Cuenta atrás para casi 200 familias guipuzcoanas con demandas de desahucio

Al menos 183 familias vulnerables de Gipuzkoa viven bajo la amenaza de un desahucio que podría materializarse a partir del año que viene en caso de que el Gobierno central no prorrogue el real decreto que permite la suspensión de esta medida para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional, como es el caso de estas familias. 

La plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, arropada por junteros y concejales de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos además de organizaciones sociales como Alokairu y el sindicato Steilas, se ha concentrado este miércoles en Donostia ante la sede de la Delegación de Vivienda del Gobierno Vasco para denunciar la “grave situación” que atraviesan los inquilinos y pedir a los partidos vascos con representación en el Congreso que soliciten al Gobierno central esa prórroga, ya que de lo contrario “pueden verse durmiendo en la calle”.

Las familias afectadas viven en los municipios tensionados de Donostia, Irun y Errenteria, y se estima que puede haber "centenares de casos" en toda Euskadi, según ha declarado Rosa García, portavoz de la plataforma, que ha solicitado información al resto de municipios guipuzcoanos para obtener una fotografía más completa del mapa actual de necesidades. 

Todas estas familias tienen un denominador común: impago de rentas o finalización de sus contratos. "Son muchas las personas que se están dirigiendo a la plataforma diciendo que han recibido un burofax en el que se les indica que el casero no les quiere renovar el contrato, transcurridos cinco años", asegura García.

Se trata de familias que no pueden pagar "los especulativos e insoportables precios del alquiler", denuncia la portavoz, poniendo el foco en el caso de Donostia, donde la renta media ha escalado hasta los 1.092 euros, y el precio de compra ha superado durante el tercer trimestre de año el techo de la burbuja inmobiliariacon 5.613 euros el metro cuadrado. 

Frente a esta situación el parque público de alquiler del territorio sigue arrastrando un "déficit crónico”. En Gipuzkoa hay 8.423 viviendas para 21.795 inscritos en las listas de Etxebide, mientras que en el conjunto de Euskadi son 27.720 pisos para 78.475 demandantes de vivienda de alquiler social.

La falta de vivienda y los precios desorbitados acaban por convertirse en un cóctel explosivo que está provocando cada semestre un incesante incremento de demandas de desahucio por impagos o finalización de los contratos de alquiler.

"Abocados a dormir en la calle"

"Si no se prorroga el Real Decreto 11/2020 que suspende los desahucios de estos inquilinos vulnerables, se van a ver abocados a dormir en la calle, porque los jueces están obligados a poner al día la demanda y fijar nueva fecha de desahucio", denuncia García. La plataforma insta a las formaciones políticas y al Gobierno Vasco a que soliciten "de manera enérgica" esa prórroga durante un año más.

A estas familias vulnerables no se les ha adjudicado una vivienda de alquiler social, a pesar de reunir los requisitos, porque la lista de espera "es infinita. Aun estando inscritas en Etxebide desde hace muchos años, de tener menores a cargo y de ser vulnerables social y económicamente, no tienen alternativa habitacional", censura la portavoz de Stop Desahucios.

Para todas las personas afectadas la prórroga del Real Decreto resulta vital, ya que gracias a él el inquilino puede acreditar su situación de vulnerabilidad ante el Juzgado. También es preciso que los Servicios Sociales, a petición del juez, emitan un informe de vulnerabilidad señalando que el municipio no tiene una alternativa habitacional.

Asimismo, este decreto ofrece cobertura a arrendadores afectados por impagos, que tienen la posibilidad de solicitar ante el mismo juez que se les abone las rentas que han dejado de percibir mientras se suspende el desahucio. "Sabemos que hay arrendadores que se están beneficiando de esta situación, como es lógico. Pero hay que tener el cuenta que el Gobierno Vasco no les paga la renta que establece el contrato de alquiler, que en la mayoría de los casos es abusiva, sino la fijada en la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL)", precisa García.

Stop Desahucios lleva ya casi dos años pidiendo que los municipios tensionados puedan acogerse a Ley de Vivienda, una solicitud que han vuelto a trasladar este miércoles ante la necesidad de topar los "altísimos alquileres impuestos por los fondos buitres y por los grandes tenedores, que en Donostia concentran 3.000 viviendas".

Para ello es necesario que las haciendas vascas envíen al Ministerio de Vivienda los datos de los contribuyentes para fijar las rentas medias a aplicar a los grandes tenedores. En ese sentido, la plataforma exige la publicación "urgente" en el BOPV de las órdenes para declarar municipios tensionados a Zumaia, Lasarte-Oria, Irun y Donostia, y la publicación en el BOE de la de Errenteria.

"Es necesario limitar esta sangría social, de modo que muchas familias de clase media y baja puedan acceder a una vivienda de alquiler social. El Gobierno Vasco y los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo titánico para incrementar el parque público de vivienda de alquiler", subraya García.