenciana (TEAV) ha anulado la liquidación de las tasas portuarias al Aita Mari por sus estancias en los puertos de Burriana y Vinaroz durante los últimos tres años. El fallo declara ilegales y nulas las liquidaciones, que ascendían hasta los 80.000 euros.
Según ha dado a conocer Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) este martes a través de una nota, la resolución ha fallado a su favor, por lo que la Dirección de Puertos de la Generalitat deberá devolver el importe emitido entre julio y agosto del pasado año por el Gobierno valenciano. Desde 2016, esta institución no había girado las liquidaciones debido a que la propia Ley de la Generalitat establece específicamente la exención de tasas para los buques de entidades de carácter humanitario, sin fines lucrativos y legalmente constituidas que, por necesidades de funcionamiento deban situarse en el dominio público portuario.
Para SMH, esta acción es "un intento de criminalizar y obstaculizar la labor humanitaria, siguiendo el dictado del discurso abiertamente xenófobo y racista de la extrema derecha". "El actual gobierno de Mazón, siguiendo los acuerdos con Vox que buscan expulsar a las ONGs de rescate del País Valencià, intentó aplicar un criterio retroactivo ilegal, reinterpretando de manera contraria a la lay la normativa aplicable durante los últimos tres años para forzar el pago de las tasas", han apuntado.
Ahora, "tras la movilización de la sociedad civil y la presentación de dos recursos administrativos", el TEAV ha reconocido la ilegalidad de las liquidaciones, restableciendo, de este modo, la aplicación de la exención de tasas a la entidad.
Mantendrán la actividad en Valencia
A pesar de estos ataques, SMH ha querido "reafirmar su compromiso", por lo que mantendrá la actividad en los puertos valencianos "con la mayor visibilidad posible e intensificando nuestra labor de sensibilización y educación para la transformación social".
"SMH se mantendrá siempre firme frente a los ataques directos y los intentos de lawfare (fraude de ley) y criminalización de su actividad", han apuntado desde la entidad, lamentando "que se dé por normal el discurso escandalosamente contrario a los derechos humanos, irracional y populista liderado por la extrema derecha y seguido por el Partido Popular".
