El Ararteko avala el trabajo de Educación pese al aumento de quejas por la reserva de plazas

Además, cree que se deberán "ir ajustando los instrumentos puestos en marcha por el Departamento" de Educación, pero ha puesto en valor "el esfuerzo que está llevando a cabo el departamento para enfrentar el fenómeno de la segregación".

Pleno

La Cámara vasca ha celebrado un pleno monográfico sobre los informes correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, ya que ha recordado que el informe de 2020 no pudo presentarlo en el pleno por la pandemia de la covid-19 y el de 2021 por estar enfermo.

No obstante, su exposición se ha centrado en el último informe de la institución que preside, correspondiente al año 2022, que ya presentó ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco el pasado 7 de junio.

El informe señala que el Ararteko llevó a cabo en el año 2022 un total de 12.704 actuaciones --cifra ligeramente superior al año anterior--, de las que 7.504 corresponden a quejas y consultas y 21 a expedientes de oficio.

En su intervención, Lezertua ha recordado que la institución "lleva tiempo defendiendo que la libre elección del centro no es un derecho de prestación que obligue a la administración educativa a la satisfacción en todos los casos de la elección efectuado por las familias, sino una suerte de principio configurador de la planificación o programación educativa.

"Esto significa que, además de la importancia que tiene la opinión de las familias en la dirección del centro, se debe tener también presente la consecución de otros objetivos, como el de promover un mayor equilibrio en la composición social de los centros educativos vascos, gracias, entre otras medidas, a una escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado", ha resaltado.

En este sentido, ha puesto en valor las actualizaciones normativas que, impulsadas por el Departamento de Educación, están teniendo lugar en relación con la regulación de la administración y escolarización del alumnado, así como de los criterios de ordenación y planificación de los centros docentes.

Según ha señalado, estas modificaciones normativas han puesto el foco en las medidas, así como los criterios de planificación orientados a "propiciar un mayor equilibrio y cohesión social en los centros educativos sostenidos con fondos públicos" y ha destacado la reserva de plazas para la escolarización del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo.   

Segregación escolar

"Es evidente que la puesta en marcha de estas medidas contra la segregación escolar ha generado ampollas en ciertos sectores de nuestra sociedad. Lo demuestra el inmenso número de quejas por este motivo el Ararteko está teniendo que tramitar acerca de los procesos de admisión de alumnos en los centros educativos de Euskadi", ha explicado.

Lezertua ha resaltado que la intervención en las gestiones del Ararteko ante las delegaciones de Educación "han permitido solventar y reconducir en la mayor parte de los casos las quejas planteadas por las familias" y cree que "habrá que ir ajustando los instrumentos puestos en marcha por el departamento, a la vista de la valoración que se haga de los resultados que se están obteniendo y una evaluación de en qué medidas se están obteniendo los objetivos que se perseguían con estas medidas".

"Sin embargo, este Ararteko no puede sino acoger hoy positivamente el esfuerzo que está llevando a cabo el departamento con decisión para enfrentar el fenómeno de la segregación. De no atajarse este problema con determinación, podrían ponerse en cuestión los equilibrios esenciales de una sociedad vasca cohesionada capaz de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y adolescentes presentes en nuestro territorio", ha advertido.   

Requerimiento

El Ararteko ha recordado que el año pasado tuvo que enviar "un numeroso número de requerimientos a las administraciones vascas, dado que eran apreciables importantes retrasos en el plazo de respuesta a las peticiones de información de los expedientes de queja".

"Estoy hablando de 548 requerimientos al Gobierno vasco, a las diputaciones forales y a 184 ayuntamientos y entidades locales menores. La mayoría de estos requerimientos fueron atendidos. Pero como a finales de 2022 existían aún 45 peticiones de información sin responder, este Ararteko encontró la necesidad de recordar, mediante apercibimientos, la obligación legal de contestar en plazo y forma a peticiones de información del Ararteko y las consecuencias, que son incluso de naturaleza penal, de no hacerlo", ha señalado.

Según ha señalado, las últimas fueron atendidas en abril de este año. "Afortunadamente, situaciones de la misma gravedad no se han vuelto a reproducir hasta el día de hoy. En cualquier caso, el Ararteko continuará reaccionando con todos los medios a su alcance para contrarrestar las infracciones a la obligación de cooperación", ha avanzado.

También ha considerado "preocupante" la actitud que han adoptado "ciertas administraciones que se niegan a aceptar una recomendación del Ararteko sólidamente argumentada, con el argumento de que en ausencia de una impugnación en sede judicial de la medida objeto de la queja, no procede corregirla".

"Este Parlamento decidió crear esta institución para velar precisamente por el respeto de los derechos ciudadanos. Es indudable que las recomendaciones del Ararteko no son obligatorias. Estos son las reglas de juego y a ellas nos tenemos que atener. Pero lo que no cabe es escudarse en la ausencia de un procedimiento judicial como argumento para no asumirla", ha defendido.  

Ley de 1985

El Defensor ha señalado que en 2022 también se celebró en colaboración con el Parlamento Vasco, el Seminario para la reforma de la "vetusta" Ley del Ararteko, aprobada en el año 1985. Al respecto, ha anunciado que "atendiendo a la petición realizada durante dicho seminario por los grupos de la Cámara" espera disponer antes de fin de año de una propuesta "razonada y fundada" en la disposición final de la Ley del Ararteko del 85, sobre "posibles modificaciones" de la ley fundacional.

Además, ha explicado que estos cambios podrían servir para "atajar alguno de los problemas" de la institución y "poder actualizar el mandato del Ararteko a la luz del desarrollo internacional y comparado en la regulación de instituciones de este calibre".

Por otro lado, ha indicado que el problema del ruido afecta, entre otros, a un derecho de índole constitucional, como es el derecho de las personas a no sufrir contaminación por el ruido en sus domicilios y ha detallado que según el Eustat, el 20% de las familias vascas soporta ruidos. "La desesperanza de estas personas es fuente constante de reclamaciones al Ararteko, y de quejas que han dado lugar a innumerables actuaciones", ha señalado.

El Ararteko ha subrayado que la situación "requiere una actividad positiva de las administraciones municipales, que deben dotarse de los medios personales y materiales para garantizar un control ambiental eficaz y real" y ha instado al Parlamento a ponderar la necesidad de "adoptar medidas legislativas de mayor alcance destinadas a reforzar la eficacia de la acción administrativa en el control de las emisiones sonoras".