Un total de 113 entidades de ámbito político, social, cultural, deportivo, económico y sindical de Euskal Herria han presentado en la mañana de este viernes en el parque tecnológico de Miramon, en Donostia, la propuesta para el nuevo Acuerdo Sociopolítico para revitalizar el euskera. Lo han hecho durante la II. Asamblea de Firmantes de Batuz Aldatu, una iniciativa impulsada por Euskalgintzaren Kontseilua, y que se dio a conocer en junio de 2021, al reivindicar la necesidad de “dar un salto cualitativo” en la “revitalización” del euskera.
Idurre Eskisabel, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, ha señalado que "el nuevo acuerdo sociopolítico propone las claves de la política lingüística para garantizar el futuro al euskera”. Sus bases, ha dicho, son “generalizar el conocimiento, es decir, establecer un horizonte en el que toda la ciudadanía conozca el euskera, y configurar las condiciones para su uso normal. Un cambio de paradigma que, entre otras cosas, aborde también con firmeza la cuestión del estatus".
Euskalgintzaren Kontseilua euskararen aldeko bilgune nagusiena da. 1997an sortu zen, eta gaur egun euskalgintzako 31 gizarte eragile garrantzitsuk osatzen dute, besteak beste, AEK, Elkar, Ikastolen Elkartea, Berria, Taupa Mugimendua, Elhuyar, Emun, Jakin, IKA, Bertsozale Elkartea, EHIGE, Errigora eta EHEk. Euskararen lurralde osoan egiten du lan, eta euskararen normalizazioa eta biziberritzea bultzatzeko herri ekimenetan zein hizkuntza-politiketan eragitea du xede.
Entre los 113 firmantes de esta iniciativa, que sigue abierta a nuevas adhesiones, se hallan a día de hoy entidades como Real Sociedad Fundazioa, Athletic Fundazioa o el club de rugby Ordizia, en el ámbito deportivo; Corporación Mondragon o la federación de cooperativas Konfekoop en el mundo empresarial; Euskal Herriko Ikastolak, las asociaciones de padres y madres de la escuela pública EHIGE, así como los sindicatos ELA, LAB, STEILAS, ESK, HIRU y EHNE; y el mundo de la Euskalgintza, encabezado por Taupa Mugimendua (Topagunea), AEK eta la red de euskaltegis IKA.
La propuesta plantea un “nuevo paradigma” que tiene varios ejes, pero apela a la implicación personal y social a todos los niveles, no sólo el institucional para “trabajar el uso” colectivo del euskera. Desde el ocio, al ámbito laboral, los movimientos sociales, las asociaciones culturales, deportivas. Todos.
Un proceso de “compromiso cívico” en el que todos deberíamos empujar, en primer lugar, para que se “respeten los derechos lingüísticos” de las personas, y, en términos generales, para que el uso del euskera se universalice en todo Euskal Herria, creando unas condiciones que faciliten y hagan cómodo su uso. En definitiva, que nuestro idioma no chirríe en ningún lado. Que fluya, sin complejos ni limitaciones.
No es una tarea sencilla. En primer lugar, porque “impulsar la universalización del conocimiento del idioma” resulta más difícil allá donde el idioma no es oficial, como resulta en los territorios de Iparralde y parte de Navarra. La oficialidad del idioma en los siete territorios de Euskal Herria se presenta como una prioridad, en este sentido.
A lo que se suma una transformación demográfica que se avecina en los próximos años, en los que Euskal Herria se presenta como lugar de acogida para personas provenientes de otros países.
Es el momento del “empoderamiento colectivo”, dicen, si queremos garantizar el futuro del euskera ante la delicada situación.
“Kinka larrian”. En la cuerda floja, por decirlo de laguna manera. El diagnóstico es compartido por los firmantes del acuerdo. “La preocupación” sobre la ralentización del impulso al euskera, y el “riesgo de retroceso”, incluso en los territorios donde el uso del idioma es mayor, como es el caso de Gipuzkoa, se instaló hace ya más de una década.
No es casualidad que Batuz Aldatu ya diese el primer golpe sobre la mesa el 19 de junio de 2019. Han pasado ya más de cuatro años desde entonces, y la situación, lejos de mejorar, acumula nuevos datos inquietantes sobre el uso del euskera.
La propuesta presentada esta mañana interpela a toda la sociedad, con diferentes capas de responsabilidad y tareas repartidas. Y es fruto del trabajo realizado por el grupo motor (Talde Eragilea) designado ya en 2019 e integrado por representantes de once de las entidades firmantes.
Asumen que la digitalización ha cambiado de raíz las prácticas lingüísticas, y con ello ha puesto en solfa todo el trabajo realizado hasta ahora y las políticas implementadas. Una digitalización global que ha dado “más fuerza las lenguas hegemónicas” y ha hecho “más vulnerables” a las que ya lo eran antes, a las minorizadas, como el euskera.
El “porcentaje de hablantes relativos disminuye”, incluso en los arnasgunes geográficos, donde antes no se escuchaba otro idioma que no fuese euskera y ahora ya sí. La situación, según reconocen, es más compleja, debido a la no oficialidad del idioma en algunos territorios de Euskal Herria como los territorios de Iparralde y parte de Navarra.
Euskalgintzaren Kontseilua ha recordado, de hecho, que en noviembre de 2024 ya se reivindicó la “emergencia de la situación” y que “el futuro del euskera y de la comunidad vasca está en juego si no se da un salto tan sólido como rápido en las políticas lingüísticas a favor del euskera”.
En esta segunda asamblea de los firmantes de Batuz aldatu (la primera asamblea de firmantes se llevó a cabo en noviembre de 2022) se da un paso más. En la hoja de ruta se especifica la importancia del “empoderamiento colectivo”. La inacción es retroceso, dicen. Y “la neutralidad no vale”. “Es responsabilidad de todos”.
El esfuerzo colectivo exigido también tiene que ser “transversal, progresivo y acordado”, para que sea más fuerte. Por ello, aseguran será necesario construir acuerdos sociales y políticos.
Debe producirse “un desarrollo integral del idioma”, en todos los ámbitos de nuestra vida. No se limita a los derechos lingüísticos que tenemos de ser tratados en euskera en la Administración o las instituciones, sino que tiene que garantizarse su efectividad en todos los ámbitos sociales, para lo que es necesario un “compromiso cívico” generalizado.
Se trata también de una cuestión de índole política, recoge el documento, que reclama “valentía y ambición” a las Administraciones Públicas y los partidos políticos: “Las instituciones deben poner en marcha políticas públicas prioritarias en materia de normalización y revitalización del euskera, dando esa consideración tanto en materia normativa como en cuanto a inversiones y recursos a ofrecer”.
“Desde los ayuntamientos hasta los gobiernos de cada uno de los ámbitos administrativos que dividen a Euskal Herria”, aseguran.
En lo que se refiere a la universalización del conocimiento, el documento recoge que “se debe actuar prioritariamente en los ámbitos de la educación, tanto formal como no formal, la euskaldunización-alfabetización de adultos, la cultura y las políticas de acogida”.
En la educación formal, bajo la premisa de “dar más euskera al que menos tiene” y transmitir no sólo el idioma, sino la cultura vasca, la historia y las motivaciones históricas y sociales de vivir en euskera. Sin olvidar, por supuesto, la enseñanza no reglada, un espacio que atrae a muchas personas y cuya oferta debería ser prioritariamente en euskera.
El derecho a aprender euskera, y sentirlo propio debe ser una responsabilidad comunitaria, por lo que la alfabetización en euskera de los adultos, además de gratuita, debería ser accesible, labor que encomiendan a las “instituciones y agentes políticos”.
En este punto, creen que juega un papel relevante la “acogida lingüística” de los recién llegados es otro punto clave. Euskal Herria está siendo receptor de un importante flujo migratorio de personas de otros lugares. “Es necesario darles todos los recursos necesarios para que aprendan euskera”. Esa acogida se plantea como un deber hacia la población recién llegada.
Además, se reconoce como “estratégico” el papel y la responsabilidad del “ámbito económico”, en el que “empresas y sindicatos tienen especial protagonismo”.
Se pide a las primeras que incorporen el euskera como valor estratégico y que desarrollen planes de euskera, mientras que a los sindicatos se les reclama que reconozcan los derechos lingüísticos como parte de los derechos de los trabajadores y los recojan en los convenios laborales, poniendo un plus de atención en el colectivo de “las trabajadoras que trabajan en sectores precarios”.
Se pide al ámbito académico y cultural que garantice el conocimiento y la creación propia en euskera. Y se incide en el impulso a la creación de contenidos audiovisuales “de calidad” en euskera, sobre todo de ocio y entretenimiento.
También se piden medidas legales para impulsar el euskera en el curriculum educativo, el ámbito cultural, los medios de comunicación y el entorno digital, con cuotas, regulación de licencias y subvenciones dirigidas al fomento del euskera.
