El Parlamento Europeo no está dispuesto a ceder en que la futura directiva europea contra la violencia machista rebaje la definición y sanciones a la violación, donde su criterio de europeizar el modelo de la ley del sólo sí es sí choca con el de varios Estados miembros, como Francia y Alemania, reticentes a ceder sus competencias en materia penal. Las negociaciones entre la Eurocámara y los Estados miembros –liderados este semestre por la presidencia española– continúan encalladas en si esta futura directiva comunitaria, que busca armonizar definiciones y penas mínimas para los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, debe tipificar penalmente la violación basándose en la falta de consentimiento, como ya hacen países como España.
Este es el mayor escollo para sacar adelante la directiva; mientras que el Parlamento defiende a capa y espada extender a toda Europa un sistema similar al español, una mayoría de Estados miembros son reticentes a incluirlo en la directiva porque, a su juicio, no existe una base legal en los tratados que permita definir el delito de violación a nivel europeo.
Los países, representados en el Consejo, se apoyan en un informe de sus servicios legales que cree que la mención a la explotación sexual en los tratados de la UE se refiere al tráfico de seres humanos y no a la agresión sexual que supone una violación. Por contra, la opinión jurídica de la CE y el Parlamento Europeo sí considera que la violación tiene encaje en la definición de explotación sexual.
De cara a la fase final de la negociación, el aviso llega de una de las negociadoras del Parlamento, la socialdemócrata sueca Evin Incir: Esta será la línea roja para la Eurocámara. “Desafortunadamente aún no tenemos una mayoría cualificada para basar la violación en (la ausencia de) consentimiento. Les hemos dejado claro que ese es nuestro mínimo, como fija el convenio de Estambul. No bajaremos de eso porque menos significaría no proteger lo suficiente a mujeres y niñas”, dijo la parlamentaria.
La decisión se encuentra ahora en manos del presidente galo, Emmanuel Macron, y del ministro de Justicia alemán, el liberal Marco Buschmann. “Necesitamos que, al menos, uno cambie de idea. Espero que estos dos hombres que tienen que decidir sobre el futuro de las mujeres entiendan que necesitan situarse en el lado correcto de la historia”, sentenció la eurodiputada sueca.
