La defensa del principal acusado de la muerte de Lukas Agirre, que murió tras ser apuñalado en Donostia la mañana del día de Navidad de 2022, sostiene que su cliente fue coaccionado para que "se declarase culpable" del crimen por un ertzaina que, según esta parte, está siendo investigado por Asuntos Internos.
Los hechos sucedieron la mañana del 25 de diciembre de 2022, a la salida de una céntrica discoteca donostiarra, en cuyas inmediaciones la víctima recibió dos cuchilladas durante un altercado entre dos grupos de jóvenes.
La Fiscalía pide 22 años para el principal acusado de estos hechos, otros 22 para un segundo hombre, al que considera cooperador necesario, y tres años para una mujer imputada como encubridora.
Las acusaciones particulares, que ejercen distintos familiares de Lukas Aguirre, demandan 25 años de cárcel para cada uno de los dos varones y dos años para la mujer.
Por su parte, la defensa del acusado como cooperador necesario mantiene que este joven "no participó de ninguna manera en el fallecimiento", mientras que la de la única mujer imputada afirma que "no estuvo presente" en la agresión a Lukas Aguirre y que no puede ser encubridora del crimen porque no se le puede acusar de "entorpecer la investigación de un hecho que desconocía".
Mantiene su inocencia
El letrado del principal acusado también sostiene la inocencia de su cliente quien, según su versión, había consumido importantes cantidades de alcohol y drogas a lo largo de aquella noche tras lo que, ya por la mañana, salió de la citada discoteca junto a los otros dos inculpados a la plaza Okendo.
En este sitio se produjo una disputa entre los citados grupos de jóvenes durante la que, en opinión de este defensor, su patrocinado fue agredido "de forma continua" hasta que logró "salir huyendo" del lugar "sin tener conocimiento de la tragedia que había ocurrido".
Según su versión, al llegar a su domicilio "desorientado y aturdido", fue informado por su madre de que "un integrante del otro grupo" había fallecido por lo que, "consciente de la gravedad" de lo ocurrido, acudió "de forma voluntaria" a la comisaría de la Ertzaintza "para colaborar con las autoridades y esclarecer lo sucedido".
Captado por las cámaras
Una vez arrestado, este joven pidió sin éxito ser atendido por un médico, aunque sí se le permitió "salir a fumar" en varias ocasiones acompañado por un agente que, según el texto de su defensa, "le presionaba para declararse culpable", "aprovechando la vulnerabilidad y lagunas memorísticas que presentaba" y alegando "que había sido captado por las cámaras de seguridad".
"Este agente ha sido investigado por Asuntos Internos por las actuaciones que ha llevado a cabo en el presente procedimiento", detalla el escrito de defensa.
Muestras de sangre y orina
Transcurridas "diez horas" de su detención y, "tras obtener la ansiada confesión bajo circunstancias cuestionables, trasladaron al acusado a un centro hospitalario para ser atendido y obtener las muestras de sangre y orina correspondientes", detalla el documento.
En otro apartado de este mismo escrito, la defensa del principal acusado critica que se haya denegado a las partes el acceso a las diligencias de la "investigación judicial paralela" que se practica sobre las "actuaciones de determinados agentes" de la Ertzaintza entre los que se encontraría el que habría "presionado" al acusado "para declararse culpable".
Asimismo, pone de manifiesto distintos "motivos de indefensión" para su representado durante la instrucción de la causa, como la "reducción del plazo" para formular el escrito de defensa, que ha sido redactado "sin tener acceso al expediente judicial completo" y "en situación de desigualdad" con la Fiscalía que "sí ha tenido acceso a la totalidad de las actuaciones", detalla este defensor en su escrito.
Igualdad de armas
En esta misma línea, la defensa del otro varón acusado alega que se ha producido en la instrucción una "vulneración a la igualdad de armas" que se ha extendido "no sólo a las acusaciones sino también a las defensas".
"Es sorprendente que la Fiscalía y el juzgado tengan acceso a todas las actuaciones y las acusaciones, y las defensas nos encontremos con infinidad de elementos a los que no tenemos acceso", remarca.
"Tampoco tiene explicación jurídica ni práctica que 50 vídeos con contenido fundamental no sean accesibles para las partes", insiste.
En la misma línea, la defensa de la mujer procesada considera que "se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías", al "no disponer" de "la integridad del procedimiento en la aplicación informática Avantius", por lo que ha visto obligada a redactar su escrito de conclusiones provisionales "sin tener acceso a la integridad de la causa".
