La población penitenciaria de Euskadi asciende a 1.687 reclusos, la inmensa mayoría de ellos de nacionalidad española. En concreto, un total de 1.118 personas, según los datos facilitados por la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, al Parlamento Vasco a instancias de Vox.
La ultraderecha ha registrado cuatro peticiones de información al Ejecutivo de Pradales en lo que va de legislatura y todas ellas tienen como objetivo asociar delincuencia o fraude e inmigración, algo que no parece corresponderse con los datos.
Así, el 33% de la población reclusa en Euskadi es de origen extranjero, un porcentaje algo superior al 27% que registran los centros de Instituciones Penitenciarias, y también a la media europea, que se sitúa en el 25%, pero muy por debajo de los datos que ofrece Catalunya, que ronda la mitad de su población penitenciaria.
En octubre se cumplirán tres años desde que el Gobierno Vasco asumió la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi, el de Martutene, que será sustituido por las modernas instalaciones de Zubieta, el de Zaballa en Araba y el de Basauri, en Bizkaia.
Una gestión que se lleva a cabo en un contexto social en el que Euskadi continúa ganando habitantes gracias al incremento de las personas extranjeras, que a fecha de 1 de abril era de 214.522 inmigrantes. El País Vasco cuenta así con un total con 2.227.746 vecinos y vecinas, un 0,1% más que en el inicio de 2024, según los datos de la Estadística Continua de Población.
En los tres primeros meses del año la población vasca se había incrementado en 2.178 personas, un ascenso que se debe a la llegada de extranjeros, que ahora son 3.115 más que el 1 de enero, mientras que las personas con nacionalidad española se han reducido en 937. Y en la medida en que aumenta la población, ese incremento tiene su lógica correlación estadística con las cifras que arrojan los centros penitenciarios.
Medio millar de reclusos
Así, entre el medio millar de personas de origen extranjero privadas de libertad en Euskadi destaca por países Marruecos, con un total de 163 reclusos, al que siguen Colombia (55), Argelia (54), Bolivia (39) y Rumanía, con 29 personas privadas de libertad. Son datos aportados por la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, a la solicitud de información formulada por la parlamentaria del grupo mixto-Vox Amaia Martínez sobre la población reclusa en los centros penitenciarios del País Vasco.
En cuanto a la tipología de los delitos, cometidos tanto por la población reclusa nacional como extranjera, el informe señala que se han registrado un total de 387 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la mayor parte cometidos por hombres (345). En segundo lugar figuran los delitos y faltas de violencia de género, con un total de 185 infracciones, a los que siguen los cometidos contra la libertad sexual, de los que el informe da cuenta de 156. En su respuesta parlamentaria la consejera también incluye un total de 153 delitos contra la salud pública.
Desde que el Gobierno Vasco asumió la gestión de las prisiones vascas, uno de los principales objetivos ha sido fomentar el uso de penas y medidas en la comunidad e incrementar el cumplimiento de condenas de prisión en régimen de semilibertad, así como mejorar la situación de las personas internas y su eficaz inclusión social.
Cientos de reclusos internos en cárceles gestionadas por el Ministerio del Interior han pedido su traslado a Euskadi por múltiples factores, incluida esa aparente mayor facilidad para acceder a la semilibertad. Así, el actual incremento de la población penitenciaria no deriva tanto del aumento de la criminalidad como de que, desde el traspaso, la Administración penitenciaria vasca está acogiendo a más personas que por su condena o arraigo podrían cumplir la pena en Euskadi.
Tensionamiento de los centros penitenciarios
Lo cierto es que, tal y como reconoge el Gobierno Vasco en su balance de la gestión llevaba a cabo hasta ahora, el grado de ocupación actual supone “un tensionamiento en los centros penitenciarios y ha motivado la imposibilidad de absorber toda la demanda de traslados voluntarios a Euskadi” de personas internas en centros de otras partes del Estado. “Esta decisión de no admitir todas las demandas se ha adoptado de conformidad con la Administración estatal”, con quien en marzo se firmó un acuerdo de cooperación en esta materia.
La consejera vasca de Justifica también informa de que, a fecha 3 de julio, había un total de 29 internos en el centro de menores Ibaiondo de Zumarraga. Por países de origen, los usuarios del centro se distribuyen en siete grupos. Los jóvenes de nacionalidad española vuelven a representar el núcleo principal -once en total-, al que siguen Marruecos (7), Colombia (6), Argelia (2), y países como Camerún, Cuba y Nicaragua, con uno cada uno.
Los jóvenes ingresan en este centro mediante resolución judicial con medidas de internamiento cautelares o de cumplimiento, en régimen cerrado o semiabierto, así como internamientos terapéuticos o de fin de semana, de cualquiera de los Juzgados de Menores. La causa que ha originado el ingreso en el centro se distribuye del siguiente modo. Son mayoritarios los robos (ocho casos), seguidos de agresiones sexuales (6), homicidios (4) e intentos de asesinato, con tres ingresos.
