Enrique Giménez y su mujer Lourdes no dan crédito a la pesadilla en la que se ven envueltos. Este matrimonio de Errenteria, con un hijo de diez años a cargo, ha presentado “in extremis” un recurso ante el Tribunal Constitucional alegando “indefensión y discriminación por motivos económicos”, tras una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Donostia, que ha fijado el desahucio de su vivienda de alquiler para el próximo martes. El juez considera que la familia no se encuentra en situación de vulnerabilidad por disponer de tres propiedades, algo que niegan los afectados y que, al parecer, se debe a una confusión de nombres.
“En los quince años que llevo en la plataforma, es la primera vez que denunciamos a un juzgado, la primera vez que me encuentro una situación así”, ha reconocido Rosa García, portavoz de la plataforma Stop Desahucios, que ha convocado este jueves una rueda de prensa ante el Palacio de Justicia de Donostia, a la que han asistido distintos dirigentes institucionales de EH Bildu, Sumar, Podemos y Ezker Anitza-EB, para explicar ante los medios de comunicación la “injusta y preocupante” sentencia.
La familia, además, no ha podido presentar recurso ante la Audiencia Provincial porque para ello el juez ha impuesto como requisito el depósito de una cantidad económica que el matrimonio no tiene. La sentencia ha rechazado el expediente de vulnerabilidad presentado por el abogado de la familia que, en virtud de la legislación vigente, contempla la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre para inquilinos vulnerables, “como es la situación acreditada” de Enrique y Lourdes.
La suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para estos supuestos sin alternativa habitacional fue aprobada por primera vez en marzo de 2020 por el entonces gobierno de coalición del PSOE y Podemos, y actualmente está prorrogada, aunque la familia ha visto por el momento cerradas las puertas a esa alternativa.
En la exposición de motivos, el juez indica en la sentencia que Lourdes posee tres propiedades fuera de Euskadi, algo que García ha desmentido, entre otras razones porque éstas fueron registradas incluso antes de que naciera la afectada, algo que la plataforma achaca a una “suplantación de identidad” que, al parecer, no habría sido tenida en cuenta por el juzgado. “Es falso, ya que de lo contrario, con los controles que existen hoy en día, no estarían cobrando el Ingreso Mínimo Vital”, ha recalcado García, en relación a los 1.309,25 euros que percibe la familia a través de esa vía, únicos ingresos en el hogar.
La familia está "sorprendida"
El marido de Lourdes, que ha intervenido en la rueda de prensa, ha reconocido que la familia “está sorprendida, porque no es normal que un juez actúe así. Cumplimos todos los requisitos para que se suspenda el desahucio. Nos parece mentira lo que está ocurriendo. En el certificado que pedimos del Registro de la Propiedad aparece una María Lourdes, sin DNI, que tiene propiedades. Pero María Lourdes con DNI, que es mi mujer, no los tiene, y se ve que el juez no lo ha leído bien, o no lo ha tenido en cuenta. Nos parece increíble. La verdad es que estamos muy mal, muy afectados”, ha reconocido Giménez, visiblemente nervioso.
El juez tampoco ha admitido varios recursos de reposición alegados contra dicho rechazo, ni un reciente recurso de amparo ante la Audiencia Provincial, denegado también por no poder consignar en el juzgado la deuda que acumula la familia, cuyos únicos ingresos provienen del Salario Mínimo Vital.
“Nadie pone en duda la deuda que tienen, pero la familia recurre porque se está diciendo que Lourdes tiene inmuebles, algo que no es cierto. A la hora de impugnar la sentencia, cabe un recurso de alzada ante la Audiencia Provincial, pero ahí es cuando viene la actitud de su señoría porque para admitir en el propio juzgado ese recurso de apelación se obliga a los afectados a hacer un depósito de la cantidad adeudada, lo que en la práctica significa que no van a poder recurrir, y eso su señoría lo sabe”, denuncia García.
El origen de la pesadilla
El origen de la pesadilla que está viviendo esta familia se remonta al año 2006, en plena burbuja inmobiliaria, cuando el matrimonio firmó con Caixabank una hipoteca de 245.373 euros para comprar su vivienda. Tras la crisis económica y la imposibilidad de afrontar los pagos el matrimonio firmó una dación en pago con alquiler social con la entidad bancaria.
Esta fórmula permite a las personas con problemas económicos sobrevenidos entregar su vivienda habitual a una entidad financiera a cambio de la cancelación de su deuda, y acceder a un alquiler asequible en la misma vivienda. En ese acto que la familia firmó el 7 de diciembre de 2018, el banco cedió la propiedad de la vivienda y la deuda a la inmobiliaria Buildingcenter SAU.
Durante la pandemia Enrique perdió su trabajo como repartidor, y la familia no pudo hacer frente al alquiler, por lo que la inmobiliaria interpuso una demanda de desahucio el 20 de mayo de 2021. En virtud del Real Decreto 11/2020, hubo una sentencia previa del juzgado de Primera Instancia nº5 que suspendió el desahucio por la situación de vulnerabilidad que atravesaba la familia, y ha sido ahora cuando la nueva sentencia dictada por el juez ha revocado esa protección.
“Y lo hace con argumentos, entre otros, como que Lourdes tiene tres propiedades fuera de Euskadi al confundirla con otra persona con su mismo nombre y apellidos”, denuncia la portavoz de Stop Desahucios, quien asegura que “se ha fijado la fecha del desahucio desoyendo todos los recursos presentados”.
La plataforma señala que ante "el riesgo fundado" de que el juez no suspenda la medida a pesar del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado al Ayuntamiento de Errenteria que intermedie antes los demandantes -Caixabank y Buildingcenter- para que soliciten al juzgado la suspensión del lanzamiento, y posibilite a su vez la negociación de una salida habitacional "para esta familia que vive en un municipio declarado tensionado". La plataforma asegura que si no se logra impedir el desahucio por otras vías, recurrirán a la movilización ciudadana.
