La Generalitat indemnizará con 40.400 euros a familiares de Núria López, la cocinera asesinada por un preso en el centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), el 13 de marzo de 2024, en reconocimiento del daño causado.
Los primos de la trabajadora asesinada interpusieron una reclamación patrimonial ante el Departamento de Justicia y Calidad Democrática.
La consellería abrió un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial dirigido al reconocimiento del daño que han sufrido los familiares de la cocinera asesinada, a raíz del funcionamiento del servicio público penitenciario y de las "disfunciones detectadas", ha avanzado El País y ha informado la consellería.
En el marco de este procedimiento, y en reconocimiento de este daño que ha sufrido la familia de Núria, la Generalitat ha acordado la declaración del derecho de los familiares a ser indemnizados económicamente.
El procedimiento del Departamento de Justicia tiene ya una resolución administrativa que fija esta indemnización en 40.400 euros, conforme a los "baremos y criterios que marca la jurisprudencia", indica la consellería.
Tras el asesinato de la trabajadora de la prisión de Mas d'Enric, el juzgado incoó unas diligencias previas, tras las cuales se decretó el sobreseimiento provisional del caso y el posterior archivo.
En la interlocutoria de archivo de la causa no se determinó ninguna responsabilidad penal, más allá de la del preso que asesinó a Núria y que, posteriormente, se suicidó.
Condenado a 11 años de cárcel por el asesinato de una prostituta
El interno que mató a la cocinera cumplía una condena de 11 años de cárcel por el asesinato confeso a puñaladas de una mujer prostituida en 2016, y la privación de libertad expiraba en 2027.
Desde el 2018, el preso realizaba labores comunitarias en la cocina de la prisión, en el marco del itinerario enfocado a la reinserción.
El asesinato ocurrió en las instalaciones de cocina del recinto penitenciario, donde el preso mató a la cocinera con arma blanca y luego se suicidó.
Justicia subraya que desde el departamento se han adoptado varias medidas de seguridad y organizativas para prevenir que se pueda volver a producir un episodio como este: en septiembre del año pasado entró en vigor la circular 1/2024, por la cual se redefinían los criterios de distribución de tareas entre los internos y se impedía que los penados por delitos de extrema violencia puedan acceder a objetos peligrosos.
El Departamento de Justicia "está totalmente comprometido con la seguridad de los funcionarios de prisiones y trabaja para mejorar las garantías que lo hacen posible, como por ejemplo el reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad, una medida que se encuentra en tramitación parlamentaria", afirma la consellería.
