Gipuzkoa tiene abiertos 1.787 expedientes por riesgo de desprotección a menores o desamparo

Un volumen de actuaciones “elevado” en el que los conflictos de adolescentes con sus familiares son “recurrentes”. Se trata de casos que pueden llegar a acabar en comisaría con denuncias cruzadas entre padres e hijos, lo que en última instancia obliga a adoptar medidas de separación. Ante este tipo de situaciones, y en su “obsesión” por anticiparse a una judicialización de casos que no hace más que complicar las cosas, la Diputación estrenó hace dos meses el proyecto Etxean en colaboración con Fundación Larratxo, dirigido a adolescentes que tienen graves problemas con sus familiares.

Es previsible, según indica el Ejecutivo foral, que no sea el único programa de estas características en los próximos años en los que se llevará a cabo una “readecuación y diversificación” de los recursos para responder a estas nuevas realidades sociales. “Si somos capaces de incidir de una manera rápida cuando se produce la crisis, con mucha probabilidad podemos conseguir que las familias y adolescentes no entren de forma permanente en el sistema de protección foral”, señala Belen Larrion, directora general de Protección a la Infancia y de Inclusión Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Punto de inflexión

A este respecto, la pandemia supuso un punto de inflexión. A diferencia de lo que se preveía, no se dispararon las situaciones problemáticas derivadas de aquella convivencia tan estrecha y tensa. De hecho, la Diputación preparó recursos que no fueron necesarios con la intensidad prevista. Pero una vez quitado el corsé de las restricciones, las cosas han ido cambiado notablemente en los tres últimos años.

“Nos empezamos a dar cuenta de que se estaba produciendo un aumento considerable de acogidas de urgencia de adolescentes que no conocíamos previamente”, revela Patxi Agiriano, jefe del Servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Eran casos que no respondían al perfil habitual de familias de convivencia deteriorada y una larga lista de necesidades que iban dejando su huella en los servicios sociales de base.

¿Qué estaba pasando? Técnicos de la Diputación realizaron durante 24 meses un análisis detallado de la entrada de casos, y el resultado obtenido fue una sorpresa. Más de una treintena de acogidas de urgencia respondían a un mismo patrón: chicas adolescentes con una denuncia cruzada, sea de los padres hacia ellas o a la inversa, lo que significaba la judicialización del caso. “Era una situación que no conocíamos previamente, en la que no había habido ningún tipo de intervención municipal”, reconoce Agiriano.

Aunque no era una cifra como para llevarse las manos a la cabeza, casi todos los casos se quedaban en el sistema de protección foral. Nadie había dado la alerta previamente sobre estas situaciones, hasta que la convivencia estallaba. “Y lo hacía con tal intensidad que prácticamente ninguna adolescente regresaba a casa”, precisa Agiriano.

Tras un periodo de reflexión en el seno de la Diputación, una de las explicaciones –que no lo única– a esta nueva realidad fue la creciente conciencia sobre sus derechos que parecen estar adoptando las adolescentes. Algo a lo que ha contribuido la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). “Ante situaciones en las que no hay un buen trato, saben que pueden y deben decirlo. Así, nos encontramos con adolescentes chicas que entienden que esa situación no tienen por qué soportarla”, señala Larrion.

Atención inmediata

De hecho, según observa Agiriano, no suele ser extraño que una adolescente se persone ante la comisaría acompañada de amigas. También es verdad que esa mayor conciencia de los derechos “no siempre va acompañada de sus obligaciones”, según suscriben ambos.

Se imponía, en cualquier caso, la necesidad de atender estos episodios de crisis de forma inmediata para recomponer lazos cuanto antes. La Diputación vio la necesidad de actuar para que la ruptura de vínculos no fuera definitiva. Y en ese contexto nació Etxean, un programa que surge en colaboración con Fundación Larratxo, entidad que lleva muchos años trabajando en el ámbito residencial y que a su vez hacía la misma lectura de la situación.

El nuevo programa cuenta con diez plazas, aunque su radio de acción va más allá puesto que se trabaja con toda la unidad familiar. De hecho, actualmente hay seis adolescentes que están siguiendo el plan de acción, pero sin residir en el centro, ya que son hermanos de personas usuarias.

Apuntan en la buena dirección

Los responsables señalan que tan sólo han pasado dos meses desde la puesta en marcha del programa y habrá que aguardar al menos un año para hacer valoraciones, aunque hay indicadores que ya parecen apuntar en la buena dirección. “Hemos conseguido que todas las unidades familiares de los chavales que están, participen activamente en el programa”, apunta Agiriano. “Y, además, con buena disposición a hacerlo, algo que tiene que ver con la rapidez”, añade Larrion. Dice la directora que no se trata de poner el acento exclusivamente en los derechos de los adolescentes. “La clave está en vehiculizar la ayuda, y si, para ello, una persona lo hace desde su derecho a expresar que la situación que vive no es la adecuada, pues bienvenido sea, lo cual no quiere decir que se vaya a ejercer la tutela”, precisa.

De hecho, en esa situación se encuentran 787 menores de entre los 1.787 expedientes abiertos por riesgo de desprotección o desamparo. La mayor parte está siguiendo programas de preservación familiar, con apoyos socioeducativos y atenciones terapéuticas. “No hace falta ser tutelado para trabajar con nosotros”, recalca Larrion.