El Parlamento Vasco aprueba la ley que permitirá contratar sanitarios extracomunitarios

El pleno del Parlamento Vasco ha ratificado la Ley de Salud Pública que ha contado con el apoyo del PNV y del PSE-EE, los dos socios que forman parte del Gobierno de coalición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU, PP y Vox han votado en contra mientras que el único parlamentario de Cs se ha abstenido.

En una breve exposición del contenido de la ley durante el pleno, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha destacado que con esta norma la salud se verá garantizada "como un derecho desde el punto de vista de la equidad". También, ha añadido, permite dar respuestas inmediatas ante circunstancias excepcionales como una pandemia.

Luz verde a contrataciones extracomunitarios

Aunque en el proyecto de ley original que salió del Gobierno vasco no se contemplaba, finalmente se ha introducido en el texto normativo una disposición adicional que permite a Osakidetza contratar personal médico y de enfermería extracomunitario, sin necesidad de que tengan la nacionalidad española, en determinadas circunstancias.

Concretamente se establece que se "podrá eximir", por razones de interés general, del cumplimiento del requisito de nacionalidad al personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza cuyas especialidades se declaren deficitarias o de difícil cobertura por razón de la falta de efectivos, por razones geográficas o por razones relativas a períodos estacionales.

Esa exención "no tendrá carácter permanente, sino temporal", añade.

La Ley de Empleo Público Vasco aprobada el 1 de diciembre del pasado año abría la puerta a que los ciudadanos extracomunitarios pudieran trabajar en determinadas áreas de las administraciones públicas, entre otras en Osakidetza y la Ertzaintza, pero para desarrollar esta posibilidad se requería que cada área afectada impulsara esta posibilidad reglamentariamente como finalmente se ha hecho en esta ley en el ámbito sanitario.

Regulación de medidas ante pandemias

En el apartado concreto sobre crisis sanitarias y pandemias, el texto faculta a las autoridades sanitarias a adoptar medidas especiales para limitar derechos individuales siempre respetando la normativa vigente y la jurisprudencia.

Señala que la autoridad sanitaria podrá ordenar la adopción de las medidas preventivas generales y de intervención como el establecimiento de restricciones en la libertad de movilidad o la vacunación selectiva de determinados grupos de población o profesionales.

También se incluye en estas medidas el control individual sobre la persona o grupos de personas, así como el aislamiento domiciliario por el tiempo necesario para la desaparición del riesgo.

Añade que la obligación de confinamiento se cumplirá, preferentemente, instando la colaboración voluntaria de las personas obligadas, pero en el caso de no producirse esta "podrá requerirse la adopción de resoluciones, individuales o colectivas, de imposición coactiva que, en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se comunicarán también a los servicios jurídicos correspondientes para que soliciten la ratificación ante el órgano judicial competente".

La perspectiva de la salud en todas las políticas públicas

El fin de la ley es incorporar la salud en todas las políticas con actuaciones, por ejemplo, en urbanismo, en medio ambiente, en educación, en políticas sociales, en deporte, en agricultura o ganadería y en la industria.

Regula cuestiones como la prevención de los problemas de salud, las adicciones y dependencias, la protección, la seguridad alimentaria y la salud ambiental, escolar y laboral, entre otras cuestiones.

Se crearán dos nuevos órganos, uno de coordinación entre los departamentos del Gobierno vasco y las áreas de diputaciones y ayuntamientos con implicaciones en la salud pública; y otro de participación con distintos agentes.

Deberes de la ciudadanía

Fija los deberes de la ciudadanía, entre ellos que se deberá tratar con el debido respeto y consideración a las profesionales del Sistema de Salud Pública de Euskadi.

Se crea el Instituto Vasco de Salud Pública que tiene por objeto prevenir las enfermedades y proteger y promover la salud y el bienestar de las personas.

Se consideran infracciones muy graves, por ejemplo, el incumplimiento de las medidas que adopte la autoridad cuando se produzca de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas, así como la coacción, amenaza, represalia, o cualquier otra forma de presión ejercida sobre la autoridad sanitaria o sus agentes.

Establece una serie de multas que van desde los 1.000 euros para las infracciones más leves a los 600.000 euros para las más graves.

Oposición, en contra

La oposición considera que es una ley con muchas carencias.  Durante el debate, Rebeka Ubera (EH Bildu) ha criticado que la ley carece de compromisos concretos y tiene una mirada "caduca y obsoleta", mientras que Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha considerado que no incluye herramientas adecuadas para atajar las desigualdades sociales en el ámbito de la salud y Laura Garrido (PP) ha lamentado que no incide en muchas carencias sanitarias.

Los grupos que sustentan al Gobierno vasco han destacado el contenido de una ley que refuerza todas las políticas de salud pública. Elena Lete (PNV) ha acusado a la oposición de tener "terror escénico" a compartir voto con nacionalistas y socialistas, mientras que Ekain Rico (PSE) ha dicho que la norma busca acabar con las desigualdades en este ámbito.