Son cada vez más las voces que alertan del uso descontrolado y excesivo que hacen los menores del móvil entre los menores de edad. La propia directora de la Asociación Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, abordó este tema sin en una entrevista reciente para Economist&jurist, una revista online de referencia en información jurídica.

En la misma, afirmó que “las administraciones sanitarias y educativas no pueden ponerse de perfil ante las adicciones digitales de los menores” y se mostró partidaria de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los colegios. Por el momento, sólo Galicia y la Comunidad de Madrid lo han hecho en el Estado español y países como Francia, según Mar España, también lo han prohibido. ¿Es el momento de dar nuevos pasos?

De esa forma, Mar España cree que “se van a poder evitar muchas situaciones de ciberacoso entre los jóvenes”. En su opinión, “es un gran error que el tiempo de ocio en los centros educativos sea también con el móvil”, y añade que mediante un “consenso a nivel de todas las comunidades autonómicas, sería mucho más fácil para el director de un instituto prohibir el uso del móvil en la escuela. Ahora hay casos donde realizar esa prohibición genera problemas a los propios directores”, dice la máxima responsable de la AEPD.

“Cuando nos llegan las denuncias a nosotros para retirar imágenes sensibles, el daño ya está hecho”, dice la directora de la AEPD

Los datos recogidos por la Asociación Española de Protección de Datos hablan por sí solos: “Hemos sufrido un incremento de reclamaciones del 84% en los dos últimos años, pero lo que es más grave es que la Fiscalía ha alertado en la presentación de la Memoria del pasado año que los delitos sexuales de menores y a menores están aumentando de forma exponencial”, señala España en la entrevista con Economy&jurist.

Esta experta considera que “urge que esta cuestión se aborde de forma prioritaria en las administraciones educativas y sanitarias” y explica que “el uso inadecuado y excesivo de Internet por los menores tiene consecuencias muy graves sobre el desarrollo de su personalidad, llegando a casos de adicciones, sexting o ciberbullyng, entre otros; y cuando nos llegan denuncias a nosotros para solicitar la eliminación de imágenes sensibles, el daño ya está hecho”.

La Agencia de Protección de Datos ha registrado en los últimos dos años un aumento del 84% de reclamaciones que afectan a menores

El caso de Almendralejo (Extremadura) ha supuesto una convulsión en este sentido: estudiantes de Secundaria que, valiéndose de fotos de compañeras de clase y manipulándolas mediante un programa de Inteligencia Artificial (IA), han generado desnudos realistas de estas menores y las han divulgado de forma masiva. El caso ha generado alarma en las más altas instancias.

Pero las luces de alerta ya llevan tiempo encendidas. La propia Asociación Española de Pediatría (AEP), alertada por la casuística que atienden estos profesionales médicos en sus consultas, ha puesto en marcha recientemente una iniciativa denominada Plan Digital familiar, cuyo objetivo es concienciar a las familias, acompañados por sus pediatras, del uso adecuado de estos dispositivos por parte de los menores.

Primera multa de 5.000 euros

Mar España (AEPD) recordó al mismo tiempo a las familias que, en los casos de acoso y ciberacoso, “hay una responsabilidad solidaria de los padres sobre el comportamiento de los menores, que incluimos en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. El año pasado ya pusimos el primer procedimiento sancionador a una familia con 5.000 euros de multa. Y eso no quita que pueda también este tipo de asuntos tener responsabilidad penal”, señala: “En el ámbito digital hay responsabilidad civil, responsabilidad sobre el derecho al honor, responsabilidad de tipo laboral y se puede acabar incluso en la cárcel”.

“El problema es la falta de conocimiento de estos temas. La gente no sabe que, aunque haya consentimiento inicial para grabar un vídeo de corte sexual, no lo había para difundirlo y ahí es donde la conducta puede ser delictiva”, recuerda España.