La Diputación agotará la vía legal frente a las sentencias contra el euskera antes de estudiar qué hacer con futuras convocatorias

La Diputación de Gipuzkoa continuará “hasta la última opción legal” las últimas sentencias en contra de los requisitos lingüísticos para ocupar puestos en la administración pública antes de estudiar qué medidas tomar de cara a las futuras convocatorias. Así lo ha reconocido este miércoles Irune Berasaluze, diputada de Gobernanza, ante las Juntas Generales, donde ha señalado que el territorio se encuentra frente a “un reto muy importante” para el que es necesario “dotar de seguridad jurídica” la defensa de los derechos lingüísticos.

Berasaluze ha intervenido en el Pleno ante una interpelación de EH Bildu sobre el mantenimiento de los perfiles lingüísticos en las ofertas públicas de empleo tras la decisión de la Diputación de Bizkaia de retrasar la exigencia del euskera en la mitad de las plazas hasta que haya una sentencia firme. Según ha apuntado, por el momento la Diputación de Gipuzkoa no estudiará qué medidas tomar de cara a futuras convocatorias hasta que se agoten todas las vías judiciales disponibles.

“Tenemos que esperar y llegar hasta la última opción de la vía legal. Veo lo que está ocurriendo con mucha preocupación. Hace falta un cambio y, mientras tanto, todas las administraciones, no solo la Diputación, también los ayuntamientos, estamos en una encrucijada”, ha indicado la diputada, recordando que la administración pública se encuentra inmersa en un cambio generacional que se va recrudecer en los próximos años.

De este modo, el Ente foral va a necesitar de “nuevas convocatorias prácticamente cada mes”, por lo que no va a poder esperar a la decisión final de cada sentencia. “De momento, es tiempo de defender el euskera como hemos hecho hasta ahora, pero la situación es que muchas plazas van a necesitar de un cambio y eso nos afecta al servicio público. Estamos ante un reto muy importante”, asegurado.

Un cambio en la jurisprudencia

Por todo ello, Berasaluze ha pedido un cambio en la jurisprudencia que defienda el euskera en la administración pública. “Estamos convencidos de que toda la población tiene el derecho a poder dirigirse a nosotros en el idioma que quiera y que todos los trabajadores de la administración puedan decidir en qué idioma quieren hablar, y así lo ha decidido también la Diputación”, ha agregado.

“El euskera debe ser un elemento de cohesión, pero nos encontramos en un bloqueo. Hemos suspendido el proceso para estabilizar cien puestos administrativos hasta ver qué pasa en los tribunales y analizaremos según lo que ocurra, pero es un problema para todos”, ha afirmado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la colaboración.

“Es momento de sacar al euskera de los tribunales y, sobre todo, apartarlo de la disputa política, que no hace más que perjudicar al euskera”, ha indicado dirigiéndose a EH Bildu, asegurando que es tiempo de “unir fuerzas en busca de una solución”. “La ley está vigente y las sentencias tienen efectos. Esta es una realidad incuestionable que se sitúa por encima de nuestros deseos y objetivos”, ha añadido.

"Un paso atrás"

Por su parte, Laida Begiristain, de la formación abertzale, ha pedido que “el miedo y la falta de confianza” no cambien la apuesta por el euskera de la Diputación ante estas sentencias y ha indicado que la actuación en Bizkaia no debe ser la respuesta. “No ponemos en duda el trabajo que hacéis por el euskera, pero no queremos que esa confianza cambie”, ha indicado.

Para Begiristain la decisión de la Diputación vizcaina es “un paso atrás” que Gipuzkoa no debe dar, por lo que le exigido compromiso al Ente foral de cara futuras sentencias.